El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, cuestionó el funcionamiento del sistema VISEC y advirtió que los productores agropecuarios argentinos no deben quedar subordinados a las condiciones comerciales impuestas por plataformas privadas para acceder al mercado europeo.
El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas sostuvo que el Reglamento (UE) 2023/1115, presentado bajo fundamentos ambientales, constituye una barrera paraarancelaria que perjudica a uno de los sectores productivos más eficientes del mundo y desconoce disposiciones del ordenamiento jurídico argentino.
En ese sentido, coincidió con la caracterización del canciller Pablo Quirno, quien definió la normativa europea como «neoproteccionismo ambiental», y cuestionó que, mientras se manifiesta oposición a esas exigencias, se termine aceptando en la práctica la adhesión a una plataforma privada como mecanismo excluyente de validación.
Luna Vázquez señaló que el reglamento, cuya aplicación está prevista desde el 30 de diciembre de 2026, establece obligaciones de diligencia debida para los operadores que introducen productos en el mercado europeo, pero no impone a los productores argentinos la inscripción en VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino) ni establece a esa plataforma como autoridad de validación. «Europa exige información. No exige VISEC», afirmó, al diferenciar los requisitos establecidos por la normativa internacional de las decisiones comerciales adoptadas por actores privados.
También recordó que la Secretaría de Agricultura creó, mediante la Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación para promover distintas alternativas de certificación, mientras que Santa Fe desarrolló la plataforma pública Santa Fe Produce Sustentable.
En ese marco, sostuvo que los productores deben conservar la posibilidad de elegir los mecanismos mediante los cuales acreditan la trazabilidad de sus productos ante los importadores europeos, sin quedar sujetos a un sistema único.
LOS CONDICIONAMIENTOS COMERCIALES Y EL FEDERALISMO
CRA expresó su posición en línea con reclamos recibidos por la entidad sobre presuntos condicionamientos de frigoríficos exportadores, que estarían vinculando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción de los establecimientos en VISEC Carne.
Según explicó el dirigente, esas prácticas incluirían descuentos sobre el valor de toda la res, aunque solamente determinados cortes tengan como destino el mercado europeo. «En la soja, los esquemas diferenciados reconocieron premios; en la carne, el productor recibe un castigo», expresó.
La organización no cuestiona que los productos diferenciados puedan tener valores distintos, sino que determinados compradores utilicen su posición en el mercado para imponer la adhesión a una plataforma privada.
Luna Vázquez consideró que la libertad de elección pierde efectividad cuando los frigoríficos que concentran una parte sustancial de los embarques aceptan un único mecanismo y penalizan comercialmente a quienes optan por alternativas diferentes.
Por ese motivo, advirtió que esas conductas merecen ser examinadas desde la perspectiva de la defensa de la competencia y señaló que CRA no descarta impulsar acciones al respecto.
El secretario también planteó objeciones institucionales vinculadas con las competencias provinciales sobre los recursos naturales y la administración de los bosques nativos.
Recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de esos recursos a las provincias y que la Ley 26.331 les asigna responsabilidades sobre el ordenamiento territorial de los bosques y la autorización de los cambios de uso del suelo.
En consecuencia, sostuvo que son las autoridades provinciales competentes las que determinan, mediante sus actos administrativos, la legalidad de las actividades productivas desarrolladas en sus territorios.
También señaló que el propio reglamento europeo contempla la posibilidad de evaluar el riesgo por países «o partes de ellos», por lo que cuestionó que una asociación civil pueda desconocer o reemplazar las decisiones de los organismos públicos provinciales.
A esa discusión sumó el acuerdo entre VISEC y UATRE para implementar una «constancia de legalidad laboral», al considerar que la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales corresponde a las autoridades administrativas del trabajo, de acuerdo con la Ley 25.877, mientras que la Ley 23.551 limita la participación de los delegados sindicales al acompañamiento de los inspectores oficiales en carácter de veedores.
EL ROL DEL ESTADO Y LAS PROPUESTAS DE CRA
Luna Vázquez reclamó una mayor intervención del Estado nacional en la validación de las condiciones exigidas para el acceso de los productos argentinos a los mercados internacionales. Como antecedente, mencionó los protocolos sanitarios, las cuotas Hilton y 481 y la habilitación de establecimientos, procedimientos en los que el Estado tuvo responsabilidades de control y certificación.
En contraste, cuestionó que ahora se limite a facilitar información de sus registros y permita que actores privados determinen las condiciones de acceso comercial. También manifestó reparos sobre el consentimiento para la utilización de esos datos, en relación con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, cuando la negativa del productor a suministrarlos podría impedirle comercializar su producción.
El dirigente advirtió que, sin una validación pública, el poder de compra de los frigoríficos puede transformarse en una forma de regulación privada y señaló que Paraguay, Brasil y Uruguay ya desarrollaron herramientas públicas para responder a estas exigencias.
Consideró contradictorio que el Estado reconozca la importancia de las exportaciones agropecuarias como fuente de divisas y recursos fiscales y, al mismo tiempo, delegue en particulares la validación de las condiciones necesarias para sostenerlas.
Frente a este escenario, CRA propone que la Nación y las provincias desarrollen mecanismos públicos de validación complementarios a las herramientas privadas, reconozcan los registros oficiales y permitan la interoperabilidad entre distintas plataformas, sin establecer exclusividades.
La entidad también plantea que los productores conserven el control de su información, que los costos de los sistemas de trazabilidad se distribuyan de manera equitativa y que ningún actor pueda utilizar su posición comercial para imponer la adhesión a una plataforma determinada como condición para comprar o fijar el precio de la producción.
Al explicar la posición de la organización, Luna Vázquez sostuvo que el problema no radica en la falta de reconocimiento de las exigencias internacionales, sino en un esquema que concentra las decisiones y los beneficios en otros actores, mientras traslada los costos al productor. «El problema nunca fue que CRA no quiera ver la realidad. El problema es un modelo en el que otros deciden, otros administran, otros controlan, otros se benefician, y el productor paga», afirmó.
Finalmente, ratificó el rechazo de la entidad a las imposiciones europeas y a cualquier mecanismo privado que coloque a los productores argentinos en una situación de subordinación comercial.