PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS. Legisladores solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia indagar sobre posibles prácticas desleales y condiciones usurarias de apps fintech
Diputados del Peronismo Federal presentaron este martes una denuncia formal contra las principales billeteras digitales del país. Piden que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) investigue posibles prácticas anticompetitivas en el sector fintech.
Los legisladores sospechan que estas compañías incurrieron en conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. La ANC es el organismo que controla que las empresas no abusen de su posición dominante en el mercado. Su función es proteger a los consumidores y garantizar que exista competencia real entre los distintos actores económicos.
El objetivo de la presentación es determinar si las billeteras virtuales violaron también otras normas vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros. La investigación podría derivar en sanciones y el cese de ciertas prácticas comerciales.
El diputado entrerriano Guillermo Michel encabezó la denuncia. En su argumentación, advirtió sobre el nivel de endeudamiento crítico de los argentinos y cuestionó duramente las tasas aplicadas en algunos créditos.
"El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir", señaló Michel. El legislador pintó un panorama donde el día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos.
¿Qué hacen entonces? Se endeudan para comprar alimentos. El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar.
Michel fue contundente: "Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media".
QUÉ ALCANCE TIENE LA DENUNCIA CONTRA LAS BILLETERAS DIGITALES
La presentación no apunta solo a las ocho plataformas mencionadas inicialmente. Busca que la ANC analice la conducta de un universo mucho más amplio: 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros en total.
Entre estos proveedores figuran mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar. Todas estas entidades quedaron bajo la mira de los legisladores denunciantes.
En el escrito presentado ante la ANC, los diputados sostienen algo clave. Las entidades cuestionadas tienen una posición relevante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos minoristas, lo que les da un poder de mercado significativo.
El planteo central es que la combinación entre tres factores podría generar barreras para otros competidores. Esos factores son: información transaccional de los usuarios, infraestructura de pagos propia y otorgamiento directo de crédito.
Cuando una misma empresa controla esos tres elementos, puede tener ventajas difíciles de igualar. Los nuevos competidores enfrentan obstáculos para entrar al mercado o crecer dentro de él.
QUÉ INFORMACIÓN PIDIERON AL BANCO CENTRAL
Los legisladores solicitaron al organismo de competencia que requiera al BCRA datos específicos sobre el funcionamiento de estas entidades. La información incluye el volumen de operaciones y la participación de mercado de cada una.
También pidieron el historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses. Estos datos permitirían identificar qué entidades cobraron tasas por encima del promedio del mercado.
El pedido incluye que se determine cuáles de esas entidades se ubicaron por encima y por debajo de la media y la mediana de las tasas. Los diputados quieren saber también los índices de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada compañía.
Esta información es clave para evaluar si las tasas cobradas guardan relación con el riesgo crediticio real. O si, por el contrario, responden a una posición dominante que permite fijar precios excesivos.
QUÉ IRREGULARIDADES BUSCAN COMPROBAR EN LOS ALGORITMOS
La denuncia incluye un pedido técnico específico. Los legisladores solicitaron que se designe un cuerpo pericial integrado por economistas e informáticos de la ANC. Su tarea sería auditar los algoritmos de asignación de crédito utilizados por las aplicaciones denunciadas.
También deberían revisar los mecanismos de scoring que determinan quién accede a un préstamo y a qué tasa. Estos sistemas automáticos toman decisiones en segundos sobre millones de usuarios.
El objetivo es determinar si utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas excesivas en función de la falta de alternativas de los usuarios.
Por ejemplo: si una billetera sabe que un usuario no tiene cuenta bancaria tradicional, podría cobrarle más porque no tiene dónde más ir. Esa práctica podría ser considerada anticompetitiva.
Los peritos deberían establecer también si esos mecanismos refuerzan barreras de entrada al mercado. O si generan costos de cambio elevados que mantienen cautivos a los usuarios, impidiéndoles migrar a otras plataformas con mejores condiciones.
POR QUÉ IMPORTA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS DATOS CREDITICIOS
La denuncia pone el foco en un problema estructural del sistema: la falta de interoperabilidad de los datos. Los historiales transaccionales no se comparten entre las distintas entidades financieras y no financieras.
Esto genera una situación paradójica. Un usuario puede tener un excelente historial de pagos en Mercado Pago, pero si intenta pedir un crédito en Ualá, esa plataforma no ve su comportamiento crediticio previo.
Los legisladores sostienen que esta imposibilidad de compartir datos podría dificultar que los usuarios trasladen su reputación crediticia a otros proveedores. El resultado: quedan atados a la billetera donde ya tienen historial.
Esta falta de portabilidad limita la competencia. Los usuarios no pueden aprovechar mejores tasas en otras plataformas porque tendrían que empezar de cero su scoring crediticio.
QUÉ LEYES PODRÍAN HABERSE VIOLADO SEGÚN LA DENUNCIA
Los diputados pidieron investigar posibles infracciones a la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia. Esta norma prohíbe prácticas que restrinjan la competencia o constituyan abuso de posición dominante.
También mencionaron el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. Este artículo establece que los proveedores deben suministrar información veraz, detallada y suficiente sobre las características de los servicios que prestan.
La presentación incluye además disposiciones de la Ley Nº 24.144, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central. Esta ley regula la actividad financiera y establece las facultades del BCRA para controlar a las entidades.
Los legisladores incorporaron también los artículos 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación. El primero se refiere al abuso de derecho, el segundo al abuso de posición dominante en el mercado.
Fuente: Ipro.
