Momarandu reproduce el contenido del 4º Informe Anual sobre Soberanía Alimentaria, difundido por Incupo
En el país de las vacas y los granos, cada vez más familias tienen dificultades para llevar comida a la mesa. alerta sobre el deterioro de la alimentación, los recortes a las políticas públicas y las dificultades que enfrentan los pequeños productores. Frente a esta realidad, organizaciones sociales impulsan propuestas y actividades para defender el derecho a una alimentación saludable.
Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación invita a reflexionar sobre el hambre, la desnutrición y la pobreza, y a promover sistemas alimentarios más justos y sostenibles.
En Argentina, la fecha pone en evidencia una contradicción difícil de ignorar: mientras el país produce y exporta millones de toneladas de alimentos, millones de personas sufren hambre o malnutrición. El problema no es la falta de alimentos, sino la pobreza, la desigualdad y la dificultad de acceder a ellos.
Según datos oficiales, más de un millón y medio de hogares deben saltearse comidas por problemas económicos. Una realidad que interpela a toda la sociedad y que exige respuestas concretas.
El 4º Informe Anual sobre Soberanía Alimentaria en Argentina (IASSA 2025) reúne propuestas para recuperar la capacidad de decidir qué alimentos producir, cómo hacerlo y cómo garantizar que lleguen a toda la población.
El documento fue elaborado por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAs), integrada por más de 60 espacios de todo el país, con participación de universidades públicas y organizaciones sociales.
En la región del NEA, el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) aportó información, especialmente sobre experiencias de agricultura familiar y producción agroecológica.
Sus conclusiones advierten sobre el deterioro de las condiciones alimentarias, el impacto de la crisis económica, los recortes en la asistencia a comedores y merenderos y el debilitamiento de las políticas destinadas a la agricultura familiar.
Cuando comer se vuelve un problema
Las cifras reflejan la gravedad de la situación. Según los datos relevados en el informe, seis de cada diez trabajadores asalariados se saltean comidas por dificultades económicas.
La situación también golpea a las infancias: durante el último año, el 35 % tuvo que reducir su ingesta de alimentos por falta de dinero y el 16 % padeció hambre.
A este panorama se suma la reducción del presupuesto nacional destinado a políticas alimentarias. Según el documento, los recortes de la asistencia estatal obligaron a numerosos comedores comunitarios a reducir sus días de atención o la cantidad de raciones que ofrecen.
Mientras tanto, la demanda de los comedores y merenderos creció de manera significativa, profundizando las dificultades de quienes sostienen estas redes de ayuda en los barrios.
Quién produce los alimentos y quién decide sus precios
El informe también cuestiona un modelo alimentario concentrado en grandes empresas agroexportadoras y un reducido número de cadenas de supermercados.
Esta concentración aleja a quienes consumen de quienes producen y repercute en la calidad, la disponibilidad y el precio de los alimentos.
Buena parte de lo que llega a nuestras mesas proviene del trabajo de pequeños productores y productoras. Sin embargo, la concentración de la tierra y la desaparición o el debilitamiento de políticas de apoyo ponen en riesgo la producción local.
Frente a este escenario, la soberanía alimentaria propone recuperar el vínculo entre las comunidades, sus territorios y los alimentos que consumen. Esto supone fortalecer a la agricultura familiar, diversificar la producción y garantizar que las familias puedan acceder a alimentos saludables.
