Oded Balaban
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El Consejo Editorial de The Wall Street Journal publicó el 9 de octubre de 2026 un editorial sin firma, “A Nobel Prize for Hating Israel” (“Un Premio Nobel por odiar a Israel”; reproducido en .
http://realclearpolitics.com/2026/10/11/a_nobel_prize_for_hating_israel_713843.html).
El motivo fue el Nobel de la Paz 2026, que el Comité Noruego acababa de dar a Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana de 85 años, “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”. Para el diario, el premio corona “una carrera marcada ante todo por el odio a Israel y a los judíos sionistas”. Quiero detenerme en esa frase, porque condensa una operación que hay que desarmar: convertir toda crítica a la política israelí en antisemitismo.
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No sostengo que el antisemitismo no exista, ni que toda crítica a Israel esté limpia de él. La crítica a la política de un gobierno israelí no es, por sí misma, odio a los judíos; y cada caso hay que examinarlo, en lugar de dinamitarlos todos con una sola palabra. Porque esa palabra, usada como comodín, no nombra un odio, sino que intenta tapar hechos.
Primero, una distinción que el editorial borra. El “genocidio” no lo declaró un tribunal ni lo proclamó Pillay por su cuenta, sino que lo concluyó la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, que ella presidía, en su informe de septiembre de 2025. Es el hallazgo de un órgano investigador de tres miembros, no una condena judicial. Las cortes van por otro camino: la Corte Internacional de Justicia tramita la demanda de Sudáfrica, aún sin fallo, y la Corte Penal Internacional libró órdenes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, no por genocidio.
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Antes de aceptar que estamos ante una vida “marcada ante todo por el odio a Israel”, hay que mirar esa vida. Pillay nació en 1941 en Durban, nieta de braceros tamiles llegados a Sudáfrica como mano de obra servil. Fue la primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en su provincia, y defendió a presos políticos del apartheid. En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que integró y luego presidió, firmó el fallo Akayesu de 1998, el primero en reconocer la violación como acto de genocidio, no contra Israel, sino contra los responsables del exterminio de los tutsis. Fue jueza de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde 2019 es jueza ad hoc en el proceso por el genocidio de los rohinyá, la minoría musulmana de Myanmar (la antigua Birmania). Israel aparece en esa biografía recién en el último capítulo, entre 2021 y 2025. Nir Hasson la reconstruyó con detalle en Haaretz.
Una carrera así se puede llamar de muchos modos; “odio a los judíos sionistas” no es uno de ellos. Quien pasó sesenta años persiguiendo el genocidio de tutsis y de musulmanes no descubrió de golpe, cerca de los ochenta, una vocación antisemita. El editorial necesita borrar esa trayectoria para que su acusación se sostenga, y eso es exactamente lo que hace.
Hay algo cierto en el fondo de su queja. La calificación de “genocidio” que hizo la comisión de la ONU es seriamente discutida: juristas de buena fe la rechazan, y la prueba de la intención descansa sobre todo en declaraciones de dirigentes, un método debatible. También es verdad que los organismos de derechos humanos de la ONU han tenido durante años un foco desproporcionado sobre Israel. Y el Nobel de la Paz carga un historial irregular, de Kissinger a Arafat y luego a Barak Obama sin que haya aún implementado paz alguna. Nada de esto es antisemitismo, sino materia de discusión legítima. Si el WSJ se hubiera quedado ahí, no habría nada que objetar.
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La acusación más grave que lanza es falsa de un modo verificable. Dice que el informe de Pillay “trató la masacre del 7 de octubre como una respuesta casi justificable”. No es así. La misma comisión, en su informe de junio de 2024, concluyó que Hamás y otros grupos armados cometieron crímenes de guerra el 7 de octubre: ataques deliberados contra civiles, asesinatos, torturas, toma de rehenes. No lo justificó, sino que lo condenó con el vocabulario del derecho penal internacional, en un documento más detallado que cualquiera que el gobierno israelí publicó sobre aquel día.
