DEBATE ABIERTO. El diputado sostuvo que la discusión en el Congreso debe permitir revisar las prioridades del Gobierno nacional y establecer compromisos concretos para atender las demandas provinciales.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Christian Zulli cuestionó las proyecciones económicas del Gobierno nacional para 2027 y advirtió sobre los recortes previstos en áreas sociales, científicas y productivas, durante el debate del proyecto de presupuesto en el Congreso. El legislador de Unión por la Patria sostuvo que las estimaciones oficiales de inflación y crecimiento podrían quedar desactualizadas, como ocurrió con las previsiones del ejercicio anterior, y señaló que las partidas contempladas no responden adecuadamente a las necesidades de las provincias.
Entre los puntos que mencionó figuran la eliminación de la actualización automática por inflación de la asignación universal, la ausencia de inversión en vivienda, las reducciones presupuestarias en ciencia y tecnología y las dificultades que podrían afectar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Frente a este escenario, anticipó que su bloque planteará modificaciones durante el tratamiento del proyecto en las comisiones parlamentarias.
Zulli consideró que el presupuesto debe ser sometido a una discusión amplia y defendió la posibilidad de extender el tratamiento legislativo mediante sesiones extraordinarias si los tiempos parlamentarios resultan insuficientes. Recordó que durante la gestión del presidente Javier Milei ya se recurrió a ese mecanismo en años anteriores y señaló que el oficialismo deberá compatibilizar la discusión presupuestaria con otros asuntos incluidos en su agenda.
El diputado también destacó la importancia de la participación de los gobernadores en las negociaciones nacionales, debido a que, según sostuvo, las provincias se encuentran entre las principales afectadas por las restricciones de recursos y la reducción de la inversión pública. En ese marco, respaldó los reclamos de los mandatarios provinciales ante el Congreso y consideró necesario que cada jurisdicción defienda sus prioridades presupuestarias y las obras comprometidas.
En relación con Corrientes, Zulli reconoció que el proyecto contempla algunos incrementos presupuestarios, aunque aclaró que una parte importante corresponde a gastos corrientes y que las partidas destinadas a infraestructura resultan limitadas. Mencionó la previsión para una red cloacal y una asignación parcial para la autovía de la ruta nacional 12, pero sostuvo que la inversión nacional en obra pública provincial es insuficiente.
También se refirió a los avales soberanos por más de 150 millones de dólares mencionados en el debate, vinculados con posibilidades de financiamiento para proyectos como el puerto de Corrientes, el traslado de la estación de El Sombrero y una conexión eléctrica. Sobre estas iniciativas, indicó que el financiamiento que pueda gestionar el Gobierno provincial constituye una alternativa, aunque distinguió esa posibilidad de las inversiones directas que debería contemplar el presupuesto nacional. En ese contexto, expresó su expectativa de que Corrientes reciba mayores recursos para infraestructura.
EL DNU 70/2023 Y LA SOBERANÍA SOBRE LAS TIERRAS
El diputado anticipó que su bloque buscaría avanzar el jueves 15 de octubre con el tratamiento del DNU 70/2023, mediante una sesión especial convocada para discutir el alcance del decreto. Zulli cuestionó la amplitud de la norma y sostuvo que sus disposiciones afectan materias diversas, entre ellas la legislación sobre tierras, los alquileres y el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Respecto de este último organismo, advirtió sobre las consecuencias que la desregulación puede tener para los productores de la provincia, especialmente en relación con los mecanismos de regulación de precios.
El legislador también puso en duda la legitimidad y la legalidad del decreto por considerar que un instrumento de necesidad y urgencia debería responder a circunstancias específicas que requieran una intervención inmediata. A su juicio, la diversidad de leyes y sectores alcanzados justifica revisar el contenido de la norma mediante el debate parlamentario.
