FORMACIÓN. El Poder Judicial realizó una jornada de capacitación sobre Derecho Penal Juvenil, con la participación de especialistas de la provincia de Buenos Aires.
El Poder Judicial de Corrientes llevó adelante este lunes 10 de agosto la jornada de capacitación “Derecho Penal Juvenil”, una propuesta de actualización y formación destinada a magistrados, funcionarios, personal técnico y agentes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La actividad contó con la coordinación general del ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chaín, y la coordinación académica del doctor Edgardo Frutos, juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 de Corrientes.
La capacitación se desarrolló de 14 a 20 horas bajo modalidad híbrida. En la ciudad de Corrientes tuvo lugar de manera presencial en el Salón Auditorio del Área de Capacitación, ubicado en 9 de Julio 1099, 9° piso, mientras que agentes judiciales del interior de la provincia participaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
La propuesta, aprobada mediante el Acuerdo N.° 22/26, punto 41, del Superior Tribunal de Justicia, tuvo como expositores a la doctora Gladys Krasuk, jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, y al doctor Elbio Raúl Ramos, juez a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N.° 1, con asiento en el Partido de Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, ambos pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Y LOS CAMBIOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis del sistema de justicia penal juvenil y de la Ley Nacional N° 27.801, junto con su implementación y articulación con el modelo vigente en la provincia de Corrientes.
Durante el encuentro, el doctor Edgardo Frutos presentó las características del sistema procesal provincial implementado en 2025, que establece un ámbito de justicia especializado para adolescentes y contempla finalidades socioeducativas y resocializadoras.
Por su parte, el doctor Elbio Raúl Ramos realizó un recorrido por la evolución histórica de la legislación en materia penal juvenil y profundizó en los alcances de la Ley N° 27.801.
En ese marco, explicó los cuatro pilares fundamentales que sustentan el sistema: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana.
También se analizaron las modificaciones introducidas por la nueva normativa, entre ellas el establecimiento de la edad de imputabilidad en 14 años, la implementación de un sistema acusatorio y la búsqueda de una mayor celeridad en los procesos.
Asimismo, durante la exposición se plantearon las tensiones existentes entre el paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes y determinadas perspectivas de carácter neocorreccionalista.
PRINCIPIOS RECTORES Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES JUDICIALES
La capacitación permitió además profundizar en los principios rectores contemplados en el artículo 5 de la Ley N° 27.801, entre ellos el derecho a recibir un trato digno y la necesidad de contar con defensores y operadores judiciales especializados en materia juvenil.
En ese sentido, se destacó que la especialización constituye un elemento central para garantizar que la intervención del sistema penal contemple las características particulares de los adolescentes y asegure el pleno respeto de sus derechos y garantías.
El intercambio entre los participantes permitió abordar, además, los desafíos que presenta la aplicación concreta de estos principios en los procesos judiciales y la importancia de fortalecer la capacitación permanente de quienes intervienen en la materia.
PROTECCIÓN INTEGRAL Y RESPONSABILIZACIÓN FRENTE AL DELITO
Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de encontrar un equilibrio entre la responsabilización del adolescente frente a una conducta delictiva y la obligación del Estado de garantizar su protección integral.
Durante la jornada se señaló que las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los adolescentes, entre ellas las dificultades de acceso a la educación, la salud y otros derechos fundamentales, deben ser consideradas al momento de analizar cada caso.
En este contexto, se puso especial énfasis en la importancia de promover medidas reparatorias y respuestas socioeducativas, así como de garantizar previamente los derechos que pudieran encontrarse vulnerados, reservando la privación de la libertad para aquellos supuestos previstos por el marco normativo.
El abordaje permitió analizar la justicia penal juvenil no solamente desde la respuesta frente al delito, sino también desde una perspectiva orientada a favorecer procesos de responsabilización, inclusión y reinserción social.
LOS DESAFÍOS PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL
Durante el encuentro también se analizaron los desafíos que enfrenta el sistema judicial para garantizar respuestas adecuadas en materia penal juvenil, particularmente en relación con la disponibilidad de recursos y la necesidad de una articulación efectiva entre los distintos organismos y niveles del Estado.
En ese marco, se planteó la importancia de fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los municipios, mediante mecanismos y convenios que permitan mejorar las respuestas destinadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
