(Por Noel Eugenio Breard*) Los griegos llamaban aporía al camino que parece conducir a una solución, pero termina revelándose como una salida imposible. Desde esa perspectiva, la propuesta de que el Congreso declare la nulidad de una sentencia firme confirmada por la Corte Suprema encaja perfectamente en esa definición.
La Constitución argentina adoptó el sistema de controles y contrapesos (Checks and Balances), cuya lógica es sencilla: cada poder controla al otro, pero ninguno puede absorber sus competencias esenciales. El Congreso legisla, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial juzga, razón por la cual una mayoría parlamentaria no puede convertirse en tribunal revisor de una sentencia firme. Si existieron violaciones al debido proceso, afectación del juez natural, arbitrariedad o cualquier otra irregularidad, los mecanismos para discutirlas son judiciales, nacionales o internacionales, pero no legislativos.
La cuestión excede cualquier simpatía o antipatía hacia Cristina Fernández de Kirchner, porque el problema es institucional. La pregunta no es si la sentencia fue justa o injusta, sino si el Congreso tiene facultades constitucionales para anularla, y la respuesta predominante de la doctrina constitucional es negativa, por eso la propuesta aparece más como una construcción política que como una solución jurídica viable.
Y allí surge una hipótesis que merece atención, porque cuando un dirigente con larga experiencia parlamentaria impulsa una alternativa de dudosa viabilidad constitucional, cabe preguntarse si el objetivo real es otro. Tal vez no se busque alcanzar la nulidad, sino instalar una narrativa de ilegitimidad sobre el proceso judicial y trasladar la discusión hacia otro terreno, ya que en política muchas veces una propuesta imposible abre paso a otra que parecía impensable.
Si la nulidad legislativa constituye un callejón sin salida constitucional, la estación siguiente podría ser la amnistía. A diferencia de la nulidad, la amnistía forma parte del repertorio histórico de facultades parlamentarias y no niega la existencia de la sentencia ni corrige al Poder Judicial, sino que opera desde un plano político y excepcional para extinguir sus efectos.
La diferencia es sustancial, porque mientras la nulidad sostiene que el fallo es jurídicamente inexistente, la amnistía reconoce su existencia pero decide cerrar sus consecuencias. Por eso resulta legítimo preguntarse si determinadas iniciativas no buscan prosperar jurídicamente, sino preparar las condiciones políticas y culturales para una discusión posterior.
La historia demuestra que cuando las instituciones invaden competencias ajenas se debilita la arquitectura republicana que protege a todos. El sistema de pesos y contrapesos fue concebido precisamente para impedir que una mayoría circunstancial pueda transformarse al mismo tiempo en legislador, juez y ejecutor. La República no se pone a prueba cuando protege las decisiones que nos agradan, sino cuando respeta aquellas que nos incomodan, porque si cada poder pudiera corregir discrecionalmente al otro dejarían de existir los controles constitucionales y comenzaría el predominio de las mayorías circunstanciales sobre la Constitución.
Las democracias admiten reformas, revisiones y debates, pero no atajos, porque cuando se pretende que el Congreso haga aquello que la Constitución reservó a los jueces no estamos frente a una solución institucional, sino frente a una aporía: un camino que promete una salida, pero que el propio sistema constitucional ha cerrado de antemano.
Desde las provincias solemos observar estas discusiones con una perspectiva distinta, menos concentrada en los nombres propios y más atenta al funcionamiento de las instituciones, porque lo que está en juego no es solamente el destino de una persona o de una fuerza política, sino la vigencia de las reglas que garantizan la convivencia democrática. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si cuando las reglas nos resultan incómodas estamos dispuestos a respetarlas, o si comenzaremos a buscar excepciones que mañana podrían volverse contra todos.
*Senador Provincial UCR.
