Por José Guillermo Alfonso
Por décadas, las decisiones sobre la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay) se han tomado a espaldas de las provincias que le dan vida. Ante los nuevos escenarios de licitación, el debate ya no es solo comercial o de profundidad de dragado; es una discusión institucional profunda sobre la soberanía, el federalismo y la supervivencia de nuestros ecosistemas.
Un centralismo asfixiante
El esquema actual de la Hidrovía refleja una de las mayores paradojas de la Argentina: mientras las provincias ponen el territorio y sufren el impacto ambiental, el Estado Nacional centraliza el beneficio económico.
Hoy en día, la Nación retiene aproximadamente el 70% de la recaudación generada por el comercio exterior a través de derechos de exportación (retenciones) no coparticipables y tasas portuarias. El 30% restante se diluye en un complejo laberinto de goteos hacia las provincias. Las regiones que generan la riqueza terminan dependiendo de la "buena voluntad" de Buenos Aires para financiar su propio desarrollo, transformando el rol de la Nación en un manejo puramente administrativo y coordinador, es una deuda histórica con el interior.
El costo ecológico que paga el norte
El argumento central para profundizar el dragado (pasar de los 34 pies históricos a calados mayores) es netamente logístico: permitir que los buques de gran porte salgan con carga completa desde la zona núcleo pampeana. Sin embargo, este beneficio comercial del centro tiene un costo ambiental directo para el NEA y el Litoral.
Al excavar un canal central artificialmente profundo, se genera el denominado "efecto drenaje". El río Paraná empieza a actuar como un sumidero, provocando que los humedales, lagunas secundarias y riachos costeros de provincias como Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones comiencen a vaciarse hacia el centro. Las consecuencias son críticas:
Alteración del hábitat de especies nativas y destrucción de las zonas de reproducción de la fauna íctica.
Pérdida de las "esponjas naturales" que regulan las inundaciones y filtran el agua potable.
Daño directo a la pesca artesanal y al turismo ribereño.
El blindaje legal de las provincias
El argumento centralista de que las provincias delegaron las facultades de navegación en los pactos preexistentes y la Constitución Nacional no es un cheque en blanco. La reforma constitucional de 1994 introdujo herramientas de defensa irrenunciables:
Artículo 124 de la Constitución Nacional: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". La Nación tiene derecho a regular la navegación, pero no puede degradar el recurso físico y ecológico sin el consentimiento de sus dueños originarios. Asimismo, bajo el Artículo 41, las provincias tienen competencias ambientales concurrentes. Cualquier obra de dragado que altere el ecosistema local requiere de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) específicos y la aprobación vinculante de las carteras ambientales de cada provincia afectada.
"Manejo Administrativo" Federal y Solidario
Una licitación responsable debe dar vuelta la ecuación actual: pasar de un modelo extractivo a un esquema de manejo administrativo. En este nuevo orden, la Nación debería actuar como un coordinador logístico internacional y árbitro aduanero, devolviendo la administración de los recursos a las provincias.
Sin embargo, este cambio de paradigma no puede ser un "sálvese quien pueda". El mapa económico argentino es asimétrico: coexisten provincias con infraestructura agroexportadora hiperdesarrollada y provincias con economías regionales que arrastran un retraso histórico de conectividad. El traspaso de funciones debe darse bajo un flujo de equilibrio ordenado:
Creación de un Fondo de Convergencia Regional: En lugar de enviar los recursos a Buenos Aires, las provincias con puertos de aguas profundas deberían aportar un porcentaje de su recaudación a un fondo común administrado por las propias provincias para financiar obras de infraestructura en el NEA y NOA (como el dragado de accesos a puertos públicos como Barranqueras, Corrientes o Posadas).
Ecosistema Integrado: El centro productivo debe comprender que su éxito logístico depende del cuidado ecológico del norte. Si los humedales y ríos del NEA se secan, todo el sistema de navegación colapsa aguas abajo. Ayudar al equilibrio del norte es proteger el negocio del centro.
El tablero de la representación
Es precisamente en el Congreso de la Nación donde debe darse este debate de cara a todo el país. Allí, los legisladores nacionales de Corrientes tienen la enorme responsabilidad de llevar el mandato de su provincia para frenar el centralismo a través de las dos dinámicas que la Constitución les otorga:
En la Cámara de Diputados: Donde el peso numérico de las provincias centrales suele licuar al interior (Corrientes cuenta con 7 bancas frente a las 70 de Buenos Aires), la clave estratégica es consolidar alianzas regionales. El bloque de legisladores del Norte Grande y de la Región Litoral debe actuar al unísono; coordinando posiciones, se convierten en la llave que el poder central necesita para aprobar presupuestos o leyes impositivas.
En el Senado de la Nación: El ámbito de la igualdad federal por excelencia. Aquí, Corrientes juega de igual a igual con 3 senadores, equiparando el peso de cualquier otra jurisdicción. Es en la Cámara Alta donde se debe plantar bandera para exigir que los pliegos de la licitación incluyan de forma obligatoria el dragado de los puertos públicos norteños y las partidas presupuestarias para la mitigación ambiental.
La batalla fundamental comienza en las comisiones estratégicas de Transportes, Presupuesto e Hacienda, y Recursos Naturales, donde se redacta la letra chica de los contratos antes de llegar al recinto. Es allí donde se debe exigir que no se legisle sobre la quiebra ecológica de nuestro territorio.
El llamado del Norte Grande
Los recientes encuentros del Parlamento del Norte Grande y de los bloques regionales del Litoral no han sido meras reuniones políticas; son un hito de resistencia federal. El mensaje al poder central es unánime: la principal autopista fluvial de la Argentina no puede seguir financiándose con la quiebra ecológica y económica del interior.
Discutir la nueva licitación de la Hidrovía es, en el fondo, discutir qué modelo de país queremos. El verdadero federalismo no se declama en los escritorios porteños; se ejerce en el Congreso de la Nación defendiendo los recursos, equilibrando el desarrollo regional de forma solidaria y protegiendo de manera responsable el ecosistema que le da vida a la Nación.
https://www.santafe.gov.ar/.../17951/81942/file/descargar
https://ecourbano.org.ar/hidrovia-privatizacion-y-problemas/
https://repositorio.uca.edu.ar/.../enigm%C3%A1tico.
