El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, doctor Eduardo Panseri, anunció la puesta en marcha de una “sala de público virtual” destinada a ampliar el acceso ciudadano a las audiencias judiciales penales de toda la provincia. La iniciativa comenzará a funcionar el próximo lunes como una prueba piloto y permitirá que cualquier persona pueda seguir de manera remota los debates judiciales mediante el ingreso al sitio oficial del Poder Judicial, bajo un sistema de identificación similar al requerido para las audiencias presenciales. El magistrado sostuvo que la herramienta apunta a fortalecer “uno de los principios rectores de la República, que es la publicidad de los actos”.
Panseri explicó que la propuesta surge como una evolución de los mecanismos de acceso al debate judicial implementados desde la década de 1970, cuando el público y los periodistas debían concurrir físicamente a las salas de audiencia para seguir los juicios. Según detalló, el nuevo sistema permitirá observar las audiencias en tiempo real, con la posibilidad de ingresar y retirarse libremente durante el desarrollo del proceso, del mismo modo que ocurre en las modalidades virtuales aplicadas en otros ámbitos institucionales y académicos. “Usted puede inclusive estar al inicio y al final o durante toda la audiencia”, precisó.
El ministro indicó que el proyecto fue impulsado tras una visita institucional realizada el año pasado a Tucumán, provincia que destacó por el desarrollo de su infraestructura informática judicial y por la implementación avanzada del expediente digital. Panseri remarcó que distintos distritos con presupuestos considerablemente superiores al de Corrientes también recurrieron a Tucumán para observar y replicar sus sistemas tecnológicos. En ese contexto, señaló que la experiencia permitió incorporar herramientas vinculadas al seguimiento digital de audiencias y a la difusión pública de la actividad judicial mediante plataformas virtuales.
El funcionario judicial aclaró que el sistema tendrá restricciones específicas destinadas a proteger casos sensibles vinculados con menores de edad, delitos sexuales y situaciones de vulnerabilidad personal. Asimismo, subrayó que quienes accedan a las audiencias virtuales tendrán un rol estrictamente pasivo, sin posibilidad de intervenir ni de grabar el contenido de las transmisiones. “No va a poder intercambiar idea, por supuesto, un oyente pasivo”, señaló, al tiempo que definió a la iniciativa como una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la transparencia institucional y la cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía.
NARCOMENUDEO Y REINCIDENCIA DELICTIVA
En otro tramo de sus declaraciones, Panseri abordó el proceso de implementación de la competencia provincial en materia de narcomenudeo y describió las dificultades operativas, jurídicas y sociales que enfrenta Corrientes desde el inicio de esta etapa. El ministro sostuvo que la provincia comenzó “de cero”, sin experiencia previa ni estructuras específicas de capacitación, por lo que actualmente se desarrolla un proceso de sensibilización y formación dirigido a jueces, fiscales, policías y demás actores judiciales involucrados en la lucha contra el narcotráfico.
El magistrado estableció diferencias entre la realidad correntina y la modalidad delictiva observada en otras jurisdicciones, particularmente en Chaco. Mientras en esa provincia predominan los denominados “búnkeres”, combatidos mediante operativos de gran despliegue policial, Panseri señaló que en Corrientes prevalece el modelo del “kiosco”, caracterizado por pequeños puntos de venta de droga instalados en contextos de extrema vulnerabilidad social. “El kiosco es el que tiene dos o tres bochitas nada más”, describió, y explicó que muchas veces estos espacios son administrados por personas vulnerables, mujeres o menores utilizados por organizaciones criminales para sostener la distribución minorista de estupefacientes.
Panseri advirtió además sobre la dinámica permanente de reincidencia que caracteriza al narcomenudeo y sostuvo que el sistema judicial debe prepararse para enfrentar un fenómeno constante y reiterativo. Según explicó, las condenas iniciales suelen ser de ejecución condicional, lo que posibilita que muchos puntos de venta vuelvan a funcionar en plazos breves luego de los procedimientos policiales. “Este es un delito que permite y fomenta la reincidencia permanente”, afirmó. También comparó la persistencia del fenómeno con “una ola en el mar”, al señalar que la actividad del narcotráfico se reconfigura continuamente y exige una respuesta sostenida del Estado.
El ministro enfatizó la necesidad de capacitación técnica para comprender las distintas etapas de producción y circulación de drogas, especialmente en relación con la marihuana y sus procesos de desarrollo. En ese sentido, anunció jornadas de formación previstas para junio con especialistas que expondrán sobre las características químicas y biológicas de las sustancias ilícitas. Paralelamente, informó que jueces de garantía correntinos participarán de talleres e intercambios en Entre Ríos para analizar experiencias regionales y compartir criterios de intervención judicial frente al narcotráfico, especialmente en zonas limítrofes donde existen fuertes vínculos territoriales entre ambas provincias.
SECUESTRO Y QUEMA DE ESTUPEFACIENTES
Finalmente, Panseri confirmó que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad avanzan en la organización de una nueva quema de droga secuestrada en distintos procedimientos realizados desde febrero hasta la actualidad. El ministro indicó que se trata de más de veinte kilogramos provenientes de dos operativos principales, además de cantidades menores incautadas en otros procedimientos. “Ya estamos en condiciones en menos de 3 meses de quemar casi 30 kg de droga”, expresó, al destacar el trabajo coordinado entre la Policía, los fiscales y los jueces intervinientes.
El funcionario sostuvo que los secuestros realizados reflejan la magnitud del accionar policial y judicial desplegado en la provincia en el marco de la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, valoró la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas, la actuación de los fiscales y la labor de los magistrados encargados de resolver los casos vinculados con comercialización y distribución de estupefacientes. También adelantó que las autoridades provinciales de seguridad y la Jefatura de Policía serán invitadas a participar de la actividad institucional vinculada con la destrucción pública de la droga secuestrada.
