Por Jose Guillermo Alfonso
En un debate público atrapado entre eslóganes ideológicos y recetas fiscales abstractas, la brecha entre la macroeconomía y la realidad social expone la urgencia de discutir qué tipo de desarrollo necesita la Argentina.
En el debate político y económico argentino, las recetas suelen presentarse con la contundencia de un dogma indiscutible. De un lado del mostrador, la promesa recurrente sostiene que la sola reducción impositiva y la desregulación liberarán la fuerza productiva indispensable para generar riqueza. Del otro, se apela a la intervención estatal como el único resguardo posible frente a las desigualdades del mercado. Sin embargo, en esta disputa entre posiciones irreconciliables donde se busca dividir constantemente a la sociedad en facciones, queda silenciada una pregunta elemental: ¿alcanza con mover las perillas de la macroeconomía cuando las bases de la integración social están rotas?
El dilema no es teórico. Recientemente, el sacerdote Rodrigo Zarazaga ponía el dedo en la llaga al advertir que la máxima aspiración en los barrios vulnerables no pasa por entelequias tributarias, sino por algo tan concreto y ordenador como acceder a una escuela de calidad y a un trabajo formal. Su planteo expone una brecha persistente entre las discusiones de las élites y las urgencias de la calle, sintetizando el corazón de este encuentro de ideas: en este modelo de transformación, tal como se viene planteando, sencillamente no entran todos.
Es innegable que la Argentina padece una presión fiscal sofocante e ineficiente que desalienta la inversión, castiga a las Pymes y empuja a casi la mitad de la economía a la informalidad. Pretender financiar un gasto público ineficiente a costa de asfixiar al sector privado ha demostrado ser un camino directo al estancamiento y a la inflación. La necesidad de simplificar tributos y dar previsibilidad a quien arriesga capital no es una bandera partidaria, sino un requisito de supervivencia productiva.
Sin embargo, reducir el programa de desarrollo a una mera quita de impuestos entraña una ilusión riesgosa. La estabilidad económica es una condición indispensable, pero profundamente insuficiente si no viene acompañada de políticas deliberadas de inclusión. Un joven que crece sin infraestructura básica, sin conectividad, con una educación vaciada de contenidos y en un entorno sin transporte público eficiente, difícilmente pueda subirse al tren del crecimiento por el solo hecho de que se reduzcan las alícuotas fiscales. En un escenario donde el punto de partida es tan desigual, la libertad de mercado corre el riesgo de convertirse en un privilegio para pocos.
La informalidad laboral, que hoy atrapa a millones de trabajadores en la desprotección absoluta, es el reflejo más claro de este cortocircuito. No se resuelve unívocamente con inspecciones punitivas ni con la quita automática de derechos, sino con inteligencia institucional: regímenes de transición progresivos, compatibilidad entre los programas de asistencia y el empleo registrado, e inclusión financiera real.
El verdadero desafío de una transformación sostenible no radica en alimentar la polarización ni en encasillarse en posturas antagónicas, sino en articular un consenso pragmático. Un país viable necesita la solvencia fiscal y el dinamismo del sector privado para generar empleo; pero también requiere un Estado eficiente que garantice bienes públicos fundamentales para que nadie quede al margen antes de empezar a competir. Mientras la discusión política continúe atrapada en dogmas, corremos el riesgo de diseñar reformas pensadas para los números de un libro contable, pero inviables para la realidad de una nación.