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Dice también que el informe “no presentó pruebas de intención genocida”. Presentó las que el WSJ rechaza, que es distinto. Esas pruebas son, sobre todo, declaraciones públicas de altos dirigentes: la comisión sostuvo que expresiones del presidente Isaac Herzog, del primer ministro Benjamin Netanyahu y del entonces ministro de Defensa Yoav Gallant revelaban (e incluso incitaban) la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo y de expulsarlos. Se puede objetar esa lectura, y se la objeta; pero una prueba discutida no es una prueba inexistente. Y describe a Pillay como “jueza de la Corte Internacional de Justicia que preside crímenes de guerra en Myanmar”. No preside, y lo que se juzga allí no son crímenes de guerra, sino un genocidio. El dato, mal contado, se da vuelta: la muestra combatiendo un genocidio, no urdiendo una cruzada contra Israel.
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Aunque Pillay fuera antisemita, y aunque lo fuera toda la ONU, los hechos seguirían en su lugar, y no son informes, sino escombros. Al cumplirse tres años de guerra, las cifras de la ONU y del Ministerio de Salud de Gaza hablan de unos 74.000 muertos, más de 21.000 de ellos niños, y el número real es mayor, porque miles siguen bajo los escombros. Cerca del 82 % de las construcciones de la Franja están destruidas. Casi dos millones de personas, casi toda la población, fueron desplazadas, y se hacinan hoy en campamentos con el invierno al acecho. Nada de esto lo dicen solo los informes sino que se ve.
Hay una expulsión que no necesita decretarse. El gobierno habla de una “migración voluntaria” de la población de Gaza. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, lo dijo sin vueltas: la clave para que se vayan es “quitarles la esperanza”; si Gaza queda “pequeña, hacinada y en ruinas”, nadie tendrá ya nada que buscar allí (entrevista en “La sucá de Riklin”, Canal 14,
https://www.youtube.com/watch?v=ZDk8CzU1X7Q). Lo “voluntario” se explica con los hechos: Israel sostiene en la Franja condiciones que hacen imposible vivir, con gente en carpas desde hace años, en la miseria más extrema, sin instalaciones sanitarias ni reconstrucción. A la vez impide que ninguna autoridad entre a reemplazar a Hamás, de modo que es el propio asedio, y no un plan de paz, lo que lo mantiene en pie: la vida inhumana lo refuerza como la única oposición frente a los ataques. Y esos ataques no cesan. El cese de fuego de octubre de 2025 existe, dicen más de cien organizaciones, “solo de nombre”: desde entonces murieron más de mil palestinos, y el gobierno endureció su posición en vísperas de las elecciones en lugar de cerrar un acuerdo. Una “migración voluntaria” producida con hambre, carpas y escombros es el eufemismo de una expulsión.
Y no es solo Gaza. En julio de 2024, mucho antes de este premio, la Corte Internacional de Justicia, no Pillay, dictaminó que la ocupación de Cisjordania y Jerusalén oriental y el régimen de asentamientos son ilegales, y que ningún Estado debe reconocer esa situación. Desde entonces la anexión se acelera: en 2025 la expansión de colonias llegó a su nivel más alto en años, y en febrero de 2026 el gabinete israelí aprobó medidas que la ONU describió como pasos hacia la anexión permanente. En esa entrevista, Smotrich anunció que aplicará la soberanía israelí en Cisjordania y borrará las zonas A, B y C en que los acuerdos de Oslo dividieron el territorio. Es la anexión dicha con todas las letras. Llamar “antisemitismo” a quien señala todo esto no borra una sola casa demolida.
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El editorial recuerda, además, que “Vladímir Putin invadió Ucrania y hostiga a Europa occidental con drones”, y lo usa para sugerir que el derecho internacional es letra muerta y que el Nobel debió premiar a un disidente. El ejemplo se le vuelve en contra. A Putin lo alcanzó ese mismo derecho internacional: la Corte Penal Internacional le dictó una orden de arresto en marzo de 2023 por la deportación de niños ucranianos. Y a los dirigentes israelíes también: emitió órdenes contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant en noviembre de 2024. La ley se movió contra unos y otros.
