El fiscal de Estado, Horacio Ortega, en declaraciones a momarandu.com, confirmó que la Provincia recurrió a la Justicia federal y provincial para solicitar la incorporación del denominado Corredor Belgrano a la licitación correspondiente a la etapa tres del tramo Litoral Norte, luego de que dicho sector quedara excluido del proceso impulsado por el Gobierno nacional.
El fiscal de Estado, Horacio Ortega, en declaraciones a momarandu.com, confirmó que la Provincia recurrió a la Justicia federal y provincial para solicitar la incorporación del denominado Corredor Belgrano a la licitación correspondiente a la etapa tres del tramo Litoral Norte, luego de que dicho sector quedara excluido del proceso impulsado por el Gobierno nacional. Según explicó, la presentación judicial se realizó por instrucción directa del gobernador y tuvo como objetivo preservar los intereses provinciales ante una decisión que, según indicó, afecta una traza considerada estratégica para la circulación regional.
Ortega detalló que inicialmente la Provincia solicitó a la Nación la inclusión del corredor dentro de la licitación, pero recibió únicamente un informe técnico en el que se argumentó que el tramo no formaba parte del proceso porque era considerado una ruta provincial. Frente a esa respuesta, indicó que se requirió formalmente un dictamen jurídico que permitiera determinar los pasos a seguir. “La nación nunca nos contestó y muy por el contrario adelantó la apertura de los sobres licitatorios”, afirmó al explicar las razones que motivaron la posterior intervención judicial.
El funcionario señaló que la medida cautelar de no innovar fue promovida debido a la posibilidad de que se produjeran nuevas modificaciones en el pliego licitatorio sin contemplar el corredor en cuestión. En ese contexto, sostuvo que la exclusión del tramo puede generar “un perjuicio económico tanto a la provincia como al municipio” y advirtió que también deja sin consideración diversos aspectos vinculados a la movilidad urbana y al funcionamiento integral de la infraestructura vial.
Asimismo, Ortega cuestionó el argumento nacional según el cual la incorporación del corredor afectaría la ecuación económica financiera de la concesión. En ese sentido, remarcó que “este tramo forma parte inescindiblemente de la ruta y es el único corredor por el cual la gente que venga bajando el puente o que pretenda subir al puente con cualquier tipo de carga, no hablar de la sustancia peligrosa, tiene que atravesar inexorablemente este corredor”, destacando la centralidad del sector dentro del esquema de circulación hacia y desde el puente interprovincial.
TRÁMITE JUDICIAL Y POSICIÓN DE LA NACIÓN
En relación con las actuaciones judiciales, Ortega precisó que las presentaciones fueron realizadas de manera independiente por la Provincia y el Municipio. Explicó además que la Justicia Federal convocó a una audiencia para abordar el planteo formulado y que posteriormente se acordó una prórroga de diez días para continuar las conversaciones vinculadas con el expediente.
Durante ese proceso, señaló que la posición nacional se mantuvo inalterable. “La nación volvió a reafirmar de que esto se trata de una ruta provincial”, expresó al referirse a la postura sostenida por Vialidad Nacional. Añadió que tanto el Ministerio de Economía como organismos nacionales presentaron la documentación correspondiente y respondieron la medida cautelar, la cual todavía permanece pendiente de resolución judicial.
No obstante, Ortega destacó dos elementos que consideró relevantes dentro de las actuaciones. Por un lado, afirmó que “la nación reconoce que es un derecho que le corresponde por la ubicación de la traza a la provincia de Corrientes”. Por otro, manifestó preocupación por los efectos de una concesión a largo plazo. “Durante 30 años nosotros vamos a quedar envueltos en una situación en la cual no sabemos cómo se va a producir el mantenimiento de esa traza”, señaló, agregando que tampoco existe claridad sobre quién ejercerá funciones de control ni sobre la evaluación realizada por los oferentes respecto de un corredor que continúa siendo utilizado de manera obligatoria.
PREOCUPACIÓN POR EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD
El fiscal de Estado afirmó que la vía judicial se convirtió en la única alternativa efectiva luego de que la Nación no respondiera el pedido de pronto despacho presentado por la Provincia. “Nosotros tuvimos que ir a la instancia judicial porque habíamos solicitado un pronto despacho a la nación para que nos dé el dictamen legal correspondiente o rechazara o habilitara la vía y nunca se nos contestó”, sostuvo. Según explicó, la decisión de adelantar la apertura de sobres licitatorios aceleró los tiempos y obligó a promover una cautelar para resguardar los intereses provinciales antes de que avanzara el proceso.
En ese marco, Ortega advirtió sobre las consecuencias que podría generar la exclusión definitiva del corredor. “Si nosotros, la provincia no actúa a través de los medios legítimos que son el Poder Judicial, nosotros vamos a quedar fuera de una licitación en la cual durante 30 años vamos a esperar que un concesionario tome la posibilidad o no del mantenimiento”, expresó. También manifestó preocupación por los costos asociados al mantenimiento futuro y por la circulación de sustancias peligrosas en un área que describió como altamente sensible debido a la presencia de escuelas, hospitales, estaciones de servicio y establecimientos comerciales.
Finalmente, al referirse a la situación del puente, explicó que las referencias contenidas en la documentación conocida se limitan a la calzada y no abarcan aspectos estructurales ni obras de mantenimiento de mayor alcance. No obstante, aclaró que esa cuestión se encuentra vinculada a la órbita de la Ruta Nacional 16. Respecto del corredor en disputa, reafirmó la posición provincial al señalar que existe “la instrucción directa del gobernador de que sigamos hasta las últimas consecuencias haciendo valer el derecho que les corresponde a los correntinos” y evitar que dicho derecho quede relegado por razones vinculadas a una eventual ecuación económica financiera.
