Imagen de archivo El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldó a su presidente, Franco Bertolacci, y repudió “los ataques infundados de funcionarios del gobierno nacional a las universidades”.
Tras la marcha federal el CIN advirtió: “Las rectoras y los rectores de las universidades públicas nacionales rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas provenientes del Presidente de la Nación y del subsecretario de Políticas Universitarias contra el sistema universitario argentino y sus autoridades”.
A tres días de la cuarta marcha federal universitaria que se realizó contra el manejo presupuestario del gobierno de Javier Milei. que en la Plaza de Mayo concitó la concurrencia de unas 150.000 personas y que fue amplia en distintas ciudades del país, el CIN respondió los planteos de Alejandro Álvarez, quien había sostenido: “A ustedes les ofende la verdad, los datos” y que las casas de altos estudios fueron “colonizadas” por la política.
“No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario, por el solo hecho de cumplir con nuestra responsabilidad institucional. Nuestra obligación, en tanto autoridades públicas, es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y de los derechos que de ellas emanan", señaló la entidad que nuclea a más de 70 instituciones de educación superior nacionales públicas en todo el país.

Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
Además, advirtieron: “No estamos frente a una discusión personal ni ante una disputa menor. Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal. Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática“.
Al reiterar la convicción de que el Gobierno debe respetar la ley de financiamiento universitaria, plantearon: “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, ratificada institucionalmente, respaldada por decisiones judiciales y apoyada masivamente por la sociedad, constituye un acto delictivo. Muy por el contrario, en una república es una obligación ética, política e institucional exigir que se cumpla la ley. Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo".
