José Guillermo Alfonso
En el complejo tablero del federalismo argentino, donde el lápiz rojo de Balcarce 50 impone el ritmo y las urgencias de las gestiones provinciales, el viejo refrán popular cobra hoy una vigencia absoluta en los despachos del interior. Las recientes gestiones en Buenos Aires para el destrabe de partidas de financiamiento y avales destinados a obras de infraestructura clave en Corrientes —sumadas al constante peregrinar de los mandatarios provinciales por la Capital Federal— generan un alivio necesario en la gestión local. Sin embargo, también activan las alarmas del realismo político: en la Argentina actual, nada se concede de manera gratuita.
A casi un año de los comicios provinciales del 31 de agosto de 2025, donde Juan Pablo Valdés consolidó la hegemonía del oficialismo correntino y ratificó el rumbo de la provincia en primera vuelta, la relación con el Poder Ejecutivo Nacional transita una fase de estricta negociación bilateral. El financiamiento para conexiones internacionales de envergadura sobre el río Uruguay, el proyecto del segundo puente Resistencia-Corrientes, la infraestructura vial neurálgica y la conectividad logística del Noreste Argentino (NEA) no llegan a la provincia como un gesto de generosidad central, sino como parte de un engranaje institucional donde la gobernabilidad nacional y las necesidades del desarrollo provincial se cruzan indefectiblemente.
La moneda de cambio en el Congreso de la Nación
La gestión del gobierno provincial es determinante para el destino de Corrientes, pero la ecuación no se agota en las oficinas del Poder Ejecutivo local. En el Congreso de la Nación se juega la otra mitad de esta negociación. La Casa Rosada necesita de manera imperiosa el acompañamiento parlamentario para aprobar sus proyectos de ley prioritarios, sus reformas de fondo y las herramientas presupuestarias que sostienen su programa macroeconómico.
En esa mesa de negociación, los legisladores nacionales que responden a los gobernadores del interior se convierten en la pieza decisiva. Acompañar con el voto los pedidos del Ejecutivo nacional suele traducirse en la firma de convenios, la reactivación de obras frenadas o la habilitación de crédito internacional. Allí radica, precisamente, la desconfianza del "santo": gobernadores y legisladores saben que aceptar fondos sin revisar la letra chica puede comprometer la autonomía legislativa o forzar concesiones sobre temas sensibles para el esquema productivo local. El voto en el recinto no puede ser un cheque en blanco.
La observación de Santilli y el mapa de las regiones
Esta tensión quedó en evidencia en las últimas semanas durante la reunión del Parlamento del Norte Grande. Los legisladores provinciales del NOA y el NEA llevaron una propuesta unificada a Buenos Aires para que la Nación tome nota de reclamos históricos: la eliminación de asimetrías en las tarifas energéticas, la compensación al transporte y los recursos necesarios para sostener el tejido de las PyMEs y las economías regionales.
Frente a este movimiento, la Casa Rosada opera con cautela deliberada. La figura de Diego Santilli, como articulador político del Gobierno nacional ante las provincias, observa detenidamente la jugada de la liga norteña antes de mover las fichas. La razón de esa espera es clara: la Nación no analiza al Norte Grande de forma aislada, sino que debe equilibrar la balanza con los planteos que llegan simultáneamente desde el Sur. Las provincias patagónicas avanzan con sus propias exigencias sobre energía, hidrocarburos, reembolso por puertos y zonas frías.
Ante este escenario de suma cero, la conducta central consiste en dosificar las respuestas, medir la urgencia presupuestaria de cada región y evitar que el Norte y el Sur conformen un bloque legislativo duro que logre imponer la agenda federal en el recinto.
El escenario nacional exige hoy una definición clara sobre el modelo de país: la estabilidad fiscal no puede lograrse a costa del estrangulamiento de las provincias que generan divisas e integración regional. Para la Argentina, el desarrollo del NEA no es un favor presupuestario, sino una inversión estructural en la logística de exportación del MERCOSUR.
Para la provincia de Corrientes, en este marco de cautela y cálculo político, el desafío del gobierno y de sus representantes en el Senado y la Cámara de Diputados será mantener un equilibrio inteligente. Se trata de aprovechar cada recurso y convenio obtenido en Balcarce 50 para volcar de forma tangible en la infraestructura de la provincia, defendiendo al mismo tiempo los intereses locales con firmeza y sin hipotecar el margen de maniobra parlamentario cuando suene la campana en el Congreso.