En materia de tierras, Zulli sostuvo que las disposiciones cuestionadas forman parte de un proceso que, según su interpretación, podría facilitar la transferencia de recursos naturales argentinos a capitales extranjeros. Señaló que esa preocupación se relaciona con actividades extractivas como la minería y el petróleo, y consideró favorable que la Corte Suprema de Justicia haya restablecido una medida cautelar que impide avanzar sobre las restricciones correspondientes.
El diputado afirmó que la protección de la soberanía nacional debe ocupar un lugar central en la discusión y advirtió sobre los efectos de mantener áreas sensibles bajo un esquema de desregulación. En cuanto a la ley de alquileres, aclaró que su posición no supone defender necesariamente el contenido de la legislación anterior, sino promover una discusión específica sobre las relaciones entre propietarios e inquilinos. En ese sentido, rechazó que las modificaciones de ese alcance se instrumenten mediante un único decreto que abarque numerosas materias, y planteó la necesidad de utilizar proyectos legislativos diferenciados para debatir cada cuestión.
Zulli también confirmó que su bloque trabaja en una iniciativa para dejar sin efecto la disposición que permite acceder a la ciudadanía argentina mediante una modalidad de inversión económica, presentada públicamente como una alternativa similar a las denominadas visas doradas de otros países. El legislador sostuvo que esta posibilidad puede generar mecanismos para eludir las restricciones establecidas por la legislación sobre tierras y afirmó que la propuesta requiere una respuesta parlamentaria.
Al referirse a los argumentos utilizados para promoverla, cuestionó que la adquisición de la ciudadanía sea presentada como un mecanismo de reconocimiento de estatus social y planteó una comparación con la ocupación británica de las islas Malvinas. “¿Qué diferencia hay entre un inglés que ocupa las Malvinas y alguien que viene con para toda la Patagonia, nada más que puso plata, no hay ninguna otra diferencia”, expresó. Con esa declaración, el diputado manifestó su rechazo a una política que, desde su perspectiva, podría facilitar el acceso de extranjeros a derechos vinculados con el territorio nacional sin las garantías que considera necesarias para proteger la soberanía.
INFRAESTRUCTURA Y RECLAMOS POR OBRAS PENDIENTES
La autovía de la ruta nacional 12 fue uno de los principales reclamos de Zulli durante la entrevista, en la que comparó los montos previstos para la obra con las necesidades de ejecución. Según detalló, el proyecto contemplaba una inversión de 17.000 millones de pesos, mientras que para el próximo año se estiman solamente 1.700 millones, equivalentes al 10% de aquella suma.
El diputado advirtió, además, que las proyecciones presupuestarias extienden la ejecución de los trabajos hasta 2028 y 2029, por lo que consideró necesario convertir su finalización en un compromiso de quienes aspiren a la Presidencia de la Nación. “Es un compromiso que tenemos que asumir los correntinos que representamos a la provincia y llevarlo a cualquiera que sea candidato a presidente y tratar de comprometerse con esta gestión. Sí o sí”, afirmó. También manifestó su malestar por el prolongado estado de abandono de la infraestructura y sostuvo que los representantes nacionales de Corrientes deben insistir para que la obra reciba los recursos necesarios hasta su conclusión.
El legislador también se refirió al denominado Corredor Belgrano y a la falta de información sobre el financiamiento y la continuidad de los trabajos en el tramo señalado durante la entrevista, desde el puente hasta la rotonda del peaje. Zulli explicó que su bloque presentó un proyecto para solicitar explicaciones a los responsables y que espera que los organismos correspondientes concurran a las comisiones parlamentarias para responder preguntas sobre la situación.
Según indicó, los legisladores carecen de información suficiente para determinar cómo se desarrollará el esquema de ejecución y financiamiento, por lo que anticipó que realizarán nuevas averiguaciones para establecer las responsabilidades y las alternativas disponibles. El diputado consideró que el estado actual de la obra requiere respuestas concretas y remarcó que el proyecto presentado busca obtener precisiones sobre su continuidad, subrayando que la situación se suma a los reclamos por la inversión nacional en infraestructura y a las objeciones que formuló sobre la distribución de los recursos presupuestarios destinados a Corrientes.
