FORTALECER EL ACCESO A LA JUSTICIA. Durante la reunión transmitida a través de la plataforma Zoom participaron; la inspectora de Justicia de Paz interina, doctora Mirta Allende junto a la arquitecta Aymará Lascurain y la licenciada Olama Perez Lugo.
El Poder Judicial de la provincia de Corrientes fue invitado a exponer las estrategias y buenas prácticas desarrolladas en el Servicio de Facilitadores Judiciales, en el marco de las Reuniones Trimestrales con Jueces de Paz impulsadas por el Organismo Judicial de Guatemala y el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA.
En el marco de las Reuniones Trimestrales con Jueces de Paz organizadas por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) y la Unidad de Apoyo al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (UASNFJ) de Guatemala, el Poder Judicial de Corrientes participó como expositor invitado para compartir la experiencia provincial en la implementación y fortalecimiento del Servicio de Facilitadores Judiciales.
El encuentro tuvo como objetivo promover el intercambio de buenas prácticas entre los países que integran el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ/OEA), con la finalidad de identificar estrategias exitosas que puedan replicarse en el contexto guatemalteco y fortalecer el acceso a la justicia en las comunidades.
Durante su presentación, Corrientes abordó dos ejes centrales. El primero estuvo referido a las estrategias de promoción y divulgación del Servicio de Facilitadores Judiciales, explicando los mecanismos implementados para dar a conocer el programa, consolidarlo y ampliar su alcance en el territorio provincial.
El segundo eje se centró en las buenas prácticas para el acercamiento a las comunidades, donde se compartieron las acciones desarrolladas para fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía, mediante iniciativas, proyectos, articulaciones interinstitucionales y otras experiencias que han contribuido a consolidar el Servicio de Facilitadores Judiciales.
Asimismo, se expusieron las principales etapas de implementación de estas iniciativas, las actividades llevadas adelante y los resultados alcanzados, destacando el impacto positivo que el programa ha generado en el acceso a la justicia, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad y el sistema judicial.
Las jornadas reunieron a jueces y juezas de Paz de distintas regiones de Guatemala junto con administradores de los Servicios de Facilitadores Judiciales de los países integrantes del PIFJ/OEA. Además de las exposiciones, se desarrolló un espacio de intercambio de experiencias que permitió compartir desafíos, analizar estrategias y fortalecer la cooperación regional en materia de acceso a la justicia.
La participación del Poder Judicial de Corrientes en este ámbito internacional reafirma el reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando con el Servicio de Facilitadores Judiciales y fortalece los lazos de cooperación con otros países de la región, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias orientadas a acercar la justicia a las comunidades más vulnerables.
ACERCANDO LA JUSTICIA A LA COMUNIDAD
Durante la reunión transmitida a través de la plataforma Zoom participaron; la inspectora de Justicia de Paz interina, doctora Mirta Allende junto a la arquitecta Aymará Lascurain, Coordinadora del Servicio de Facilitadores Judiciales y la licenciada Olama Perez Lugo, responsable de Comunicación del Servicio de Facilitadores Judiciales.
En primer lugar, la doctora Allende al iniciar su exposición agradeció la convocatoria y expresó; “Nos sentimos realmente muy honradas de tener este espacio para compartir la experiencia que el Poder Judicial de Corrientes viene desarrollando desde 2011 con el Servicio de Facilitadores Judiciales”. Destacó que el programa representa una forma concreta de acercar la justicia a la comunidad y, en ese sentido, sostuvo que el modelo correntino concibe a la Justicia de Paz como “ese fuero de primera escucha, esa puerta de entrada al sistema judicial”, con un enfoque centrado en las personas en situación de vulnerabilidad social y geográfica.
