El diputado nacional Lisandro Almirón aseguró en declaraciones a momarandu.com que la Autovía 12 continúa siendo una de las principales preocupaciones para Corrientes y afirmó que el Gobierno nacional ya realizó una transferencia de 3.500 millones de pesos destinada a la empresa encargada de la obra, con el objetivo de reactivar los trabajos paralizados desde hace años.
El legislador sostuvo que la situación de la Ruta Nacional 12 representa “la bandera de todo el mundo” en la provincia y remarcó que la obra figura entre las 40 prioridades definidas por la administración nacional. “La noticia es que ya hay plata y ahora la pelota está en la cancha de la empresa”, expresó.
Almirón señaló que la discusión sobre la Autovía 12 volvió a ocupar un lugar central tras la reciente presentación del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados.
En ese contexto, destacó la intervención del diputado Diógenes González, quien consultó específicamente sobre el estado de la obra vial. “Fue una buena pregunta. La hizo el diputado Diógenes González y creo que fue una pregunta en la que, como todos los correntinos, estamos interesados en saber la situación”, manifestó el legislador, quien consideró que ese tipo de planteos responden a las verdaderas necesidades del interior del país.
El diputado cuestionó que gran parte de la sesión parlamentaria se concentrara en discusiones políticas y acusaciones personales, relegando asuntos vinculados a infraestructura y calidad de vida. “La gente está queriendo escuchar otras cosas; es decir, preguntas y respuestas que le solucionen su día a día o, por lo menos, le mejoren lo que está pasando”, afirmó. En esa línea, sostuvo que hubo “pocas” consultas relacionadas con la gestión concreta del Gobierno nacional y lamentó que “la oposición fue a atacar a la URNI”, dejando pasar “una oportunidad histórica” para abordar problemáticas estructurales del interior argentino.
En relación con la obra vial, Almirón explicó que existe “una predisposición enorme del Gobierno nacional en adelantar obras” y sostuvo que Corrientes logró posicionar la Autovía 12 dentro de las prioridades nacionales. “Corrientes tiene una de esas 40”, aseguró.
También planteó que observar únicamente el estado actual de la obra sin contemplar el contexto histórico resulta “injusto”, al recordar los casos de corrupción en la obra pública investigados por la Justicia federal. “Gran parte de la obra pública quedó ahí”, dijo al mencionar las causas judiciales vinculadas con el exfuncionario José López y el escándalo de los bolsos.
GESTIONES, FONDOS Y PRESIÓN SOBRE LA EMPRESA
El legislador confirmó que el Ministerio de Economía transfirió fondos al Banco Nación para avanzar con las certificaciones adeudadas a la empresa concesionaria. “No solamente está confirmado, sino que además ahí hay un reclamo”, indicó. Según precisó, el desembolso alcanza los 3.500 millones de pesos y permitiría retomar la ejecución de la primera etapa de la autovía. “Si hay voluntad financiera y hay voluntad de la empresa, eso tiene que terminarse”, afirmó, al tiempo que reconoció que persisten debates sobre el verdadero porcentaje de avance de la obra.
Almirón sostuvo que, con los fondos ya girados, la empresa debería reiniciar tareas de manera inmediata. “Si la empresa es responsable, tendríamos que estar terminando la primera mitad de la autovía”, declaró, en referencia al tramo comprendido entre la zona de Maipú y la Virgen de Itatí. Aunque evitó asumir un rol técnico, insistió en que ahora corresponde a la firma constructora responder públicamente. “La empresa tendría que tener algún vocero, alguien que explique, porque si no el silencio genera más dudas”, señaló, y aclaró que no pretende “hacer de abogado defensor” de la concesionaria.
El diputado también remarcó que las reuniones entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional apuntan precisamente a exigir la finalización de la obra. “Las reuniones que lleva adelante el Gobierno provincial con el Gobierno nacional son justamente para eso: para decir ‘terminen el camino’”, expresó. A su vez, explicó que la paralización de trabajos estuvo asociada a la falta de pago de certificados y a sucesivas redeterminaciones de precios, lo que terminó encareciendo la ejecución. “La empresa entiende que si el Estado nacional no paga certificados, suspende la obra, se redeterminan precios y volvemos a pagar más caro”, indicó.
Respecto de los plazos, Almirón evitó brindar precisiones técnicas pero se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar con rapidez si existe voluntad empresarial. “Hasta hace poco el problema era que no le pagaban las certificaciones; ahora se pagan”, sostuvo. Además, destacó tareas recientes de mantenimiento efectuadas por Vialidad Nacional en los accesos y laterales de la ruta. “Hoy estuvo Vialidad haciendo mantenimiento”, afirmó, al mencionar trabajos de corte de pasto, redireccionamiento de caminos y mejoras vinculadas a la circulación vehicular en sectores críticos de la traza.
PEAJES, CONCESIONES Y CONTEXTO POLÍTICO
El legislador también respondió cuestionamientos vinculados al cobro de peajes sobre la Ruta 12 y el puente interprovincial. En ese punto, diferenció las responsabilidades entre las concesiones de uso y las empresas constructoras. “El peaje no tiene que ver con la obra en sí, sino con el uso de la vía”, explicó. Según detalló, la concesión vial corresponde a Corredores Viales, mientras que la ejecución de la autovía depende de otra empresa encargada específicamente de los trabajos de infraestructura.
Almirón reconoció que muchos usuarios perciben deficiencias en el mantenimiento pese al pago de peajes y admitió que Vialidad Nacional debió intervenir en distintos sectores ante el incumplimiento de empresas privadas. “Vialidad hace muchas cosas que la gente no tiene idea, cubriendo muchas veces el abandono de algunas empresas”, afirmó.
También reveló que existen conversaciones abiertas sobre futuras concesiones y posibles alternativas de administración para determinados tramos urbanos de la capital correntina, incluyendo esquemas público-privados o participación provincial y municipal.
En otro tramo de la entrevista, el diputado vinculó el futuro de la obra pública con el contexto económico nacional y defendió las medidas impulsadas por el oficialismo en los últimos dos años y medio. Mencionó la aprobación de la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las reformas laborales y el equilibrio fiscal como condiciones necesarias para recuperar previsibilidad económica. “Si no modificás las normas laborales, si no tenés promoción industrial y reglas claras, no hay inversión posible”, sostuvo al referirse a las expectativas de inversiones industriales y productivas para Corrientes y el país.
Finalmente, Almirón insistió en que la paralización de numerosas obras públicas en Argentina estuvo asociada a hechos de corrupción investigados judicialmente y consideró que la actual etapa representa una oportunidad para revertir esa situación. “Las obras se frenaron por corrupción y fue el primer grifo que se cerró”, declaró.
En ese sentido, sostuvo que tanto Nación como Provincia mantienen un “buen diálogo” para intentar resolver obras pendientes y reiteró que la finalización de la Autovía 12 constituye una prioridad estratégica para Corrientes. “Hoy tenemos una oportunidad y debemos trabajar juntos para salir adelante”, concluyó.
