MANDATARIOS ANTE LA CAÍDA DE RECURSOS Y LA INCERTIDUMBRE ELECTORAL
El analista político Carlos Fara afirmó, entrevistado por momarandu.com que los gobernadores enfrentan un escenario cada vez más complejo como consecuencia de la caída sostenida de la recaudación y de la reducción de recursos disponibles para las administraciones provinciales. Durante una entrevista radial, sostuvo que las dificultades económicas comenzaron a condicionar las estrategias políticas de los mandatarios locales, quienes deben afrontar un contexto marcado por la incertidumbre fiscal y electoral.
Fara señaló que la situación provincial se encuentra directamente vinculada al comportamiento de los ingresos tributarios, especialmente aquellos que forman parte del régimen de coparticipación federal. Según explicó, la disminución de la actividad económica y del consumo impacta de manera inmediata en los recursos que reciben las provincias, generando restricciones presupuestarias que se acumulan desde hace varios meses.
En ese sentido, remarcó que uno de los principales indicadores de la situación es la evolución del Impuesto al Valor Agregado. “La baja recaudación que ya lleva varios meses, que el IVA, que es uno de los principales impuestos coparticipables, lleva 10 meses de baja”, afirmó el consultor, al describir una tendencia que considera determinante para comprender las dificultades financieras que enfrentan las jurisdicciones provinciales.
El analista sostuvo que esa caída de la recaudación constituye una señal de debilitamiento del consumo formal. Explicó que la reducción de ingresos tributarios refleja una menor actividad económica gravada y advirtió que la situación limita la capacidad de respuesta de los gobiernos provinciales frente a demandas crecientes en materia de servicios, infraestructura y asistencia social.
De acuerdo con Fara, la situación presenta matices diferentes según la relación política que cada gobernador mantiene con la administración nacional. En ese marco, indicó que algunos mandatarios cuentan con mayores posibilidades de obtener asistencia financiera extraordinaria, mientras que otros disponen de un margen de maniobra considerablemente más reducido.
El consultor señaló que los gobernadores considerados dialoguistas se encuentran en una posición particular debido a la recepción de recursos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional. “Los dialoguistas no pueden decir mucho porque son los que están recibiendo buena parte de los ATN”, expresó, al describir una dinámica que condiciona los niveles de confrontación política con la Casa Rosada.
Según explicó, esos recursos funcionan como mecanismos de compensación frente a las dificultades fiscales que atraviesan las provincias. Sin embargo, aclaró que se trata de soluciones parciales que no modifican las causas estructurales de la caída de los ingresos y que tampoco eliminan las preocupaciones existentes entre los gobernadores.
LOS GOBERNADORES FRENTE AL SUPERÁVIT FISCAL
Fara destacó que el contexto provincial también está condicionado por la decisión del Gobierno nacional de sostener su política de equilibrio fiscal. Según sostuvo, la administración central mantiene una postura firme respecto del objetivo de superávit, lo que reduce las posibilidades de ampliar las transferencias hacia las provincias en los próximos meses.
“La situación es muy difícil”, afirmó el analista al referirse a las condiciones que enfrentan los mandatarios provinciales. A la caída de la recaudación se suma, según explicó, la continuidad de una estrategia económica nacional que prioriza el control de las cuentas públicas por encima de otros objetivos vinculados a la expansión del gasto.
En ese escenario, Fara consideró que los gobernadores comenzaron a evaluar alternativas para preservar sus propios márgenes políticos y electorales. La incertidumbre respecto de la evolución económica y de las decisiones futuras del Gobierno nacional aparece como un elemento central en la planificación de los distintos distritos.
El consultor sostuvo que la proximidad del calendario electoral incrementa la necesidad de adoptar estrategias defensivas. Según explicó, las administraciones provinciales deben tomar decisiones en un contexto donde todavía existen interrogantes relevantes sobre las reglas que regirán los próximos comicios nacionales.
Entre esos factores mencionó la ausencia de definiciones sobre el cronograma electoral y la falta de certezas respecto de la continuidad o eliminación de las elecciones primarias. “Si va a haber o no PASO, todavía no lo sabemos”, señaló, al remarcar uno de los elementos que contribuyen a la incertidumbre política.
Fara agregó que tampoco existe claridad sobre la estrategia que adoptará el oficialismo nacional en cada provincia. A su criterio, la falta de definiciones sobre la eventual presentación de candidatos propios genera dudas adicionales entre los gobernadores y dificulta la planificación electoral.
ADELANTAMIENTO DE ELECCIONES Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL POLÍTICO
Frente a este panorama, el analista anticipó que muchos gobernadores comenzarán a fijar fechas electorales una vez finalizado el receso invernal. Según afirmó, las decisiones podrían acelerarse durante los meses posteriores a agosto como parte de una estrategia destinada a reducir riesgos políticos.
“Después del primero de agosto, después de las vacaciones de invierno, van a empezar a fijar fecha de elección”, sostuvo Fara. A su entender, ese proceso será una de las principales novedades del escenario político nacional durante la segunda parte del año.
El consultor consideró que varios mandatarios no solo adelantarán sus elecciones provinciales, sino que lo harán con una anticipación mayor a la habitual. Como ejemplos mencionó los casos de Córdoba y Tucumán, distritos que, según indicó, podrían optar por convocatorias tempranas para proteger sus intereses políticos.
Según explicó, la decisión responde a la necesidad de preservar el capital político local frente a un escenario nacional todavía incierto. “Todo el mundo va a cuidar su quinta, va a proteger su capital político”, afirmó, al describir la lógica que, a su juicio, comenzará a prevalecer entre los gobernadores.
Fara señaló que muchos dirigentes provinciales observan con atención la evolución del Gobierno nacional y evalúan los posibles efectos de su desempeño electoral. En ese sentido, consideró que algunos buscarán evitar quedar expuestos a las consecuencias de una eventual mejora o deterioro de la situación política nacional.
El analista sostuvo que también existe interés en limitar el tiempo disponible para la instalación de candidatos vinculados a La Libertad Avanza en los distintos distritos. Recordó que, en términos generales, el oficialismo nacional todavía no cuenta con figuras provinciales ampliamente consolidadas, lo que influye en las estrategias de los gobernadores.
Finalmente, Fara describió un escenario en el que las provincias aparecen atravesadas por preocupaciones fiscales, incertidumbres electorales y cálculos políticos vinculados a la preservación de sus espacios de poder. En ese contexto, la caída de la recaudación, la firmeza del Gobierno nacional respecto del superávit fiscal y la indefinición del calendario electoral emergen como los principales factores que condicionan las decisiones de los mandatarios provinciales.
