Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Corrientes se sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento permiten mantener la hipótesis de que Nanci Estela Godoy, docente y directora suplente de la Escuela Rural N° 626, fue asesinada.
De ese modo, la investigación continúa bajo la hipótesis de femicidio mientras se despliegan los operativos para encontrar su cuerpo.
La mujer desapareció en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, donde desarrollaba sus actividades educativas en una zona rural, y su ausencia comenzó a ser investigada a partir de la denuncia presentada por sus familiares el 15 de octubre de 2026.
Según la información difundida por el organismo judicial, el 9 de octubre estaba previsto su regreso desde el establecimiento rural en el que trabajaba.
A partir de la intervención fiscal, los investigadores dispusieron distintas medidas destinadas a reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió con la docente.
La acumulación de elementos probatorios llevó a los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González a modificar el eje de la pesquisa, que pasó de buscar a una persona desaparecida con vida a concentrar esfuerzos en la localización de sus restos, aunque el Ministerio Público Fiscal aclaró que esta decisión no significa que se haya abandonado la búsqueda.
La investigación derivó en la detención de cinco personas, cuatro de ellas vinculadas penalmente con el presunto crimen y una imputada por falso testimonio.
Entre los acusados se encuentran Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, predio donde funciona la escuela en la que dictaba clases Godoy; Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en verla; Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón; y Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz mencionado en el expediente.
Los tres hombres fueron acusados de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple.
Por su parte, Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco permanezcan bajo prisión preventiva hasta el inicio del juicio.
El Ministerio Público Fiscal precisó que la situación procesal de los involucrados debe analizarse de acuerdo con las normas vigentes y sin desconocer sus derechos, al señalar que “es examinada conforme a la legislación vigente, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas”.
De esta manera, la Fiscalía mantiene como principal línea de investigación el presunto femicidio, sin que ello implique una resolución definitiva sobre las responsabilidades individuales.
