La administración de Javier Milei decidió votar en contra de una resolución clave destinada a blindar el accionar de la Corte Penal Internacional (CPI).
El posicionamiento dejó al país ubicado en una minoría extrema y despertó un fuerte rechazo en los sectores de la oposición, que advierten sobre el quiebre de los consensos históricos.
Los números del tablero en la Asamblea General fueron contundentes. La resolución A/81/L.11, que buscaba respaldar el informe del tribunal y condenar cualquier tipo de amenaza, ataque o interferencia política contra sus investigaciones, logró un abrumador apoyo de 93 Estados. Del otro lado, 36 naciones prefirieron la abstención y apenas 13 países, con Argentina entre sus filas, apretaron el botón rojo para darle la espalda a la iniciativa
