PRIVATIZACIÓN. La licitación enfrenta a las firmas belgas Jan De Nul y DEME, mientras Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay siguen con atención el desenlace por sus implicancias económicas y regionales.
Paraguay manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la futura privatización de la hidrovía en el tramo argentino derive en un incremento del peaje actualmente vigente entre Santa Fe y Confluencia, un escenario que, según advirtieron autoridades de Asunción, podría generar un nuevo foco de tensión bilateral con Argentina. El gobierno paraguayo sigue de cerca el proceso impulsado por la administración de Javier Milei debido a la importancia estratégica de la vía navegable para el comercio exterior paraguayo, que depende de ese corredor fluvial para la salida y entrada de la mayor parte de sus mercaderías. En ese contexto, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Julio César Vera Cáceres, sostuvo que “el monto tarifario no tendría que superar los US$ 1,30. Lo ideal sería una quita”, dejando en claro la posición oficial paraguaya frente a cualquier intento de aumento.
La preocupación paraguaya se concentra en el desenlace del proceso licitatorio que definirá quién administrará el tramo argentino de la hidrovía, donde actualmente compiten las firmas belgas Jan De Nul y DEME. La disputa empresarial escaló en las últimas semanas luego de que DEME acusara a su competidora de mantener vínculos con empresas chinas, una situación que incluso habría derivado en una denuncia presentada ante autoridades estadounidenses. El conflicto se inscribe en un escenario geopolítico más amplio, marcado por la política exterior impulsada por Donald Trump orientada a limitar la influencia china en América Latina y en sectores considerados estratégicos para la infraestructura regional.
Desde Asunción confirmaron además que representantes de Jan De Nul mantuvieron reuniones con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con el objetivo de responder a las acusaciones formuladas por DEME. Vera Cáceres indicó que “aparentemente Jan De Nul tuvo una mejor calificación, aclaro que no me consta eso, es lo que escuché”, al referirse al avance del proceso licitatorio argentino. Aunque Paraguay evitó intervenir directamente en la competencia empresarial, las autoridades admiten que el resultado final podría tener consecuencias directas sobre los costos logísticos de toda la región y particularmente sobre el esquema exportador paraguayo.
EL IMPACTO ECONÓMICO Y LA POSICIÓN DE ASUNCIÓN
El tramo Santa Fe-Confluencia constituye uno de los sectores más sensibles de la hidrovía Paraná-Paraguay, ya que por allí circula cerca del 70 por ciento de las exportaciones paraguayas y aproximadamente la mitad de las importaciones del país. La dependencia estructural de Paraguay respecto de esa vía fluvial convierte cualquier modificación tarifaria en un asunto de impacto macroeconómico. El actual peaje, fijado en 1,3 dólares por tonelada neta de registro de carga, fue resultado de negociaciones previas entre los gobiernos de Argentina y Paraguay, luego de que durante la administración de Alberto Fernández se analizara inicialmente un valor superior.
Las autoridades paraguayas sostienen que un eventual incremento del peaje produciría un desfasaje inmediato en los costos de importadores y exportadores, afectando la competitividad de un país sin litoral marítimo cuya economía depende casi exclusivamente de la hidrovía para sostener su intercambio comercial. En ese marco, Vera Cáceres insistió en que “la postura paraguaya es clara” y ratificó que el objetivo de Asunción será impulsar una reducción tarifaria y no aceptar incrementos. El temor central radica en que la futura concesionaria busque compensar el retiro de subsidios anunciado por el gobierno argentino mediante un ajuste del peaje que termine trasladándose a toda la cadena logística regional.
La preocupación no se limita exclusivamente a Paraguay. Los países integrantes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra —Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay— observan con atención el proceso argentino ante la posibilidad de un reajuste tarifario general. La decisión del gobierno argentino de avanzar hacia un esquema sin subsidios y las promesas de eficiencia y ahorro formuladas por las empresas participantes generan incertidumbre sobre el futuro costo operativo de la vía navegable. En distintos ámbitos diplomáticos y comerciales de la región se menciona la posibilidad de un resurgimiento de las tensiones registradas durante anteriores discusiones por el peaje de la hidrovía.
A pesar de las advertencias, el gobierno paraguayo buscó mantener una posición institucional prudente respecto del proceso licitatorio argentino. “Claro que nosotros como país no estamos haciendo ningún cuestionamiento al proceso licitatorio argentino. No nos compete, pero basándome en los intereses nacionales, planteo lo ideal”, afirmó Vera Cáceres, diferenciando la discusión empresarial interna de Argentina de la defensa de los intereses económicos paraguayos. La declaración refleja el delicado equilibrio diplomático que intenta preservar Asunción frente a un tema altamente sensible para el comercio regional y para la relación bilateral entre los gobiernos de Santiago Peña y Javier Milei.
LA HIDROVÍA COMO EJE ESTRATÉGICO REGIONAL
El seguimiento que Paraguay realiza sobre la hidrovía responde también a su papel institucional dentro del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, organismo del cual ejerce actualmente la presidencia pro témpore. En ese marco, el jueves pasado se desarrolló una reunión en Asunción donde las autoridades paraguayas informaron que durante junio concluirán las tareas de remoción de rocas en el tramo comprendido entre el río Apa y Asunción, una obra considerada estratégica para garantizar la navegabilidad durante períodos de bajante. La intervención busca sostener la circulación continua de embarcaciones comerciales y evitar restricciones que afecten el flujo regional de cargas.
El escenario regional se complejiza además por el creciente interés de otros actores en consolidar alternativas logísticas dentro del sistema fluvial sudamericano. Mientras Paraguay intenta preservar su posición predominante dentro de la hidrovía, distintos sectores empresariales observan con preocupación el avance de Bolivia y el desarrollo de nuevos puertos y zonas francas en la región. En ese contexto, la discusión sobre el futuro peaje del tramo argentino adquiere una dimensión estratégica más amplia, ya que no solo involucra costos operativos, sino también la competitividad relativa de los países que dependen del corredor fluvial para insertarse en el comercio internacional.
La evolución de la privatización de la hidrovía aparece así como un asunto de fuerte impacto económico y político para el Mercosur y para la estructura logística sudamericana. Paraguay dejó en claro que no objetará la licitación impulsada por Argentina, pero advirtió que reaccionará ante cualquier medida que encarezca el tránsito fluvial y afecte el equilibrio alcanzado tras las negociaciones previas.