“La Justicia de Paz es la puerta de entrada al sistema judicial y los facilitadores hacen posible que la justicia llegue donde más se la necesita”, afirmó. Asimismo, remarcó que el compromiso de los facilitadores judiciales permite llegar a parajes de muy difícil acceso, donde muchas veces solo es posible ingresar a caballo, y afirmó que su tarea resulta clave para evitar la judicialización de numerosos conflictos. “Ellos son nuestra vía, nuestro puente”, señaló, al explicar que su intervención contribuye a descomprimir el trabajo de los juzgados, fortalece la escucha activa de los jueces y favorece la construcción de una mayor paz social en las comunidades.
Por su parte, la arquitecta Aymará Lascurain, Coordinadora del Servicio de Facilitadores Judiciales explicó que las buenas prácticas desarrolladas por el equipo parten de una premisa central: fortalecer a los líderes comunitarios y acompañarlos con herramientas que les permitan brindar un mejor servicio. “Para las comunidades esa comunicación, ese estar en contacto, esa cercanía que nos brindan los facilitadores judiciales y la Justicia de Paz es el primer y quizás, en muchos casos, el único vínculo con el que se pueden encontrar”, afirmó, al destacar la importancia del trabajo territorial y del acompañamiento permanente.
“Los facilitadores judiciales son, para muchas comunidades, el primer y a veces el único vínculo con la Justicia”, sostuvo y mencionó que la capacitación continua, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la articulación con otras instituciones son pilares fundamentales del programa. En ese sentido, remarcó que la supervisión constante, el respaldo institucional y la evaluación de los resultados permiten fortalecer el servicio y responder mejor a las necesidades de cada comunidad.
“Necesitamos acompañar, sostener y contener a nuestros facilitadores”, señaló Lascurain, al tiempo que destacó que el respeto por la diversidad, la ética, la retroalimentación y el compromiso colectivo son claves para consolidar un modelo de acceso a la justicia cada vez más cercano a la ciudadanía.
Por último, la licenciada Olama Perez Lugo como responsable de Comunicación del Servicio de Facilitadores Judiciales explicó que, al incorporarse al programa, detectó que uno de los principales desafíos era la falta de una identidad visual y el escaso conocimiento que existía sobre el rol de los facilitadores. Explicó que ese diagnóstico impulsó la creación de una estrategia integral de comunicación que incluyó el desarrollo de la identidad visual, el lanzamiento de los perfiles oficiales en redes sociales, la producción de materiales institucionales y la implementación de herramientas para medir el impacto de cada acción comunicacional.
Mencionó además que la comunicación debe trascender la mera difusión y convertirse en una herramienta de gestión y fortalecimiento institucional. “No hay que ver las redes solo como difusión, sino como realmente un canal activo de contención, de motivación y de incentivo para los facilitadores judiciales y para otros ciudadanos que quieran sumarse”, afirmó. En ese sentido, destacó que la utilización de un lenguaje claro, la humanización de los contenidos mediante testimonios de los propios facilitadores y la coherencia entre la identidad digital y la presencia territorial del programa permitieron incrementar su visibilidad, fortalecer la confianza de la comunidad y generar nuevas vocaciones para integrarse al Servicio de Facilitadores Judiciales.
EL TESTIMONIO DE JUECES DE PAZ
Al realizar la exposición, las representantes del Poder Judicial de Corrientes compartieron los testimonios de magistradas de la provincia que hablaron sobre la importante tarea que realizan los facilitadores en territorio. En primer lugar, la doctora Gladys María Rosalina Ramírez del Juzgado de Paz de Colonia Liebig destacó que el Servicio de Facilitadores Judiciales se implementó en su jurisdicción en 2014 y que, desde entonces, se ha consolidado como una herramienta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia. “La implementación del servicio de facilitadores judiciales no sólo acerca la justicia a la comunidad, también fortalece la convivencia, promueve el diálogo, previene conflictos y genera mayor confianza en las instituciones”, afirmó, al remarcar que el programa permite que los derechos sean conocidos, respetados y ejercidos a través del compromiso de referentes comunitarios.
