Las entidades empresarias señalaron que las modificaciones podrían generar fuertes aumentos tarifarios, afectar a familias, comercios e industrias y profundizar la desaceleración económica regional. Además, reclamaron una instancia de diálogo federal antes de la implementación definitiva de la medida.
El comunicado difundido por la organización empresarial remarcó que la Patagonia presenta condiciones climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. Según se explicó, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales en vastas zonas del sur argentino, una situación que vuelve inviable una reducción significativa del consumo energético tanto en los hogares como en los comercios y las industrias. En ese contexto, la entidad consideró que cualquier modificación en los subsidios o mecanismos de compensación debe contemplar las particularidades estructurales de la región.
Desde CAME se indicó que el Régimen de Zona Fría fue concebido históricamente como una herramienta destinada a equilibrar las asimetrías existentes entre la Patagonia y otras regiones del país. En ese sentido, la organización sostuvo que las modificaciones propuestas “alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región”, al limitar el beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo y trasladar a los usuarios los costos vinculados al transporte, la distribución y la carga impositiva.
IMPACTO SOBRE FAMILIAS, COMERCIOS Y EMPLEO
El documento empresarial advirtió que las modificaciones podrían derivar en incrementos tarifarios de magnitud para usuarios residenciales y comerciales. De acuerdo con las proyecciones elaboradas por distintos organismos especializados, las facturas de gas registrarían aumentos significativos, con consecuencias directas sobre el consumo interno y la actividad económica regional. La entidad señaló que el encarecimiento del servicio energético afectaría especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos, que ya enfrentan un escenario de deterioro económico marcado por la inflación y la pérdida de capacidad adquisitiva.
En el plano productivo, la organización expresó que las pequeñas y medianas empresas de la Patagonia atraviesan actualmente una situación compleja caracterizada por la caída de ventas, el aumento de los costos operativos y las dificultades financieras. Según el comunicado, incorporar una nueva presión tarifaria sobre el sector comercial e industrial podría profundizar el proceso de desaceleración económica y comprometer la continuidad de numerosos emprendimientos regionales. Asimismo, se alertó que el incremento de costos energéticos tendría consecuencias directas sobre el sostenimiento del empleo en distintas actividades económicas vinculadas al comercio, la producción y los servicios.
La entidad empresarial subrayó además que la discusión sobre el costo energético en el sur argentino no puede realizarse bajo los mismos parámetros aplicados a otras regiones del país. En esa línea, el Bloque Patagónico de CAME afirmó: “La región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales”. La declaración buscó enfatizar que las condiciones climáticas extremas generan una dependencia estructural del gas y la energía, lo que obliga a sostener mecanismos de compensación específicos para garantizar condiciones de vida y producción adecuadas.
RECLAMO DE DIÁLOGO Y REVISIÓN DE LA REFORMA
Las entidades que integran el Bloque Patagónico de CAME manifestaron la necesidad de abrir una instancia de diálogo institucional y federal antes de avanzar con la implementación definitiva de la reforma. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia. Todas coincidieron en que resulta imprescindible evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de las modificaciones planteadas.
El planteo realizado por las entidades empresarias se inscribe en un contexto nacional de revisión de subsidios y reestructuración de esquemas tarifarios vinculados a los servicios públicos. Sin embargo, desde el sector privado patagónico advirtieron que las condiciones de la región exigen un tratamiento diferenciado debido a la incidencia que tiene el consumo energético en la vida cotidiana y en la estructura productiva local. La preocupación expresada por las cámaras empresarias también refleja el temor a que un incremento abrupto de tarifas acelere procesos de retracción económica y profundice la vulnerabilidad de numerosos sectores productivos.
Finalmente, el comunicado concluyó con una defensa explícita del Régimen de Zona Fría como herramienta de integración territorial y sostenimiento social. Las entidades sostuvieron que “Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”, al considerar que el esquema compensatorio no sólo cumple una función económica, sino también social y estratégica para el desarrollo del sur argentino.