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Lo notable es quién debilita esa ley. Pocos días antes del premio, Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional en pleno, el mismo tribunal que había dictado la orden de arresto contra Putin, y The Wall Street Journal celebró la sanción. El bando del editorial, entonces, no es el que le aplica la ley a Putin, sino el que castiga al tribunal encargado de aplicársela y, por esa vía, lo protege, mientras le reprocha a Pillay haber degradado el derecho. El comité noruego lo entendió mejor: premió a Pillay, dijo, precisamente cuando “estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones atacadas”. No ignoraba que la ley internacional está bajo asedio sino que respondía a ese asedio.
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El editorial describe a Israel como “una democracia que hace todo lo posible por respetar el Estado de derecho”. Ocurre lo contrario. El gobierno de Netanyahu impulsó desde 2022 una reforma judicial que su propia Corte Suprema anuló en enero de 2024. Y en julio de 2026 su gabinete votó desconocer un fallo de esa Corte, algo que ningún gobierno israelí había hecho jamás. Un poder ejecutivo que jura desacatar a su máximo tribunal no hace todo lo posible por respetar la ley.
Israel tiene instituciones de Estado de derecho sólidas, y esa misma Corte que frenó la reforma lo prueba. Pero las conserva a pesar de su gobierno y no gracias a él. Confundir al país con quienes hoy horadan sus tribunales es tomar la parte por el todo.
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La reacción oficial israelí al premio ilustra, mejor que cualquier argumento mío, el reflejo que vengo describiendo. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que el comité había premiado “la mentira más grande del siglo XXI” y que Joseph Goebbels “seguramente aplaude desde el infierno”; Netanyahu la llamó “fanática” y habló de “libelos de sangre”. Invocar a Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, para descalificar a quien dedicó su vida a que el genocidio se juzgue, no refuta nada sino que exhibe el mecanismo. Acusar al otro de la “gran mentira” es la operación favorita de quien la practica.
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No es una pelea entre Israel y sus enemigos. Desde el propio Israel, el diario Haaretz dio vuelta la imagen: si Goebbels aplaude desde el infierno, no es por Navi Pillay, sino por aquello en lo que Israel se ha convertido. Cuando un gobierno contesta una acusación de genocidio invocando al mayor propagandista de la historia, no cierra la discusión, sino que la confirma; y deja ver que eso que llama antisemitismo es, muchas veces, el espejo que no quiere mirar.
Hay una ironía mayor. Israel nunca constituyó una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre y la guerra que siguió. Tres años después, Netanyahu es el único dirigente de primera línea que se niega a convocarla, y en su lugar impulsó una comisión de nombramiento político que su propia fiscal general calificó de inservible. Pillay entró en ese vacío. Cuando un Estado se niega a investigarse a sí mismo, no evita el juicio, sino que se lo entrega a otros. La comisión de la ONU no usurpó un lugar ajeno; ocupó uno que Israel dejó libre.
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Lo que este episodio revela, en el fondo, es un abismo. Nir Hasson lo nombró así en Haaretz: “un abismo entre Israel y el derecho internacional”. Entre los organismos del derecho internacional (la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y las comisiones investigadoras de la ONU, como la que presidió Pillay) y el Estado de Israel se ha abierto una distancia sin precedente. Israel rechaza a la Corte Internacional de Justicia, desconoce las órdenes de la Corte Penal, tilda de “Hamás” a las comisiones de la ONU y recurre a Goebbels para desacreditar al comité noruego, mientras su principal aliado sanciona al tribunal que investiga a Putin. No es un roce pasajero sino una ruptura premeditada y en crecimiento.
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Una investigación de The Guardian, +972 Magazine y Local Call reveló en 2024 que Israel libró durante casi una década una guerra encubierta contra la Corte Penal Internacional: sus servicios vigilaron a decenas de funcionarios, y el entonces jefe del Mossad, Yossi Cohen, presionó en secreto a la fiscal Fatou Bensouda para que abandonara la causa por crímenes de guerra. Llegó a mostrarle fotos y grabaciones de su marido, y a invocar la seguridad de su familia. Israel desmintió las acusaciones en bloque, sin refutarlas una por una. Pero la propia Bensouda rompió el silencio y confirmó las amenazas, y la Corte reconoció haber detectado esa actividad de inteligencia en su contra. Un Estado que espía y aprieta a los jueces que lo investigan ya no discute el derecho internacional, sino que abiertamente lo combate.
