BALANCE. Corrientes prevé un presupuesto de $4,8 billones para 2027 y autoriza operaciones de crédito por $600.000 millones.
La Ley de Presupuesto de la Provincia de Corrientes para el ejercicio 2027 establece gastos totales por $4.867.761.361.745,67, una cifra que comprende erogaciones corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras de la Administración Central y los organismos descentralizados no autofinanciados. El esquema contempla $3.717.349.124.153,55 para gastos corrientes, $1.138.064.818.143,12 para erogaciones de capital y $12.347.419.449 para aplicaciones financieras. La distribución refleja el volumen de recursos previsto para sostener el funcionamiento de la administración pública, atender sus obligaciones habituales y financiar inversiones, además de contemplar operaciones vinculadas con la amortización de pasivos.
El cálculo de recursos de la Administración Provincial alcanza el mismo monto global de $4.867.761.361.745,67. De ese total, $4.095.975.889.195,43 corresponden a recursos corrientes, mientras que los recursos de capital se estiman en $171.785.472.550,24. El presupuesto incorpora, además, fuentes financieras por $600.000 millones, vinculadas con la obtención de financiamiento. Esta composición distingue los ingresos corrientes y de capital de los recursos provenientes de operaciones financieras, una diferencia relevante para evaluar la capacidad de la Provincia de sostener sus gastos y cubrir las necesidades de financiamiento previstas para el próximo ejercicio.
El resultado financiero estimado presenta un déficit de $587.652.580.551, según el balance entre los recursos y los gastos contemplados en la ley. Para atender ese desequilibrio, el esquema prevé fuentes financieras por $600.000 millones y aplicaciones financieras por $12.347.419.449, correspondientes a la amortización de deudas y la disminución de otros pasivos. La norma autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público interno o externo por hasta $600.000 millones, destinadas a obras de infraestructura y equipamiento. También habilita el otorgamiento de avales a municipios por un máximo de $20.000 millones, dentro de las condiciones establecidas en el texto legal.
ENDEUDAMIENTO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO
El presupuesto fija en $28.656.867.383 el total de las erogaciones destinadas al servicio de la deuda pública. De ese importe, $12.347.419.449 corresponden a la amortización del capital, mientras que $16.309.447.934 se asignan al pago de intereses, comisiones y otros gastos. La separación entre capital e intereses permite identificar los componentes de las obligaciones financieras previstas para 2027. A su vez, la incorporación de operaciones de crédito por hasta $600.000 millones establece un margen de financiamiento considerablemente superior a las aplicaciones financieras consignadas, aunque la autorización legal no implica por sí misma que la totalidad de ese monto vaya a ser tomada durante el ejercicio.
Entre las facultades previstas para la administración financiera, la ley habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas a regular las cuotas financieras mediante el Sistema de Control Financiero y a efectuar redistribuciones de créditos entre programas y partidas, de acuerdo con los límites establecidos en los artículos correspondientes. La norma también contempla la posibilidad de deducir recursos de la Coparticipación Federal para garantizar el financiamiento educativo previsto en la Ley Nacional Nº 26.075. Estas disposiciones determinan mecanismos para administrar la ejecución presupuestaria durante el año, ordenar la disponibilidad de fondos y atender compromisos específicos. Asimismo, se autoriza la emisión de Letras de Tesorería hasta alcanzar un stock máximo en circulación de $200.000 millones, destinado a cubrir deficiencias estacionales de caja.
El capítulo de personal establece una planta permanente de 52.204 agentes para la Administración Central, los organismos descentralizados autofinanciados y no autofinanciados y las empresas del Estado. A esa previsión se suman 30.342 agentes de personal temporario estimados para el ejercicio, además de un total de 357.502 horas comunes y superiores para el sector público provincial. Estas cifras conforman las previsiones de recursos humanos incluidas en la planificación estatal para 2027 y se vinculan con las necesidades de funcionamiento de las distintas jurisdicciones y organismos. Su alcance comprende diferentes modalidades de contratación y categorías de trabajo, por lo que no corresponde interpretar automáticamente la suma de los agentes como una única planta permanente ni equiparar las horas presupuestadas con puestos de trabajo.
ORGANISMOS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
La distribución presupuestaria incluye asignaciones específicas para los poderes del Estado. El Poder Judicial contará con $259.666.616.535, de los cuales $257.299.346.535 provendrán de recursos del Tesoro General, identificados como Fuente 10, y $2.367.270.000 corresponderán a recursos con afectación específica, bajo la Fuente 14. Para el Poder Legislativo se establece un presupuesto de $83.124.250.419. Estas partidas forman parte de la organización general del gasto provincial y permiten identificar los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones judiciales y legislativas durante el próximo ejercicio, diferenciando las fuentes de financiamiento asignadas al sistema de justicia.
Entre los organismos descentralizados autofinanciados y las entidades con presupuestos específicos, el Instituto de Previsión Social (IPS) registra una asignación de $1.026.600.306.611, mientras que la Dirección Provincial de Energía (DPE) contará con $652.399.339.505,36. El Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) tiene previsto un presupuesto de $297.254.775.590 y el Instituto de Lotería y Casinos, de $248.808.378.429. Por su parte, el Instituto de Vivienda de Corrientes dispondrá de $100.776.500.000; el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), de $18.866.034.160,30; y la Administración de Obras Sanitarias, identificada en la extracción como ente regulador, de $5.167.380.000. Los montos muestran la magnitud de las partidas asignadas a organismos vinculados con la previsión social, la energía, la salud, la vivienda y los servicios públicos.
El artículo referido a los gastos figurativos fija un total de $78.959.743.111 en contribuciones destinadas a distintas entidades provinciales. Entre las partidas más importantes figuran $31.729.635.085 para el Instituto de Cardiología y $31.358.092.825 para la Dirección Provincial de Vialidad, que incluye $21.240 millones en gastos de capital. El Instituto de Cultura recibirá $8.033.672.686, mientras que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente tendrá $3.253.461.448 y el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, $2.373.780.347. También se contemplan asignaciones para el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Provincial del Tabaco y la Agencia Correntina de Bienes del Estado. En conjunto, estas contribuciones comprenden $57.618.686.911 para gastos corrientes y $21.341.056.200 para gastos de capital, según el detalle presupuestario proporcionado.
