Cuba puso en vigor este jueves dos decretos que flexibilizan la inversión extranjera y el uso de tierras estatales, dentro de un paquete de reformas con el que se busca atenuar la peor crisis económica de la isla en seis años.
El Decreto-Ley 128 permite a las empresas foráneas contratar personal de forma directa, sin pasar por las agencias empleadoras del Estado, y abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central. El Decreto-Ley 130, por su parte, extiende el usufructo de tierras estatales a personas jurídicas hasta por 99 años.
Ambas normas, firmadas el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, modifican la Ley 118 de Inversión Extranjera, vigente desde 2014, y el Código Civil de 1987. Se suman al Decreto-Ley 133, en vigor desde el miércoles, que habilita empresas privadas con más de 100 trabajadores, y a la autorización, la semana anterior, de cadenas comerciales privadas.
El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, presentó las medidas en rueda de prensa y admitió que su impacto en la economía a corto plazo “podría” producirse, aunque no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”, en referencia a las sanciones estadounidenses.
