Las partidas destinadas a la infraestructura vial nacional se encuentran en mínimos históricos y casi seis de cada diez kilómetros relevados presentan un estado malo o regular.
Así constata un informe de la Fundación COLSECOR . Mientras tanto Cada vez hay más fallos judiciales que ordenan reparaciones y varias provincias buscan asumir obras y corredores porque Nación no ejecuta las obras. El deterioro ya impacta sobre la producción, la conectividad entre localidades y la seguridad vial de consigna
La infraestructura vial atraviesa un proceso sostenido de deterioro. Casi seis de cada diez kilómetros relevados se encuentran en estado malo o regular, mientras que el presupuesto vial nacional cayó en 2026 a uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Al mismo tiempo, una parte importante de los fondos recaudados para infraestructura vial permanece sin ejecutar.
El informe de la Fundación COLSECOR brinda una radiografía de lo qué está ocurriendo con las principales rutas y está situación que pone en riesgo la seguridad vial, incrementa los costos productivos y logísticos y profundiza desigualdades territoriales.
La red vial nacional argentina tiene 40.643 kilómetros, por los cuales circulan alimentos que llegan a las góndolas de localidades “del interior”, los granos y la hacienda que salen al puerto, los transportes de pasajeros que conectan pueblos, las ambulancias que trasladan pacientes entre ciudades que no tienen hospital de alta complejidad. Son una infraestructura esencial con la menor inversión de los últimos 30 años.
Al analizar los datos oficiales, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) encontró que los kilómetros considerados en mal estado pasaron del 23% en el periodo 2022-2023 al 31,8% en 2024-2025. Sobre el conjunto de tramos efectivamente relevados, la misma federación calcula que el 57,5% se encuentra en estado malo o regular; es decir, casi seis de cada diez kilómetros. Vale aclarar, sin embargo, que el Índice de Estado de Vialidad alcanza apenas al 49% de los 40.643 kilómetros de la red, de modo que más de la mitad de los caminos nacionales no cuenta con una evaluación comparable y actualizada. Sobre esa zona sin medición precisa, FEPEVINA arriesga una estimación propia, y más severa: a partir de inspecciones visuales, la federación afirma que entre el 70% y el 75% de la red está en mal estado, una cifra que sus representantes expusieron recientemente ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
Este año, la Dirección Nacional de Vialidad dispone por todo concepto de unos 563.000 millones de pesos, un 79% menos que en 2023. Pero la brecha es mayor si se miran los registros históricos. El dato presupuestario de 2026 es el menor desde 1995, punto inicial de la serie reconstruida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de datos oficiales.
El ajuste se observa con particular dureza donde más importa para el día a día de la red: los recursos destinados específicamente al mantenimiento de rutas nacionales son en 2026 alrededor de un 70% inferiores, en términos reales, a los de 2023. Por otra parte, de 179 obras nuevas aprobadas para realizarse solo 67 cuentan con financiamiento.
Y acá aparece el punto que vuelve más grave el cuadro, no se trata únicamente de que haya menos plata, sino de que buena parte de la que hay tampoco se usa. Al 31 de julio de 2026 Vialidad había ejecutado apenas el 32,6% de su presupuesto vigente y pagado el 29,8%. Es decir: sobre un presupuesto ya recortado, la decisión política de ejecutarlo corre muy por detrás del calendario.
El financiamiento está, pero no llega a las rutas
Las rutas nacionales tienen un financiamiento propio, atado por ley a lo que los usuarios pagan cada vez que cargan combustible. El Impuesto a los Combustibles Líquidos se reparte entre varios destinos, y una porción, el 28,58%, se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, cuyo componente vial, el SisVial, existe por ley con un fin preciso: “construir, rehabilitar y mantener la red vial nacional”. No es una partida discrecional que el Gobierno de turno decide asignar o no. Es el dinero recaudado en el surtidor para que las rutas estén en condiciones.
Sin embargo, ese dinero no llega a las rutas. Según una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación, entre 2024 y mayo de 2026 el fideicomiso vial recaudó más de 1,5 billones de pesos, pero sólo se ejecutó alrededor de una cuarta parte: la subejecución acumulada trepa al 73,8%. Y la tendencia empeora: se aplicó el 11,3% de lo recaudado en 2024, el 39% en 2025 y apenas el 18,5% en los primeros cinco meses de 2026. Al cierre de mayo, más de un billón de pesos de esos recursos estaba colocado en inversiones financieras en lugar de convertirse en asfalto. Un informe de Chequeado reafirma el hallazgo: de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía el SisVial recibió unos 827.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 y financió obras por 381.000 millones de pesos (apenas un tercio).
