La vicejefa del Área de Capacitación del Poder Judicial de Corrientes, Fátima Gómez, explicó los fundamentos y alcances de la recientemente presentada Red de Servicio Comunitario, una iniciativa orientada a promover la reinserción social de personas que se encuentran en conflicto con la ley penal mediante la realización de tareas comunitarias. Durante una entrevista, la funcionaria señaló que el programa busca consolidar mecanismos propios de la justicia restaurativa, favoreciendo la vinculación entre quienes cumplen determinadas reglas de conducta y organizaciones de la comunidad que voluntariamente decidan integrarse a esta propuesta institucional.
Al describir los objetivos centrales del programa, Gómez afirmó: "La reinserción social tiene que ver con tomar a esas personas que están en conflicto con la ley penal porque cometieron algún tipo de delito o están acusadas de haber cometido un delito". Precisó que el sistema alcanza tanto a personas condenadas que deben cumplir reglas de conducta como parte de su pena como a quienes accedieron a la suspensión del juicio a prueba, mecanismo mediante el cual el proceso judicial queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. En estos casos, si las reglas son respetadas, el juicio no llega a realizarse y no existe una condena penal.
La funcionaria aclaró que la incorporación al programa no es automática ni universal, sino que responde a criterios jurídicos previamente establecidos. En ese sentido, explicó: "Este programa está específicamente destinado a aquellos delitos menores", precisando que se trata de hechos cuya escala penal no supera, en términos generales, los tres años de prisión o que, aun contemplando penas superiores, pueden ser objeto de una valoración judicial que permita la aplicación de esta modalidad. La determinación corresponde al juez competente o, cuando la causa aún no fue elevada a juicio, al fiscal interviniente, quienes evalúan cada situación conforme al marco legal vigente.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Respecto de la implementación práctica, Gómez indicó que la prestación comunitaria no responde a un listado cerrado de actividades, sino que se adapta a las necesidades de cada institución receptora y a las capacidades de la persona designada. "No existe un tipo de servicio únicamente. Cualquier tipo de servicio que contribuya a la comunidad lo puede hacer", expresó. En ese marco, convocó a asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, clubes, parroquias, entidades religiosas e incluso empresas privadas a sumarse voluntariamente a la Red de Servicio Comunitario para recibir a quienes deban cumplir estas prestaciones.
La vicejefa del Área de Capacitación explicó que cada organización participante determinará las tareas que podrán desarrollar las personas derivadas, procurando que exista correspondencia entre sus conocimientos, habilidades y las necesidades concretas de la institución. Asimismo, señaló que los horarios son flexibles y se organizan de acuerdo con las posibilidades de cada entidad, favoreciendo una articulación que permita cumplir adecuadamente las obligaciones impuestas por la autoridad judicial sin afectar el funcionamiento de las organizaciones participantes.
En relación con los mecanismos de supervisión, Gómez remarcó: "Controla el Poder Judicial a través de una oficina que se llama justamente Control de Reglas de Conducta". Explicó que las entidades receptoras deben certificar periódicamente el cumplimiento efectivo de las tareas asignadas, informando la asistencia y las horas trabajadas por cada participante. De esta manera, el Poder Judicial mantiene el seguimiento del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en cada resolución judicial.
JUSTICIA RESTAURATIVA Y PROYECCIÓN DEL PROGRAMA
La funcionaria también explicó que la creación de la Red de Servicio Comunitario respondió a una necesidad detectada durante la aplicación de sistemas anteriores. Recordó que anteriormente las personas eran derivadas mediante oficios judiciales a distintas instituciones, aun cuando estas no hubieran manifestado previamente su voluntad de recibirlas. En ese contexto sostuvo: "Por eso se crea este programa para que sean las organizaciones mismas las que se tengan que inscribir porque ya están manifestando su voluntad de ser parte y de colaborar". Según indicó, este esquema busca fortalecer la cooperación institucional y garantizar una participación basada en el compromiso voluntario.
Al referirse al enfoque conceptual de la iniciativa, Gómez señaló que el programa forma parte de las prácticas de "justicia restaurativa", orientadas a complementar el modelo tradicional basado en la sanción penal. En ese sentido afirmó que este sistema procura "restaurando la comunidad, devolviendo a la comunidad algo de lo que a través de la pena se destruyó o se dañó". Agregó que estas experiencias registran antecedentes positivos en distintas jurisdicciones del país, especialmente en programas que promueven la articulación entre las personas involucradas, la comunidad y las instituciones, fortaleciendo procesos de reinserción social y reparación.
Finalmente, la vicejefa del Área de Capacitación advirtió que el programa podrá aplicarse tanto a personas adultas como adolescentes, aunque estimó que la participación juvenil tenderá a incrementarse por las posibilidades de intervención temprana. Además, manifestó su preocupación por el impacto del consumo problemático de sustancias y expresó: "El consumo problemático en sí no es un delito, es la causa. Lo que constituye el delito ahora que estamos trabajando mucho es el narcomenudeo y los delitos que genera para consumir". Asimismo, indicó que el Poder Judicial articula con organismos especializados para brindar asistencia tanto a las personas involucradas como a sus familias y recordó que las organizaciones interesadas en incorporarse a la Red de Servicio Comunitario pueden inscribirse a través del sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes, donde se encuentra disponible toda la información del programa.
