INSTITUCIONALIDAD. Además, sostuvo que el sistema electoral argentino es “sólido” y “legítimo”, aunque necesita modernización e incorporación de nuevas tecnologías bajo mecanismos de control y transparencia.
El director ejecutivo de la organización Transparencia Electoral, Leandro Querido, entrevistado por momarandu.com, analizó el proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso y sostuvo que la iniciativa se inscribe dentro de los parámetros habituales de las modificaciones electorales. “El manual de las reformas electorales dice que estas se deben hacer en años no electorales.
Por lo tanto, en ese sentido estamos en tiempo y forma”, afirmó, al considerar que la presentación del proyecto responde a una lógica técnica y política vinculada con los tiempos institucionales. En ese marco, explicó que toda administración suele intentar avanzar con reformas alineadas con sus propios intereses y necesidades estratégicas.
Querido remarcó que el proyecto requiere amplios consensos parlamentarios debido a que las leyes electorales demandan mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Según señaló, el tratamiento legislativo estará inevitablemente atravesado por negociaciones entre oficialismo y oposición. “Es un proyecto que inexorablemente implica negociaciones y consensos”, expresó, al advertir que varios de los puntos impulsados por el Ejecutivo podrían modificarse o quedar fuera del texto definitivo durante el debate parlamentario.
El especialista detalló que uno de los ejes centrales de la propuesta oficial es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de una serie de modificaciones vinculadas al funcionamiento de los partidos políticos y al financiamiento electoral. Entre ellas mencionó el incremento de requisitos para la constitución de fuerzas políticas nacionales, mayores exigencias de afiliación en los distritos, ampliación del financiamiento privado, incorporación de sistemas biométricos y tecnológicos para afiliaciones partidarias y la inclusión de categorías provinciales dentro de la boleta única de papel en caso de elecciones simultáneas.
Asimismo, el director ejecutivo de Transparencia Electoral enumeró otros aspectos incluidos en la reforma, como la eliminación de la propaganda gratuita en medios de comunicación, la supresión del tope de gastos de campaña, la suspensión de la elección directa de representantes del Parlasur y la posibilidad de que el debate presidencial deje de ser obligatorio. Según indicó, el Gobierno también fundamenta la iniciativa en la necesidad de reducir costos electorales. “Si uno elimina las primarias en una elección presidencial, representa entre el 30 y el 40 por ciento del costo total de la elección”, sostuvo, al explicar que el oficialismo busca reducir el gasto público y, al mismo tiempo, “poner un poco de orden” en un sistema partidario que considera excesivamente fragmentado.
EL DEBATE SOBRE LAS PASO Y EL DESGASTE ELECTORAL
Consultado sobre la conveniencia política de impulsar esta reforma en el actual contexto parlamentario, Querido consideró que el escenario legislativo aparece complejo para el oficialismo. “Muchos de los puntos que yo les comenté recién son puntos que van a quedar en el camino”, afirmó, al señalar las dificultades que enfrenta el Gobierno para reunir mayorías suficientes en ambas cámaras. No obstante, explicó que algunos sectores de la oposición podrían coincidir con el oficialismo en determinados aspectos, especialmente en la eventual eliminación de las PASO.
Respecto del funcionamiento de las elecciones primarias desde su implementación en 2009, el especialista sostuvo que es necesario realizar un balance crítico sobre sus resultados. Recordó que la creación de las PASO respondió originalmente a una demanda ciudadana orientada a democratizar la vida interna de los partidos políticos y terminar con las candidaturas definidas por acuerdos cerrados entre dirigentes. “Había un reclamo de la opinión pública que tenía que ver con abrir los partidos políticos, terminar con ‘el dedo’”, explicó, al contextualizar el surgimiento de la herramienta durante el kirchnerismo.
Sin embargo, Querido consideró que el sistema no logró cumplir plenamente con ese objetivo, especialmente en las categorías presidenciales, donde la competencia interna fue prácticamente inexistente. “Los partidos políticos la han usado muy poco”, señaló, al recordar que en la primera elección bajo este esquema, en 2011, ninguna fuerza presentó más de una lista presidencial.
El analista remarcó que esta falta de competencia genuina vació de contenido a las primarias y debilitó el propósito democratizador que justificó originalmente su creación.
El director ejecutivo de Transparencia Electoral también vinculó el desgaste del sistema con la reiteración de convocatorias electorales a lo largo de un mismo año. “En muchos casos, el elector tenía que votar cinco veces en el año”, indicó, al advertir que la superposición de elecciones nacionales y provinciales generó fatiga ciudadana y una progresiva caída de la participación. Según explicó, este fenómeno se agravó cuando las PASO se realizaban sin competencia interna real, situación que derivaba en elecciones obligatorias percibidas como innecesarias por parte del electorado.
En paralelo, Querido sostuvo que la desafección democrática no se explica únicamente por el exceso de instancias electorales, sino también por el desencanto social frente a los resultados políticos y económicos. “Eso también genera desafección, críticas al sistema democrático en general, anomia”, afirmó, al señalar que se trata de una problemática extendida en gran parte de América Latina. Desde su experiencia regional, remarcó que la pérdida de confianza ciudadana constituye uno de los desafíos más relevantes que enfrentan actualmente las democracias de la región.
TRANSPARENCIA, TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
En relación con el sistema electoral argentino, Querido sostuvo que el país cuenta con mecanismos sólidos y legítimos para la administración de elecciones. “Nuestro sistema produce resultados legítimos”, aseguró, al destacar que históricamente los actores políticos aceptaron los resultados electorales sin cuestionamientos generalizados. Según explicó, esa aceptación constituye uno de los principales indicadores de confianza institucional tanto por parte de los partidos como de la ciudadanía.
No obstante, reconoció que existen prácticas irregulares y deficiencias que requieren atención y actualización. “Tenemos un sistema bastante sólido al respecto”, señaló, aunque aclaró que ello no implica que el esquema vigente no necesite modernización. En ese sentido, sostuvo que Argentina carece actualmente de un actor político capaz de impulsar transformaciones profundas en materia electoral, a diferencia de otros países latinoamericanos que avanzaron con herramientas tecnológicas e innovaciones institucionales aplicadas bajo estrictos mecanismos de control.
Querido valoró especialmente la incorporación de la boleta única de papel, al considerarla un avance significativo respecto del tradicional sistema de boleta partidaria. Al mismo tiempo, analizó distintas experiencias internacionales vinculadas al voto electrónico y mencionó el caso de Brasil, donde se utiliza un sistema íntegramente digital, y el de Estonia, donde una parte considerable del electorado puede votar desde dispositivos móviles. “Lo importante es ofrecerle al elector servicios para que su voto sea efectivo, seguro, rápido y genere seguridad y tranquilidad”, expresó, al remarcar que la tecnología puede fortalecer la participación siempre que esté acompañada por controles técnicos y garantías institucionales adecuadas.
Finalmente, el especialista consideró que la discusión sobre innovación electoral debe contemplar tanto la transparencia como la experiencia del votante. Señaló que los sistemas modernos pueden facilitar el acceso al sufragio, especialmente para ciudadanos residentes en el exterior, y contribuir a mejorar los niveles de participación.
Aun así, insistió en que cualquier transformación requiere consenso político, control institucional y confianza ciudadana para consolidar procesos electorales legítimos y eficaces.
