MODIFICACIONES. El ministro Juan José López Desimoni explicó que la aplicación será progresiva y requerirá coordinación entre los distintos organismos estatales, con medidas diferenciadas respecto del régimen aplicable a adultos, prioridad para alternativas a la restricción de la libertad y participación de áreas especializadas en protección, salud y educación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, Juan José López Desimoni, en diálogo con momarandu.com señaló que la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre, requiere una coordinación institucional entre los distintos organismos y poderes del Estado involucrados en su aplicación.
El funcionario explicó que mantuvo una reunión de trabajo con jueces de familia, representantes del Superior Tribunal de Justicia, funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario, con el objetivo de establecer criterios para la implementación de la nueva normativa.
López Desimoni sostuvo que “la ley está sancionada y entra en vigencia el día 5 de septiembre”, y destacó que el encuentro permitió abordar las cuestiones operativas que corresponden a cada organismo. En ese marco, afirmó que resulta necesaria una “coordinación lo más ajustada posible” entre los distintos estamentos estatales para poner en funcionamiento las disposiciones previstas.
El ministro explicó que una de las modificaciones principales estará vinculada con la competencia para intervenir en los procesos que involucren a menores en conflicto con la ley penal. Según detalló, en una primera etapa serán los jueces de familia quienes asumirán esa competencia por decisión del Superior Tribunal de Justicia, mientras que anteriormente intervenían el Ministerio Público y los jueces de garantía encargados de investigar los delitos.
López Desimoni indicó que, además de la modificación en la edad de imputabilidad, la aplicación del nuevo régimen estará acompañada por las disposiciones de la Ley Procesal Penal Juvenil de Corrientes, vigente desde el año anterior. En ese sentido, afirmó que “Corrientes está en en a la vanguardia” respecto de las normas necesarias para implementar el sistema y señaló que el proceso deberá adecuarse también a las exigencias establecidas por los tratados internacionales vigentes en la Argentina.
López Desimoni indicó que la implementación será progresiva y que el nuevo sistema contempla la incorporación de distintos institutos y mecanismos específicos para el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Explicó que, en una etapa posterior, se prevé avanzar hacia una mayor especialización, incluida la posibilidad de concursar cargos para jueces penales juveniles, mientras que actualmente la competencia será ejercida por los juzgados de familia.
“Hoy la competencia la por decisión del Superior Tribunal la toman los juzgados de familia”, remarcó el ministro, subrayando que el proceso de adecuación institucional requerirá avanzar gradualmente sobre las distintas exigencias previstas por la legislación. En ese marco, también mencionó que el Superior Tribunal convocó para el lunes a una inspección del Centro de Contención Juvenil ubicado en San Cayetano, en la Unidad Penal de Procesados N.º 6.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA ADOLESCENTES
Respecto del Centro de Contención Juvenil, el ministro explicó que uno de los objetivos de la implementación consiste en trasladar progresivamente su funcionamiento desde la órbita del Servicio Penitenciario hacia la Dirección de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Precisó que el Servicio Penitenciario mantendrá la custodia externa, mientras que el funcionamiento y la administración interna del establecimiento quedarán bajo la responsabilidad del organismo especializado.
López Desimoni sostuvo que quienes intervengan directamente en ese ámbito deberán contar con especialización para el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal. Según explicó, esta modificación forma parte de las medidas que deberán instrumentarse de manera paulatina y requiere la intervención coordinada de los organismos vinculados con la aplicación de la nueva normativa.
El funcionario remarcó que el tratamiento previsto para los menores será diferente al correspondiente a las personas adultas y que las medidas que disponga un juez deberán responder a los objetivos específicos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley penal. En particular, explicó que la restricción de la libertad constituye la medida coercitiva más grave y que debe aplicarse de manera excepcional ante situaciones de especial gravedad.
Como alternativas, mencionó la posibilidad de disponer tareas comunitarias o establecer acuerdos con las víctimas para el resarcimiento correspondiente cuando el tipo de delito y las circunstancias del caso lo permitan. López Desimoni señaló que “la más grave es la es la restricción de la libertad y eso tiene que ser el un una medida muy excepcional ante un caso muy grave”, y explicó que existen otras medidas destinadas a abordar los conflictos sin recurrir necesariamente al encierro.
El ministro también destacó que el régimen contempla un abordaje interdisciplinario y la intervención de profesionales y organismos vinculados con la protección integral de los adolescentes. En ese sentido, señaló que cada menor deberá contar con un equipo de tratamiento que incluya profesionales como psicólogos y que deberá garantizarse el ejercicio de determinados derechos, entre ellos la continuidad educativa.
López Desimoni explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales forman parte del marco de aplicación obligatoria y que la intervención estatal puede involucrar a áreas como Salud Pública y Educación, especialmente en situaciones relacionadas con consumos problemáticos o con la necesidad de garantizar la escolaridad durante una eventual medida restrictiva de la libertad. También recordó que el Código Procesal Penal Juvenil de Corrientes establece reglas específicas para el desarrollo de estos procedimientos.
ALCANCE TERRITORIAL Y DATOS ACTUALES
López Desimoni indicó que la nueva normativa tendrá aplicación en toda la jurisdicción provincial y que las medidas deberán adecuarse a las decisiones que adopten los jueces en cada caso. Al referirse a las localidades del interior, explicó que, ante la ausencia de establecimientos específicos, deberán buscarse alternativas adecuadas con la participación de los recursos disponibles en cada lugar.
En ese esquema, señaló que pueden intervenir profesionales y organismos municipales, además de hospitales y establecimientos educativos, debido a la participación de distintos niveles e instituciones del Estado. El ministro sostuvo que “el municipio, por ejemplo, pasa a ser un actor clave también” y remarcó que la aplicación de la normativa involucra a instituciones de diferentes ámbitos. Asimismo, precisó que “no hay no se puede detener a un menor en una comisaría”, debido a las condiciones establecidas por la normativa y los estándares internacionales aplicables.
El funcionario explicó que, ante la necesidad de disponer una medida restrictiva de la libertad, los jueces contarán con distintas alternativas según las circunstancias de cada caso, entre ellas la posibilidad de establecer una restricción domiciliaria con custodia. López Desimoni indicó que el objetivo es que las medidas sean aplicadas en ámbitos adecuados y de acuerdo con las características del adolescente y del hecho investigado.
En cuanto a la situación actual del sistema, informó que el Centro de Contención Juvenil cuenta en este momento con cuatro menores alojados y sostuvo que no dispone de datos precisos para establecer qué proporción del total de delitos cometidos en la provincia corresponde a adolescentes. En ese contexto, afirmó que “la estadística hoy nos marca que no existen mayores eh a ver volúmenes de de menores en conflicto con la ley penal, al menos en casos graves”, particularmente respecto de aquellos hechos que requieren una restricción de la libertad.
Finalmente, López Desimoni destacó la necesidad de difundir el contenido y la vigencia de la nueva legislación, especialmente entre los adolescentes y sus familias. El ministro señaló que el cambio implica que los menores comprendidos desde los 14 años quedarán alcanzados por el régimen penal juvenil y que, a partir de la entrada en vigencia, los conflictos con la ley penal tendrán consecuencias bajo las nuevas disposiciones.
"Hoy cualquier cualquier menor de 14 años en adelante ya pasa a ser imputable” y remarcó que la ciudadanía debe conocer las normas vigentes. También insistió en que uno de los objetivos abordados durante la reunión institucional fue “tratar de difundir esto, sobre todo para que los adolescentes tengan en cuenta la vigencia de esta ley”, sostuvo en el marco de la implementación que comenzará el 5 de septiembre.