Asimismo, reconoció que el servicio enfrenta desafíos, como la necesidad de dar mayor difusión al rol de los facilitadores y sostener su capacitación permanente, pero aseguró que cada avance fortalece el sistema judicial. “Cada conflicto que se previene, cada vecino que encuentra una orientación y cada diálogo que evita un enfrentamiento representa un logro para toda la comunidad”, sostuvo. Finalmente, reafirmó que continuar respaldando el trabajo de los facilitadores judiciales significa invertir en “una justicia más cercana, más humana y más comprometida con las personas”.
Por su parte, la doctora Verónica Noelia Pérez Yacuzzi del Juzgado de Paz de Mburucuyá, destacó que el Servicio de Facilitadores Judiciales resulta indispensable para garantizar el acceso a la justicia en un departamento con numerosos parajes rurales ubicados a 30 y 40 kilómetros del juzgado, muchos de ellos sin transporte público y con caminos de tierra o ripio. “Ellos actúan como puente entre el Juzgado y sus comunidades”, afirmó, al remarcar que la Justicia de Paz se caracteriza por su cercanía con los vecinos y que los facilitadores permiten sostener ese contacto de manera permanente.
Subrayó que el conocimiento que los facilitadores tienen de la realidad de cada comunidad fortalece el trabajo cotidiano del juzgado y favorece una respuesta más rápida a las necesidades de la población. “Tenemos objetivos claros porque trabajamos en equipo y en red”, señaló, y destacó el compromiso de quienes integran el servicio, ya que semanalmente se acercan al juzgado para informar sobre la situación de sus comunidades, compartir las orientaciones brindadas y coordinar acciones conjuntas que permitan seguir garantizando una justicia accesible, cercana y humana.
La doctora María Gabriela Silvano del Juzgado de Paz de San Carlos destacó que el Servicio de Facilitadores Judiciales se implementa en su localidad desde 2013 y que, desde entonces, ha generado un impacto muy positivo en el acceso a la justicia. “Los facilitadores judiciales son un gran brazo a nuestro trabajo”, afirmó, al explicar que su tarea permite orientar a los vecinos, brindar herramientas para la resolución de conflictos y, en muchos casos, evitar que las diferencias lleguen a judicializarse. Además, señaló que el programa fortaleció la comunicación entre la comunidad y el Poder Judicial, acortando la distancia con quienes antes no se acercaban por temor, desconocimiento o dificultades para acceder al sistema de justicia.
Así también, remarcó que el compromiso de los facilitadores y el reconocimiento que tienen dentro de la comunidad han permitido desarrollar el programa sin mayores dificultades, más allá de algunos inconvenientes de conectividad propios de la zona. Como reflexión final, sostuvo que el Servicio de Facilitadores Judiciales constituye “una herramienta fundamental, humana, accesible y más cercana a la comunidad”, por lo que consideró indispensable continuar fortaleciendo las capacitaciones y la articulación con las distintas instituciones para garantizar un acceso a la justicia cada vez más amplio y efectivo.
La participación en este foro internacional reafirma la consolidación del Servicio de Facilitadores Judiciales en la provincia de Corrientes desde su puesta en marcha en 2011.
Actualmente, el programa cuenta con 185 facilitadores judiciales, de los cuales 146 son mujeres y 39 son varones. Estos líderes comunitarios desarrollan su tarea de manera voluntaria, desempeñándose como un puente entre la comunidad y el sistema de justicia mediante acciones de orientación, mediación informal y prevención de conflictos.
Hasta la fecha, el servicio alcanzó un récord histórico acumulado de 24.491 colaboraciones e intervenciones comunitarias, un resultado que refleja el impacto y la consolidación del programa. Esta labor reafirma el compromiso del Poder Judicial con una justicia más humana, equitativa y cercana a la ciudadanía, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos a través de acuerdos pacíficos, evitando su judicialización cuando ello es posible. De este modo, los jueces pueden concentrar sus esfuerzos en aquellas causas que, por su complejidad requieren la intervención jurisdiccional inmediata.