Según la declaración del arquitecto a cargo de la refacción, la caída de agua costó u$s3.500. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Una vez más, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó en el ojo de la tormenta por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En este escenario - y tras la declaración del arquitecto y contratista Matías Tabar - se dio a conocer la cascada que el funcionario ordenó construir en la pileta de su casa de country de Indio Cúa.
El contratista encargado de las refacciones de la casa del Jefe de Gabinete declaró el pasado lunes ante la Justicia y aseguró que recibió pagos en efectivo y sin facturación por un total de u$s245.000. La declaración fue realizada en Comodoro Py ante el fiscal federal a cargo de la causa, Gerardo Pollicita.
La cascada, que quedó en el centro del debate público, fue instalada en uno de los laterales de la pileta y, según las declaraciones de Tabar, tuvo un costo de u$s3.500. Entre otros trabajos, también fue modificada la profundidad de la pileta y se reemplazó su revestimiento, colocándose piedra en el interior y mármol travertino en su parte externa.
Según el testimonio de Tabar, la pileta no fue el único sector renovado de la propiedad de Adorni en Indio Cúa. La vivienda que se encuentra bajo investigación habría atravesado una intervención integral.
En detalle, la propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados también tuvo ejecución de pisos y paredes nuevas hasta la incorporación de artefactos sanitarios, una piscina y otros elementos de infraestructura, además de la mencionada cascada.
La propiedad en cuestión está ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz y figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, según registros oficiales.
En la causa también consta que el inmueble habría sido adquirido en 2024 por un valor cercano a los u$s120.000, una cifra que, de acuerdo con la investigación, sería inferior al monto que luego se habría destinado a su remodelación.
Desde el entorno del jefe de Gabinete relativizaron la información surgida en el expediente. “Ese no es el monto”, afirmaron, y adelantaron que definirán los pasos a seguir frente a la difusión de esos datos.
La diputada Marcela Pagano pidió la detención del jefe de Gabinete en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud se apoya en la sospecha de que el funcionario habría intentado influir sobre Tabar antes de su declaración.
En diálogo con Ámbito, la legisladora explicó que existen dos supuestos que habilitan un pedido de detención: el riesgo de fuga —que en este caso descartó— y la posibilidad de entorpecer la investigación. Según indicó, este último punto quedó expuesto a partir del testimonio del contratista.
La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo y se fundamenta en la doctrina “Irurzun”, aplicada por analogía agravada a funcionarios en ejercicio. En ese marco, Pagano sostiene que Adorni se contactó con un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que prestara declaración bajo juramento.
Durante la audiencia, se expuso que el jefe de Gabinete habría llamado al contratista con la intención de hablar previamente a su testimonio. Según relató Tabar, mantuvieron una conversación telefónica en la que el funcionario le ofreció asistencia o la posibilidad de que su equipo lo asesorara en relación con la declaración.
El propio Tabar señaló que en un primer momento evaluó esa opción, pero luego decidió descartarla tras consultar con otra persona, con el objetivo de evitar cualquier interpretación de que se estuviera coordinando una estrategia común.
Fuente: Ámbito.
