El fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, explicó a momarandu.com los alcances del proceso administrativo de expropiación de casi un millón de metros cuadrados en Carlos Pellegrini, que comprende la totalidad del ejido urbano y una parte del suburbano, y confirmó que la audiencia de avenimiento prevista para avanzar en el pago de las indemnizaciones fue suspendida por 20 días.
La decisión respondió a un pedido de la Defensoría Oficial, que solicitó acceder a la totalidad de las actuaciones para analizar la situación de las personas alcanzadas por el procedimiento. Ortega señaló que el expediente supera las mil fojas e incluye documentación catastral, registral, planos y antecedentes dominiales que requieren un examen detallado antes de continuar con las instancias de conciliación.
LA EXPROPIACIÓN Y EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Ortega explicó que la expropiación se dispuso durante 2025 y 2026, a partir de una declaración de utilidad pública aprobada por la Legislatura provincial, con el propósito de garantizar que los habitantes que ocupan históricamente los terrenos puedan obtener sus títulos de propiedad y consolidar su situación dominial.
El procedimiento tuvo como antecedente una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que reconoció a los hermanos Sniechowski y al doctor Renomo como propietarios de la mayor parte del ejido urbano y de una amplia extensión del suburbano de la localidad.
El reconocimiento judicial se produjo después de un litigio iniciado hace más de 14 años, mediante el cual los demandantes acreditaron su condición de herederos del titular registral de esas tierras.
El fiscal de Estado indicó que, una vez reconocido judicialmente el derecho de propiedad, los beneficiarios de la sentencia promovieron acciones de reivindicación y desalojos contra quienes ocupaban los terrenos.
La situación alcanzó a familias y pobladores que habían establecido allí su lugar de residencia durante décadas y que comenzaron a enfrentar la posibilidad de perder sus viviendas y los espacios donde habían desarrollado su vida. Ortega explicó que el proceso judicial original no llegó a notificar a todos los habitantes, por lo que muchos tomaron conocimiento de la controversia cuando recibieron las demandas para abandonar los inmuebles.
En ese contexto, intervinieron autoridades municipales y la Defensoría de Pobres y Ausentes para procurar la protección de los derechos de los ocupantes afectados.
Al referirse al alcance de la sentencia, Ortega precisó que el reconocimiento de los propietarios por parte del Superior Tribunal constituyó una resolución de máxima instancia dentro de aquella controversia civil. La intervención posterior de la Legislatura provincial respondió a las consecuencias sociales derivadas de ese pronunciamiento y de las acciones judiciales que comenzaron a promoverse.
La expropiación permitió establecer un mecanismo para que el Estado provincial adquiera los terrenos y, mediante el procedimiento correspondiente, posibilite que los pobladores permanezcan en sus lugares de residencia y puedan acceder a la titularidad de las parcelas. El funcionario sostuvo que la medida también contempla el reconocimiento económico de los derechos de quienes fueron declarados propietarios por la Justicia.
EL AVENIMIENTO Y LOS ALCANCES DE LAS INDEMNIZACIONES
Sobre la audiencia suspendida, el fiscal de Estado explicó que su finalidad era avanzar en la determinación del precio que el Estado deberá abonar como indemnización por los terrenos expropiados y comenzar a formular las correspondientes propuestas económicas.
Sin embargo, la Defensoría Oficial solicitó la suspensión para tomar vista de las actuaciones administrativas, un planteo que la Fiscalía consideró razonable debido a la complejidad del expediente y a la situación de vulnerabilidad de las personas representadas. Ortega confirmó que se dispuso un plazo de 20 días para que la defensa pueda examinar la documentación y evaluar los antecedentes de cada parcela.
También remarcó que todas las partes interesadas tendrán idéntico derecho a consultar las actuaciones y solicitar la información necesaria para ejercer sus derechos.
