El Poder Judicial de Corrientes avanzó en una nueva etapa de trabajo institucional vinculada a la implementación del régimen de narcomenudeo en la provincia, a través de una serie de conversatorios orientados a fortalecer la respuesta judicial frente a este tipo de delitos.
La actividad contó con la participación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Alejandro Alberto Chaín y Eduardo Panseri, quienes encabezaron reuniones virtuales junto a jueces penales de distintas jurisdicciones correntinas con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar problemáticas operativas y consolidar criterios comunes de actuación.
La iniciativa se desarrolló en el contexto del proceso de desfederalización de la competencia en materia de estupefacientes en escala minorista, un cambio que implica una mayor intervención de las jurisdicciones provinciales en la investigación y tratamiento judicial de casos vinculados al narcomenudeo.
En ese marco, desde el Poder Judicial remarcaron la necesidad de construir herramientas institucionales que permitan afrontar esta nueva competencia con parámetros claros, protocolos homogéneos y capacidad operativa suficiente para responder a un fenómeno delictivo de creciente complejidad.
Uno de los antecedentes centrales que impulsó estos encuentros fue la reciente visita técnica realizada a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, donde una comitiva integrada por magistrados, funcionarios y profesionales del Instituto Médico Forense pudo observar el funcionamiento del sistema chaqueño.
Durante esa instancia, los representantes correntinos tomaron contacto directo con experiencias vinculadas a la gestión judicial, la articulación interinstitucional y los procedimientos aplicados en casos relacionados con la comercialización minorista de estupefacientes, con el propósito de analizar posibles adaptaciones al ámbito provincial.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS
Durante los conversatorios, los participantes expusieron las prácticas observadas en otras jurisdicciones, describieron circuitos de trabajo implementados y evaluaron las principales dificultades que surgen a partir de la transferencia de competencias en materia de narcomenudeo. Según se informó, uno de los objetivos centrales fue “capitalizar la experiencia chaqueña como insumo para diseñar un modelo propio, adaptado a las particularidades organizacionales y normativas de Corrientes”, en una búsqueda orientada a fortalecer la capacidad de respuesta judicial desde una perspectiva local.
En el transcurso de las exposiciones se abordaron distintos aspectos considerados estratégicos para la implementación efectiva del régimen. Entre ellos se incluyeron los protocolos de decomiso y destrucción de elementos secuestrados, especialmente en relación con la trazabilidad y la seguridad de las evidencias judiciales. También se analizó la necesidad de contar con condiciones adecuadas de almacenamiento para sustancias y elementos incautados, promoviendo estándares claros de gestión y resguardo dentro del sistema judicial provincial.
Otro de los puntos debatidos estuvo vinculado al tratamiento de plantines y cultivos secuestrados, situación para la cual se contempló la posibilidad de requerir asistencia técnica de organismos nacionales especializados.
Además, se puso énfasis en la capacitación específica para operadores judiciales, entendida como una herramienta fundamental para garantizar intervenciones eficientes y ajustadas a derecho. En paralelo, se discutieron criterios vinculados a órdenes de allanamiento y destrucción de “bunkers”, destacándose la importancia de aplicar protocolos rigurosos y uniformes en cada procedimiento.
UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL
Los funcionarios y magistrados que participaron de las reuniones coincidieron en que el abordaje del narcomenudeo requiere una mirada sistémica y coordinada entre los distintos actores judiciales e institucionales. En ese sentido, se remarcó que la complejidad del fenómeno obliga a fortalecer la articulación entre jurisdicciones, promover instancias permanentes de capacitación y desarrollar herramientas de gestión que permitan optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia de las investigaciones.
Asimismo, durante los encuentros se destacó que este tipo de espacios no sólo facilitan la transferencia de conocimientos técnicos y operativos, sino que también permiten construir consensos institucionales para unificar criterios de actuación. Desde el Poder Judicial señalaron que estos acuerdos resultan determinantes para brindar respuestas “rápidas, coordinadas y ajustadas a derecho” frente a delitos vinculados al tráfico minorista de estupefacientes, especialmente en un contexto donde las modalidades delictivas presentan dinámicas cada vez más complejas.
La actividad se inscribe dentro de una política institucional orientada a la mejora continua del servicio de justicia y al fortalecimiento de las capacidades provinciales para intervenir en causas relacionadas con el narcomenudeo. En esa línea, se confirmó que próximamente se realizará una nueva visita técnica a la provincia de Entre Ríos, donde las autoridades correntinas continuarán relevando experiencias y modelos de gestión con el objetivo de consolidar un esquema de actuación integral, coordinado y adaptado a las necesidades específicas del sistema judicial de Corrientes.
