El procesamiento judicial del dirigente social y diputado nacional Juan Grabois por la toma del Instituto Perón introduce un nuevo elemento en el escenario político y judicial argentino, al tratarse del primer avance penal concreto en su contra vinculado a este tipo de acciones de protesta.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos, quien lo imputó por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en relación con los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes ocupó el edificio dependiente del Estado nacional.
De acuerdo con la reconstrucción judicial basada en testimonios, material audiovisual y documentación recolectada durante la investigación, el magistrado consideró que Grabois ingresó sin autorización al inmueble, que en ese momento se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
En ese contexto, el fallo sostiene que el dirigente no solo permaneció en el interior del edificio durante aproximadamente dos horas, sino que además habría tenido un rol activo en la permanencia de los manifestantes, incitando a continuar con la ocupación y a resistir la intervención policial
