El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Seccional Corrientes, Gustavo Roselló, manifestó su preocupación por la contracción de la actividad en el sector, la pérdida de puestos de trabajo y la falta de inversión pública nacional. Según explicó, los indicadores correspondientes a junio muestran una situación delicada para la industria, con una caída interanual del 28,6% en Corrientes y una reducción de 4.000 empleos en el conjunto del país. El dirigente señaló que la continuidad de los registros negativos, en un contexto de actividad que ya se encuentra en niveles bajos, constituye uno de los principales motivos de preocupación para las empresas constructoras.
Roselló explicó que las estadísticas muestran comportamientos diferentes entre las jurisdicciones, tanto por las características de sus economías como por la evolución de las obras en ejecución. En el análisis interanual, diez jurisdicciones registraron crecimiento, mientras que catorce no mostraron una evolución positiva. Entre los incrementos mencionó a Neuquén, con una suba del 21,6%, Río Negro, con el 15,7%, y Entre Ríos, con el 9,6%. En contraste, Corrientes registró una de las mayores contracciones, junto con Catamarca y Tierra del Fuego, en un escenario nacional que presenta diferencias entre regiones y actividades productivas.
Al explicar la situación provincial, el titular de la Cámara sostuvo que la caída correntina está relacionada con la finalización de un importante conjunto de obras financiadas por el Estado nacional durante el año anterior. Precisó que, en ese período, la provincia había recibido inversiones destinadas a viviendas, establecimientos educativos e infraestructura, cuyos trabajos estaban próximos a concluir. La finalización de ese ciclo incidió en la comparación interanual y contribuyó a explicar la magnitud de la retracción actual. No obstante, advirtió que la evolución mensual también mantiene al sector en una situación compleja, más allá de los efectos estadísticos asociados al cierre de las obras.
LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LAS OBRAS PROVINCIALES
En relación con las perspectivas de recuperación, Roselló diferenció las concesiones viales impulsadas por el Gobierno nacional de las inversiones públicas que podrían generar actividad en las provincias. Explicó que las concesiones de corredores privados, entre ellos rutas cercanas a la región como las nacionales 12, 14 y 16, implican que las empresas adjudicatarias realicen inversiones para acondicionar las trazas. Sin embargo, señaló que ese esquema demanda una cantidad reducida de trabajadores en comparación con otros proyectos de construcción, por lo que su impacto sobre el empleo del sector sería limitado y no representaría una reactivación significativa para las empresas locales.
El dirigente también se refirió a las iniciativas que comenzó a desarrollar el Gobierno de Corrientes en materia de obra pública, con pequeños grupos habitacionales, trabajos de infraestructura y proyectos coordinados con municipios. Indicó que la Provincia está retomando inversiones en pavimentación y otras intervenciones, además de mantener la continuidad de algunos programas de viviendas y planificar emprendimientos de mayor escala para el futuro. Sobre estas acciones, expresó que «lo que está haciendo la provincia es importante, pero no es suficiente para la reactivación que necesitamos», y precisó que la Cámara mantuvo reuniones con funcionarios provinciales mientras aguarda una audiencia con el gobernador Juan Pablo Valdés.
Respecto de la inversión nacional prevista para Corrientes, Roselló afirmó que el presupuesto contempla únicamente algunas intervenciones específicas y que no incluye un programa más amplio de obras públicas para la provincia. Entre los proyectos mencionó el sistema de saneamiento de Santa Catalina, destinado al procesamiento de líquidos cloacales, además de otras partidas puntuales. El presidente de la Cámara sostuvo que la ausencia de nuevas inversiones nacionales constituye una limitación para la actividad de las empresas constructoras y para la continuidad de los proyectos de infraestructura, en un contexto en el que las provincias deben afrontar sus propias restricciones presupuestarias y las dificultades derivadas de la evolución de sus ingresos.
LAS DEUDAS Y LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS
Roselló también planteó la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a las deudas pendientes con empresas constructoras por trabajos realizados y certificados que todavía no fueron abonados. Indicó que los compromisos involucran a distintas reparticiones, entre ellas organismos relacionados con obras de saneamiento y educación, y sostuvo que el sector viene reclamando desde hace años el cumplimiento de esas obligaciones. Según explicó, la Nación analiza transferir a las provincias parte de esas deudas para que sean asumidas por las administraciones locales, una alternativa que trasladaría a los gobiernos provinciales la responsabilidad de afrontar compromisos originados en obras nacionales.
El titular de la Cámara cuestionó que las obligaciones pendientes continúen sin cancelarse y remarcó que la inflación redujo el valor real de los montos adeudados. Ante la posibilidad de que Corrientes deba hacerse cargo de esos compromisos, señaló que el problema no se limita a la capacidad financiera de la Provincia, sino también a la disposición para asumir obligaciones que corresponden al Estado nacional. En ese sentido, afirmó que «en algunos casos es realmente monto», al referirse a la dimensión de las deudas, y reiteró que las empresas constructoras siguen sin obtener una respuesta concreta sobre el pago de los certificados pendientes.
En el panorama general, Roselló sostuvo que la construcción atraviesa un período de retracción que combina la finalización de proyectos anteriores, la escasez de nuevas inversiones nacionales y las dificultades para cobrar trabajos ya ejecutados. La situación de Corrientes se inscribe en un escenario de diferencias entre provincias, con jurisdicciones que registraron crecimiento interanual y otras que experimentaron caídas pronunciadas.
El dirigente remarcó que la continuidad de la actividad depende de la ejecución de nuevas obras, la disponibilidad de financiamiento y la resolución de las obligaciones pendientes con las empresas, mientras la inversión provincial avanza con proyectos de alcance limitado frente a las necesidades de reactivación del sector.