El funcionario detalló que el expediente requiere un análisis individualizado de las parcelas, los lotes, los registros catastrales y los antecedentes de propiedad, además de las situaciones particulares de quienes recibieron títulos, celebraron acuerdos de compraventa con los propietarios reconocidos judicialmente o efectuaron pagos parciales sin que se modificara su situación dominial.
La revisión resulta necesaria para establecer con precisión quiénes están alcanzados por la expropiación y cuáles son los antecedentes jurídicos y económicos de cada inmueble. Ortega indicó que, una vez cumplida la instancia de consulta, la Fiscalía podrá retomar el procedimiento de avenimiento y avanzar en las propuestas de indemnización, con la participación de los interesados y de los organismos que intervienen en la defensa de los ocupantes.
En cuanto a los montos que deberán abonarse, Ortega aclaró que la ley de expropiación contempla exclusivamente el valor de la tierra, de acuerdo con las determinaciones del cuerpo pericial expropiatorio, y no incorpora las construcciones ni las mejoras realizadas sobre los terrenos.
Como ejemplo de las diferencias que pueden surgir en las valuaciones, mencionó que tuvo conocimiento de operaciones comerciales en las que se habría estimado el metro cuadrado en alrededor de 32 dólares, aunque precisó que ese valor no constituye el parámetro que debe aplicar el Estado en el procedimiento expropiatorio.
Respecto de las edificaciones y mejoras, sostuvo que los eventuales reclamos deberán tramitarse entre los particulares involucrados, conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin formar parte de la indemnización que corresponde determinar a la administración provincial.
LA PROTECCIÓN DE LOS POBLADORES Y EL CORREDOR BELGRANO
Ortega enfatizó que el propósito de la expropiación está vinculado directamente con la permanencia de los habitantes de Carlos Pellegrini y no con la utilización de los terrenos para otros emprendimientos.
En ese sentido, afirmó que "esta ley no se hizo para declarar de utilidad pública y poner una fábrica o desarrollar un emprendimiento turístico, sino para que los verdaderos pobladores tengan la posibilidad de seguir viviendo en donde hicieron su asiento natural de vida". También advirtió que, pese a la sanción de la norma provincial, continuaron algunas acciones judiciales de desalojo promovidas por los propietarios reconocidos, lo que obligó al Estado a intervenir en distintos procesos.
El funcionario sostuvo que el objetivo es garantizar que los pobladores puedan permanecer en sus hogares, recibir la seguridad jurídica correspondiente y acceder a los títulos de propiedad mediante los mecanismos previstos.
En relación con los próximos pasos, el fiscal de Estado señaló que la suspensión de 20 días permitirá que la Defensoría Oficial y las demás partes interesadas analicen un expediente administrativo de gran volumen y complejidad. Cumplido ese plazo, la Fiscalía podrá avanzar con las instancias necesarias para procurar un acuerdo económico con los propietarios y continuar el proceso de adquisición de los inmuebles.
Ortega manifestó que la intención es alcanzar una solución que contemple tanto los derechos reconocidos judicialmente como la situación de los habitantes que llevan décadas asentados en la localidad. La posibilidad de concretar un avenimiento constituye una instancia central para resolver las indemnizaciones y brindar previsibilidad a los pobladores frente a las consecuencias que generó el conflicto dominial.
Por otra parte, Ortega informó que el conflicto vinculado con el Corredor Belgrano continúa bajo una medida cautelar. Explicó que, aunque la Nación avanzó con el procedimiento licitatorio, la Fiscalía de Estado realizó una presentación ante la Cámara de Diputados para solicitar que la totalidad de la traza caminera pase a disponibilidad de la Provincia.
El planteo ya fue informado al juzgado federal y el organismo aguarda el tratamiento legislativo de la iniciativa. El funcionario indicó que, si las circunstancias actuales se mantienen y la licitación nacional continúa su curso, el Estado provincial podría orientar el conflicto hacia quien resulte adjudicatario del proceso.
De este modo, la Fiscalía mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con la disponibilidad de la traza y la defensa de los intereses provinciales.
