El expresidente paraguayo Santiago Peña fue destituido por el Senado y quedó bajo arresto domiciliario por orden de la Fiscalía, que lo investiga en el marco del escándalo financiero de Ueno Bank. La medida se conoció el mismo día en que Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, juró como nuevo jefe de Estado y prometió compensar a los ahorristas afectados por el colapso de la entidad.
La orden de detención fue dictada por fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción y por una agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos. La medida también alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding.
Peña permitió el ingreso de la Policía Nacional a su domicilio en Asunción y quedó a disposición de la Fiscalía. La cuadra de su vivienda permanecerá cortada al tránsito y custodiada por efectivos policiales. Según lo previsto, el exmandatario será trasladado a la sede de Delitos Económicos y Anticorrupción para prestar declaración.
La decisión judicial coincidió con la asunción de Alliana en el Congreso. En su primer mensaje como presidente, prometió la compensación plena de los afectados por el derrumbe de Ueno Bank y afirmó que se dará prioridad a las personas de menores recursos. “No quiero ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados”, expresó.
El Senado aprobó la destitución de Peña luego de un juicio político que se desarrolló en dos días. Los legisladores lo encontraron culpable de mal desempeño por su vinculación con el colapso de la entidad financiera. La condena reunió 44 votos.
Peña había anunciado su renuncia el jueves, después de perder el respaldo de su partido. Sin embargo, la dimisión no fue aceptada formalmente y el Congreso continuó con el proceso de destitución. Alliana completará el mandato presidencial hasta 2028.
La defensa del ahora expresidente había solicitado más tiempo para preparar sus argumentos, pero el Senado rechazó el pedido. Sus abogados cuestionaron el procedimiento y denunciaron una “violación al debido proceso”. También sostuvieron que el Congreso debía haber aceptado la renuncia en lugar de avanzar con el juicio político.
El proceso de destitución se resolvió en una sesión del Congreso paraguayo.
Los diputados que actuaron como fiscales presentaron ante el Senado los cargos contra Peña. Entre las acusaciones mencionaron presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y un supuesto encubrimiento institucional relacionado con el Banco Central.
Durante la sesión, la diputada opositora Rocío Vallejo acusó al expresidente de haber expuesto a ahorristas y pensionistas a un fraude de gran magnitud. Sostuvo que el perjuicio ascendería a 1.200 millones de dólares, aunque indicó que la cifra todavía podría aumentar.
Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez, tenía alrededor de 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social, y cerca de tres millones de clientes. La entidad cerró sus puertas el martes, después de que el Banco Central resolviera intervenirla por incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia.
La crisis provocó protestas en Asunción. Ahorristas y otros manifestantes se concentraron frente al Congreso para exigir responsabilidades y reclamar una compensación más rápida. En las inmediaciones del Banco Central, algunos reclamaron la devolución de sus depósitos.
El caso también derivó en la renuncia del presidente del Banco Central y en órdenes de arresto contra ocho directivos de Ueno. Los ejecutivos fueron trasladados a una prisión paraguaya mientras esperan el avance de la causa.
Una sede de Ueno Bank quedó bajo custodia policial, con mensajes y grafitis en la fachada.
Las autoridades financieras intentaron contener la preocupación en los mercados y garantizar la mayor parte de los depósitos. Sin embargo, la crisis política y bancaria mantiene bajo presión la confianza en las instituciones paraguayas. Brasil expresó su preocupación por la estabilidad social en el país, mientras que Taiwán informó que sigue de cerca la situación política.
La destitución también impide que Peña acceda a una banca como senador vitalicio con inmunidad parlamentaria. La Fiscalía ya abrió causas penales relacionadas con el escándalo, por lo que el expresidente podría afrontar nuevas investigaciones.