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Todo indica que esa ruptura es deliberada. La política del gobierno israelí no parece orientada a cerrar el abismo, sino a ensancharlo; por eso la descalificación mediante la referencia a Goebbels no es un exabrupto, sino un instrumento que sirve para quemar los puentes que todavía quedan con el derecho internacional.
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El gobierno de Netanyahu quiere ese abismo por una razón que el WSJ ayuda a ocultar. La hostilidad del mundo democrático trabaja para él. Le consolida el poder, ya que reúne a un pueblo amargado alrededor de una sola idea. Y es que el mundo entero odia a Israel por ser judío, y transforma cada condena externa en una confirmación de esa idea. Y le concede algo que ninguna democracia aliada le daría: la libertad de ignorar a Occidente y actuar sin freno, como Putin, que también tiene la bomba como un escudo. Por eso la acusación de antisemitismo no es, para este gobierno, un lamento, sino una herramienta.
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Visto así, el editorial del Wall Street Journal no defiende a Israel; sirve a quien se beneficia de su aislamiento. Al repetir que el mundo entero odia a los judíos, le entrega al gobierno israelí el relato exacto que necesita para seguir amurallándose. La forma más segura de ayudar a Netanyahu no es aplaudirlo, sino gritar “antisemitismo” cada vez que alguien muestra una fotografía de Gaza.
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Fuentes
The Wall Street Journal (Consejo Editorial). 2026. A Nobel Prize for Hating Israel. Nueva York, 9 de octubre. Reproducido en realclearpolitics.com/2026/10/11/a_nobel_prize_for_hating_israel_713843.html
Nir Hasson. 2026. “El Nobel de la Paz ilustra: un abismo entre Israel y el derecho internacional”. Haaretz, 12 de octubre. haaretz.com/israel-news/2026-10-12/ty- article/israels-war-on-nobel-laureate-navi-pillay-is-a-war-on-international-law-itself/000001a1-2efd-d1f4-abf5- 7eff3cd40000
Corte Internacional de Justicia. 2024. Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí (ilegalidad de la ocupación y de los asentamientos), 19 de julio. icj-cij.org/case/186
OCHA y Ministerio de Salud de Gaza, cifras a tres años de guerra (muertos, desplazados, destrucción), octubre de 2026. ochaopt.org/content/humanitarian-situation-report- 2-october-2026
Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU. Informes de junio de 2024 (crímenes de guerra el 7 de octubre) y de septiembre de 2025 (genocidio). ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds
Corte Penal Internacional. Órdenes de arresto contra Vladímir Putin (2023) y contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant (2024). icc-cpi.int/news/situation-state- palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
The Guardian, +972 Magazine y Local Call. 2024. “Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed”. 972mag.com/icc-israel-surveillance- investigation/
Fatou Bensouda. 2024. Declaraciones públicas en las que confirma las amenazas del exjefe del Mossad Yossi Cohen. Middle East Monitor, 28 de noviembre; ampliadas en entrevista con Al Jazeera, 2026. middleeastmonitor.com/20241128-israels-thug-like-tactics-former-icc-prosecutor-breaks-silence-about-threats-and- intimidation/
Comité Noruego del Nobel. 2026. Announcement of the Nobel Peace Prize 2026. nobelpeaceprize.org/articles/announcement-of-the-nobel-peace-prize-2026
Sobre el cese de fuego “solo de nombre”: Amnistía Internacional (octubre de 2026). amnesty.org/en/latest/news/2026/10/gaza-ceasefire-exists-in-name-only-say-more-than-100-organizations/
Bezalel Smotrich. 2026. Entrevista en “La sucá de Riklin”. Canal 14, 28 de septiembre. youtube.com/watch?v=ZDk8CzU1X7Q
*Artículo publicado con autorización del autor
**balaban@research.haifa.ac.il
