La ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, inició una serie de recorridas por instituciones educativas afectadas por medidas preventivas ante amenazas con armas de fuego, una situación que calificó como compleja, destacando el deber de sostener la presencia estatal directa.
"La idea es poder estar cerca de ellos, poder acompañarlos y apoyarlos en todas las decisiones que están tomando. Interiorizarme también de cómo se fueron dando las situaciones y cuáles son los dispositivos que ellos están adoptando para poder atravesar esta situación compleja", indicó.
La funcionaria subrayó así una línea de intervención basada en el acompañamiento institucional y la escucha activa de los equipos escolares.
En continuidad con esa estrategia, Miño precisó que ya se encuentra desarrollando un cronograma de visitas que alcanza a varios establecimientos educativos.
La ministra también enfatizó que este acompañamiento no será episódico sino sostenido en el tiempo, con presencia diaria en los establecimientos que atraviesan la problemática.
"La idea es poder hacer todos los días un acompañamiento a todas las escuelas que vienen atravesando esta situación", sostuvo, remarcando que Educación procura consolidar una intervención sistemática que permita abordar las particularidades de cada institución en un contexto que presenta características inéditas para el sistema educativo provincial.
AUTONOMÍA INSTITUCIONAL Y RESPALDO DEL MINISTERIO
Consultada sobre la existencia de lineamientos específicos para el abordaje institucional de los hechos, Miño remarcó el rol central de los equipos directivos en la toma de decisiones, en función de las realidades concretas de cada escuela.
"Cada una de las instituciones toma decisiones en función de las realidades que viven y de las situaciones que atraviesan. Y desde el Ministerio estamos apoyando cada una de las decisiones que toman los directivos, porque son ellos los que están en las escuelas y son ellos los que conocen las situaciones por las que atraviesan", sostuvo.
En relación con el avance de las investigaciones y la posible intervención judicial, la ministra indicó que el seguimiento es permanente y que ya se han identificado responsables en algunos casos.
"Vamos siguiendo de cerca cómo se van desarrollando las distintas actuaciones. Bueno, ahora ustedes saben que se detectaron algunos responsables en algunas escuelas, así que nosotros también tenemos un trabajo importante para ver cuáles son las medidas que se van a tomar desde cada una de las instituciones", explicó.
Respecto de las posibles sanciones para los estudiantes involucrados, Miño fue categórica al señalar la gravedad de los hechos y la inevitabilidad de medidas disciplinarias. "Indudablemente, nosotros no podemos estar ajenos a toda esta situación, que es grave. No es una broma; esto tiene consecuencias. Así que, por supuesto, las sanciones van a estar. Sí, estamos trabajando en ver de qué manera lo vamos a abordar", afirmó.
Al mismo tiempo, aclaró que el marco normativo vigente limita la aplicación de sanciones extremas, aunque no descarta revisiones: "Hoy no podemos hablar exclusivamente de expulsión, porque ustedes saben que esto fue reemplazado en su momento por lo que son los acuerdos escolares de convivencia. Pero, indudablemente, hoy también estamos en un escenario diferente".
DIMENSIÓN NACIONAL Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
La ministra situó la problemática en un contexto más amplio, señalando que no se trata de un fenómeno aislado de la provincia, sino de una situación que atraviesa distintas jurisdicciones.
"Quiero decirles que esta es una situación y una discusión que se está dando a nivel nacional. Ustedes saben que no es solamente en la provincia de Corrientes donde estamos viviendo esta situación; es en todo el país. Inclusive, en otros países también está ocurriendo. Por lo tanto, creo que es una discusión que tenemos que empezar a dar sobre cuáles tienen que ser las sanciones que se van a aplicar", sostuvo, abriendo el debate sobre la adecuación de los marcos normativos.
En cuanto a la cantidad de casos detectados, Miño precisó que se trata de seis en total, distribuidos entre la capital provincial y el interior.
Finalmente, la funcionaria destacó la importancia de la comunicación con las familias y la comunidad educativa en general, subrayando que existen canales activos para informar sobre las consecuencias de este tipo de conductas.
