La Asamblea N°108 del Consejo Federal de Discapacidad se realizó en Buenos Aires con participación de representantes de Corrientes, encabezados por Roxana Tannuri y Cintia Caballera. Durante la jornada se reclamó la regularización de pagos adeudados a prestadores de servicios y se solicitó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad N°27.793.
El Gobierno de Corrientes participó de la 108° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, desarrollada en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la segunda reunión correspondiente al año 2026.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y reunió a representantes provinciales, organizaciones civiles y referentes vinculados a las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad. La convocatoria tuvo como eje central el análisis de la situación actual del sistema de atención y asistencia en el país, además de la coordinación de acciones conjuntas entre las distintas jurisdicciones.
La delegación correntina estuvo integrada por la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Roxana Tannuri, en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, junto con Cintia Caballera, presidenta de la Fundación Creando Lazos, quien participó en representación de las organizaciones no gubernamentales.
Ambas referentes formaron parte de las deliberaciones y actividades previstas durante la jornada, donde se abordaron problemáticas vinculadas al funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios y a la implementación de herramientas legislativas destinadas a garantizar derechos y asistencia.
Uno de los puntos centrales de la asamblea fue la reiteración del reclamo por la “regularización y normalización de los pagos adeudados a las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad en todo el país”, situación que, según se expuso durante el encuentro, continúa afectando al sector.
Las demoras en los pagos representan una preocupación para las entidades que brindan atención, acompañamiento y servicios especializados, ya que impactan directamente en el sostenimiento de sus actividades y en la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y sus familias.
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE EMERGENCIA
Durante la reunión también se solicitó “la implementación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad N° 27.793”, con especial énfasis en la necesidad de avanzar en aspectos específicos vinculados a su aplicación efectiva.
Los participantes coincidieron en la importancia de acelerar las medidas administrativas y financieras previstas en la normativa, considerando el contexto de dificultades que atraviesan numerosas instituciones y organizaciones del sector. El debate incluyó planteos relacionados con el financiamiento de las prestaciones, la cobertura de servicios y la necesidad de garantizar estabilidad en el sistema de atención integral.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la presencia de Corrientes en esta instancia federal reafirma el compromiso con “la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas a nivel nacional”.
