Funcionarios del equipo económico defendieron en el Senado el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales destinados a sectores vinculados con la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos minerales.
La iniciativa se discutió con la presencia de funcionarios del equipo económico en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General, presididas por los senadores Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA).
La próxima semana concurrirá al Senado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, e invitados propuestos por los senadores de la oposición, con lo cual el dictamen podría firmarse el jueves 20 o el miércoles 26.
La defensa del proyecto, que tiene aprobación de la Cámara de Diputados, estuvo a cargo de los secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel Gonzalez Casartelli, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel Gonzalez Casartelli, señaló que el "RIGI fue exitoso, pero vence en julio del próximo año y no debería renovarse como régimen excepcional" y por eso "proponemos reemplazarlo por el Súper RIGI, orientado a grandes proyectos industriales nuevos de más maduración, con mayores incentivos, controles ambientales, registro público y beneficios para proveedores y cadenas de valor".
Gonzalez dijo que destacó la importancia que tuvo el RIGI dado que "se han presentado 43 proyectos por inversión total de casi U$D150 mil millones y con la posibilidad de generar casi 200.000 empleos directos y proyectos".
“El comité evaluador ya aprobó 23 proyectos con una inversión ya ejecutada de 4.700 millones de dólares, es decir ya se realizó el 10% de la inversión comprometida; unos 1.223 proveedores fueron contratados, de los cuales 1.095 son proveedores nuevos de 19 provincias”.
Agregó que "para nosotros el RIGI es una historia de éxito, pero con un final, porque es un régimen de excepción que vence en junio del año próximo. Pero como es una historia de éxito nos pareció partir desde ahí para el Súper RIGI, que busca crear las condiciones para proyectos que todavía no están en el mapa".
Destacó que el RIGI "es un régimen de excepción que no debería renovarse" y por eso se impulsa el Súper RIGI como "un programa más completo para el momento de Argentina", donde se busca "crear las condiciones para proyectos que todavía no están en el mapa".
Por su parte, Lavigne dijo que con el Súper RIGI se aspira a "industrializar recursos naturales o actividades nuevas y que Argentina pase a formar parte de proyectos que no estarían en el país sin este tipo de regímenes".
Ante una consulta del senador libertario Olivera Lucero aclaró la cuestión del "compre local" por provincia y en ese sentido señaló que "poner restricciones es entorpecer el flujo general que sucede en el resto del país. Vemos que por la proyección que se viene no van a dar abasto; limitarlo a la provincia per se es un error y quita federalismo".
A lo largo de la reunión, los senadores peronistas expresaron duras críticas al proyecto del Gobierno, que fue defendido por los legisladores libertarios.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dijo que con el Súper RIGI "La Argentina puede tener las industrias de batería; para eso hay que tener condiciones de sustentabilidad en el tiempo".
Detalles
El proyecto crea un régimen especial destinado a captar inversiones en industrias que aún no se desarrollan en la Argentina o que se encuentran en etapas iniciales de expansión tecnológica.
Entre las actividades alcanzadas figuran la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la biotecnología; la fabricación de baterías; el hidrógeno verde; los vehículos eléctricos; las turbinas eólicas; los paneles solares; los reactores nucleares modulares; los semiconductores y la inteligencia artificial.
Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de US$ 1.000 millones, un monto cinco veces superior al exigido por el RIGI vigente.
A cambio, el Estado ofrecerá 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, además de una serie de incentivos tributarios y financieros destinados a mejorar la rentabilidad de los proyectos.
