CÓRDOBA BAJO IMPACTO POR LAS REVELACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
La periodista, entrevistada por momarandu.com, afirmó que el femicidio Vega expuso una serie de deficiencias judiciales y políticas en Córdoba. Señaló que el principal acusado había sido denunciado previamente por una joven que logró escapar de una situación de violencia, recuperó la libertad tras esa causa y continuó desempeñándose como becario municipal. También cuestionó actuaciones judiciales durante la investigación, destacó la salida de un concejal vinculado al acusado y señaló que la causa avanza con nuevas denuncias, expedientes unificados y una fuerte movilización social en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos.
Marengo describió el hallazgo de los restos de la joven como un episodio de “extrema crueldad y extrema crudeza” que conmocionó a la sociedad cordobesa. Según explicó, el caso generó una fuerte reacción pública no sólo por las características del crimen, sino también por las circunstancias institucionales que comenzaron a conocerse a medida que avanzó la investigación. En ese sentido, afirmó que la muerte de Agostina puso bajo escrutinio el desempeño de distintos actores judiciales y políticos vinculados indirectamente con el acusado.
La periodista remarcó que una de las principales controversias se produjo en torno al tratamiento judicial previo que había recibido el presunto femicida. Recordó que el hombre había sido detenido un año antes tras una denuncia presentada por una joven de 20 años que logró escapar de una situación de privación ilegítima de la libertad y amenazas ocurridas en el mismo domicilio donde posteriormente habría sido asesinada Agostina. Para Marengo, la relevancia de aquel antecedente radica en que permitió advertir conductas violentas que no fueron abordadas con la profundidad necesaria.
PRONUNCIAMIENTOS SOBRE EL ACCIONAR JUDICIAL
En su evaluación del desempeño de la Justicia, Marengo fue especialmente crítica respecto de determinadas actuaciones registradas durante la investigación. Consideró que existieron errores de criterio y cuestionó la falta de sensibilidad institucional frente a un caso de enorme impacto social. Al referirse a la conferencia de prensa brindada por el fiscal a cargo de la causa, sostuvo que tuvo una actuación “payasesca”, marcada por una “tremendamente, digamos, falta de empatía, falta de perspectiva de género”, en un momento que requería máxima prudencia y contención pública.
La periodista también vinculó el caso con decisiones judiciales adoptadas previamente respecto del acusado. Según recordó, el hombre recuperó la libertad luego de haber sido investigado por hechos graves denunciados por otra mujer. Marengo consideró que si aquellas actuaciones hubieran tenido otro desenlace, el escenario posterior podría haber sido diferente. “Si no hubiese sucedido eso, si hubiesen ahondado un poco más en lo que fue semejante cosa como la privación ilegítima de la libertad y un abuso sexual, seguramente estaríamos hablando de otro escenario hoy”, expresó.
A partir de esa lectura, sostuvo que el caso refleja “una cadena de mala actuación” y “una cadena de mala praxis” que terminó teniendo consecuencias irreversibles. Según señaló, las fallas institucionales no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de decisiones que permitieron que una persona con antecedentes de violencia continuara sin controles efectivos. Para la periodista, esa situación vuelve imprescindible revisar los mecanismos de intervención estatal en casos de violencia contra las mujeres.
DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CASO
Marengo también se refirió al impacto político generado por la investigación. Explicó que el acusado había contado con el patrocinio legal de un concejal del peronismo cordobés y que ese dirigente, además, habría impulsado su incorporación como becario en la administración municipal. Según indicó, esos antecedentes provocaron fuertes cuestionamientos públicos y derivaron en medidas políticas orientadas a contener el costo institucional generado por la crisis.
En ese contexto, destacó que el concejal involucrado dejó su banca en medio de la controversia. Para la periodista, esa decisión forma parte de un intento de reparación política frente a una situación que afecta directamente la credibilidad de las estructuras de gobierno provinciales y municipales. Señaló además que la permanencia laboral del acusado, incluso después de haber estado detenido, abrió interrogantes sobre los mecanismos de control existentes dentro de la administración pública.
Marengo consideró que las medidas adoptadas hasta el momento no lograron disipar el malestar social generado por el caso. Afirmó que la conmoción continúa presente en amplios sectores de la sociedad cordobesa y especialmente entre organizaciones de mujeres y colectivos feministas. En su análisis, el impacto del crimen excede el ámbito judicial y se proyecta sobre el debate público acerca de las responsabilidades institucionales frente a la violencia de género.
EL DEBATE SOBRE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO
Consultada sobre la proximidad de una nueva movilización de Ni Una Menos, la periodista anticipó una participación masiva en Córdoba. Explicó que el femicidio de Agostina reforzó la convocatoria y transformó la marcha en un espacio central de reclamo por justicia. “Mañana va a ser una marcha muy importante en Córdoba”, afirmó, al señalar que el caso otorgó una nueva dimensión a una demanda social que lleva más de una década de vigencia.
Marengo rechazó la idea de separar completamente el reclamo por justicia de las discusiones políticas vinculadas a la violencia de género. “No hay forma de que la política de género, la política vinculada a las mujeres, no atraviese un reclamo como este”, sostuvo. En esa línea, consideró que cada femicidio reabre interrogantes sobre la eficacia de las herramientas institucionales destinadas a prevenir estos delitos y sobre el compromiso real de los distintos niveles del Estado.
Asimismo, planteó que el caso reactualiza el debate en torno a las políticas públicas de género impulsadas o desmanteladas en los últimos años. “Todos volvemos a preguntarnos, che, ¿se está haciendo todo lo posible para evitar que mueran más mujeres?”, expresó. Para la periodista, esa constituye la pregunta central que emerge tras cada hecho de violencia extrema y la que debe orientar las discusiones futuras sobre prevención, asistencia y acceso a la justicia.
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En relación con el avance de la causa, Marengo informó que comenzaron a surgir nuevos testimonios y denuncias que podrían ampliar el alcance de la investigación. Indicó que aparecieron versiones y acusaciones de otras mujeres que habrían sufrido situaciones de violencia por parte del acusado, lo que podría contribuir a reconstruir un patrón de conducta previo al femicidio de Agostina.
La periodista explicó además que las distintas causas vinculadas al sospechoso fueron unificadas con el objetivo de encontrar conexiones entre los hechos denunciados. También confirmó que el Ministerio Público Fiscal decidió mantener al mismo fiscal al frente de la investigación y otorgarle el seguimiento de los expedientes relacionados. Según señaló, esta nueva etapa busca profundizar el análisis integral del caso y determinar si existieron antecedentes que permitan comprender mejor la secuencia de acontecimientos que desembocó en el crimen.
