Integrantes de la Columna Juana Azurduy, que animan anualmente una marcha soberana hacia el Lago Escondido, expresaron preocupación por la actuación del Poder Judicial ante la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que dejó firme el procesamiento del ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.
Hace más de tres años, Nissen se encuentra sometido a un escandaloso proceso judicial, en el que ya fue sobreseído en cuatro oportunidades, a raíz de una denuncia presentada por Hidden Lake, la sociedad del magnate británico Joe Lewis. La denuncia se produjo luego de que Nissen, en su carácter de titular de la IGJ, ordenara la nulidad de esa sociedad por su ilegalidad y graves irregularidades en su funcionamiento.
Ayer, los jueces de Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, sumaron un nuevo paso en la persecución judicial llevada adelante desde los tribunales de Comodoro Py, en una trama que también involucra a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. " Con sus resoluciones no sólo favorecen sistemáticamente al magnate británico y contribuyen a sostener su situación de apropiación ilegítima sobre Lago Escondido, sino que al mismo tiempo pretenden diciplinar a quienes, actuando conforme a derecho, se atreven a denunciar y enfrentar poderes extranjeros en defensa de los intereses de nuestra Patria", señalan
Agregan que es " la misma conducta de otros jueces como Mahiques, Ercolini, Yadarola y Cayssials, quienes en 2022 fueron parte del deshonroso viaje a la mansión de Lewis, y posteriormente trataron de esconder mediante facturas truchas y aprietes a fiscales y periodistas. Estamos ante jueces que persiguen a funcionarios íntegros como Nissen, mientras encubren a delincuentes confesos como Lewis, que fue declarado culpable por la Justicia de los Estados Unidos por delitos de diversa índole"
Mencionan que esté nuevo fallo se produce en plena disputa por la Ley de Tierras, después del reclamo popular por la soberanía que recorrió las calles de todo el país el pasado 6 de agosto, y a 48 horas de una nueva convocatoria popular que obligó a la Corte Suprema a dar marcha atrás en su posición respecto de la derogación de la Ley de Tierras por el DNU 70/23.
