El Superior Tribunal de Justicia aprobó el anteproyecto presupuestario para el año 2027 en el que expone una necesidad de recursos por $361.556.380.459. En tanto, el anteproyecto del Ejecutivo estimó fondos por $259.666.616.535. Para la justicia, lo que se proyecta desde el Ejecutivo alcanzaría para cumplir sólo con el 72% de las metas y objetivos trazados.
A través del Acuerdo Extraordinario N°6, el Superior Tribunal de Justicia, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2027 (preliminar) y sus proyecciones para los Ejercicios 2028 y 2029.
Según lo dispuesto, para el año 2027 se prevén recursos por un total de $361.556.380.459, para el año 2028 de $397.712.018.505 y para el año 2029 por $421.574.739.615.
Asimismo, se establece una Planta de Personal Permanente y Temporaria equivalente a 3.737 (tres mil setecientos treinta y siete) cargos.
Desde la Corte Provincial, se informó que por Memorándum Nº 46/2026 (Expte. 100-00945-2026), de la Dirección General de Presupuesto de la Provincia, se establecen los créditos presupuestarios asignados al Poder Judicial a los que deberá “ajustarse indefectiblemente” y que totalizan $257.299.346.535, suficientes para cumplir sólo con el 72% de las metas y objetivos trazados para todos los programas que se presupuestan en la entidad "Poder Judicial".
DIFERENCIAS QUE SE REPITEN AÑO A AÑO
Las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a las estimaciones de fondos presupuestarios viene de larga data y que se mantuvieron en los últimos años.
Para este año, 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes había estimado una necesidad presupuestaria de 299 mil millones, sin embargo el Poder Ejecutivo había proyectado una asignación de $192 mil millones.
De cara al año 2025, el Ejecutivo había estimado recursos para la justicia por $159.619.002.085, que para el Poder Judicial representaban el 80% de sus necesidades presupuestarias.
Para el año 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes había aprobado un anteproyecto de $92.631.953.599, pero desde el Ejecutivo el proyecto enviado a la Legislatura fue $68.067.636.422, el 73,4% de lo requerido.
En el caso del año 2023, la justicia estimó necesidades por $36.977 millones, pero en la redacción del Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo incluyó $28.184 millones para la justicia, mientras que de cara al año 2022 la Justicia había aprobado un presupuesto necesario de $14,7 mil millones, mientras que el Poder Ejecutivo estimó los recursos en $12,7 mil millones.
Más atrás, para el año 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474 millones y desde el Ejecutivo se había planificado $7.209.605.885.
NECESIDADES DE LA JUSTICIA EN 2027
Respecto al Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2027, desde el Poder Judicial de Corrientes fundamentaron que fue elaborado estrictamente en virtud las pautas macro fiscales establecidas por los órganos rector y coordinador del sistema presupuestario; las órdenes y pautas establecidas por las autoridades superiores; el resultado de reuniones con los responsables de las distintas áreas de Superintendencia; y el análisis particular del estado de ejecución del Presupuesto vigente, fijándose los guarismos que respaldan las decisiones de política presupuestaria para la administración de justicia.
En base a las pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados, se tuvo en consideración la reorganización del Ministerio Público Ley Nº 6640; la oralidad de los procesos civiles según los nuevos Códigos Procesales: Civil Ley Nº 6556 y de Familia Niñez y Adolescencia Ley Nº 6580; La Ley de Narcomenudeo N° 6725, Ley sobre el sistema de Justicia Procesal Juvenil N° 6736; Leyes de creación de Juzgados de Paz N° 6057, 6470 y 6471, junto con la del Juzgado de Familia y Menores en la localidad de Bella Vista Ley N° 6467.
También la implementación de doce (12) dependencias judiciales y de diecinueve (19) dependencias del Ministerio Público; el refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos y la inclusión de personas con discapacidad, la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional como parte de un plan de acción estratégica; y la continuidad en la incorporación de innovación tecnológica en la gestión jurisdiccional y administrativa.
Se consideró además la eliminación del expediente papel, consolidando los sistemas de grabación de audiencias y de digitalización del Archivo Central; y un plan de obras públicas que busca construir edificios judiciales modernos, eficientes y sostenibles, aplicando las nuevas normas de construcción junto con las políticas vigentes, adaptando y mejorando los que ya existen con miras a favorecer el acceso a la justicia.
Y en los fundamentos se consideró también una recomposición salarial con un aumento de los gastos corrientes de casi el 20% final – continuando con la propuesta de recuperación del poder adquisitivo de los haberes judiciales.
