El sindicato cuestionó el sistema de concesiones viales, denunció el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, informó sobre la continuidad de despidos y retiros voluntarios, sostuvo que fondos del SISVIAL se encuentran retenidos e invertidos en instrumentos financieros y señaló que impulsa demandas penales por el presunto desvío de más de 400.000 millones de pesos destinados a la red vial nacional. El encuentro se realizó en la sede del STVYARA con participación de representantes de ADPRA y defensorías del pueblo.
La sede del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) fue escenario de una reunión de trabajo e intercambio informativo entre la secretaria general del gremio, Graciela Aleña, e integrantes de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Participaron representantes de distintas jurisdicciones, entre ellos los defensores del pueblo de Formosa, Fernando Sosa y Víctor Albornoz, el subdirector de Transporte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Altrudi, y la representante de la Defensoría del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade. Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados con la situación actual de Vialidad Nacional, el sistema vial argentino y las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en materia de infraestructura de transporte.
Uno de los principales ejes de la reunión estuvo centrado en el análisis del sistema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional. En ese contexto, Graciela Aleña cuestionó el avance de este esquema y sostuvo que tendrá un impacto directo sobre el costo de circulación para los usuarios de las rutas argentinas. La dirigente afirmó que actualmente “el ciudadano paga tres veces” por las rutas, a través de impuestos generales, el consumo de combustible y los peajes. Asimismo, señaló que las obras ejecutadas por empresas privadas resultan “mucho más caras” que aquellas desarrolladas por trabajadores de Vialidad Nacional.
Durante la exposición también se hizo referencia a la ampliación prevista del sistema de concesiones. Según lo planteado por la secretaria general del sindicato, el proceso no se limita a los más de 1.800 kilómetros de rutas recientemente adjudicados, sino que existe un proyecto oficial destinado a privatizar aproximadamente 12.000 kilómetros de la Red Nacional de Caminos. Aleña sostuvo que esta iniciativa podría generar una pérdida de conectividad entre pueblos, ciudades y provincias, además de profundizar el deterioro institucional y operativo de Vialidad Nacional.
DESFINANCIAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS PROVINCIALES
En el encuentro también se abordó la situación presupuestaria y operativa del organismo vial. Desde el sindicato se afirmó que el Gobierno Nacional continúa desarrollando un proceso de desfinanciamiento de Vialidad Nacional con el objetivo de avanzar hacia su desmantelamiento definitivo. Según se expuso, esta política incluiría la venta de propiedades del organismo y una reducción progresiva de su capacidad operativa y territorial, lo que se traduciría en la paralización de obras, el abandono de tareas de conservación y la disminución de los trabajos de mantenimiento de las rutas nacionales.
Otro de los puntos analizados fue la situación de los distritos provinciales de Vialidad Nacional. De acuerdo con la información presentada durante la reunión, la reducción de recursos se refleja en la escasez de insumos esenciales para el funcionamiento cotidiano de las dependencias. Entre las principales dificultades mencionadas figuran la falta de combustible, la insuficiencia de repuestos para las maquinarias, la carencia de ropa de trabajo para el personal y otros elementos considerados necesarios para el desarrollo normal de las tareas de mantenimiento vial.
La problemática laboral también ocupó un lugar destacado en la agenda del encuentro. Los representantes sindicales señalaron que continúan registrándose despidos de trabajadores, tanto técnicos como de otras áreas, y que también se producen desvinculaciones mediante retiros voluntarios. Según lo expuesto, estas medidas apuntarían a reducir de manera progresiva la planta de personal. En ese marco, se destacó que para garantizar el mantenimiento de 200 kilómetros de ruta se requiere aproximadamente una dotación de 14 trabajadores, integrada por nueve maquinistas y cinco obreros.
FONDOS DEL SISVIAL Y DENUNCIAS POR EL DESTINO DE LOS RECURSOS
La situación del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) constituyó otro de los temas centrales del encuentro. Se recordó que este fondo específico fue creado por ley para financiar el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial argentina mediante recursos provenientes de un porcentaje del impuesto al gasoil y a los combustibles líquidos. Según se informó, dichos fondos poseen una afectación específica destinada a la red vial nacional, aunque actualmente se encontrarían retenidos por el Ministerio de Economía.
En relación con esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales indicó que realizó una presentación formal de Acceso a la Información Pública para conocer el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Como respuesta, recibió una comunicación oficial en la que se expresó: “… informo que los fondos remanentes de los pagos efectuados se encuentran invertidos en letras y plazos fijos…”. La contestación fue atribuida a la responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Economía, Guillermina Lorena Salemi, en su carácter de directora. A partir de esta información, el sindicato sostiene que existe un incumplimiento de la Ley 23.966 y otras normas vinculadas con la asignación específica de estos recursos.
Durante la reunión se informó además que se encuentran en trámite demandas penales contra autoridades nacionales por el presunto desvío de más de 400.000 millones de pesos correspondientes a fondos destinados a la infraestructura vial. Según lo expuesto, la falta de transferencia de estos recursos habría provocado la paralización de tareas de conservación, bacheo, señalización, iluminación y corte de pasto en rutas nacionales, además de la interrupción de obras en ejecución, el deterioro de la capacidad operativa de Vialidad Nacional, el incremento de riesgos para la seguridad vial y el deterioro de puentes e infraestructura crítica.
Finalmente, se indicó que aún restan tres etapas de licitación de rutas nacionales, por lo que las trazas que atraviesan el territorio de la provincia de Formosa podrían quedar comprendidas en futuras adjudicaciones.
