El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, bajo la conducción de Graciela Aleñá, manifestó su absoluto rechazo al Decreto 253/2026, una normativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional que altera significativamente la gestión de la infraestructura caminera en el país.
Esta medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece la transferencia de competencias a nueve jurisdicciones provinciales para el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios.
Según la denuncia gremial, esta iniciativa de descentralización no representa una mejora administrativa, sino que constituye una precarización de las arterias viales no rentables y un paso decisivo hacia lo que denominan el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad.
La normativa en cuestión, refrendada por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad para otorgar concesiones de obra pública por peaje. Esto abarca la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos específicos de la red troncal nacional.
Desde la perspectiva del gremio, esta decisión altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58. Para los representantes de los trabajadores, se está imponiendo un cambio de modelo que ignora la función del organismo como ente rector encargado de planificar y administrar bajo un criterio integral, federal y solidario.
El planteo del sindicato sostiene que la fragmentación de la gestión vial delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio, lo que pone en riesgo la cohesión del territorio nacional.
Al segmentar la administración de los caminos, se rompe el esquema de una red única y coordinada que ha caracterizado a la Dirección Nacional de Vialidad desde su concepción legal.
La organización sindical advierte que este desplazamiento de responsabilidades hacia las administraciones provinciales podría derivar en una falta de uniformidad en los estándares de seguridad y mantenimiento, afectando directamente la circulación de bienes y personas a lo largo de los diversos distritos involucrados en la medida.
IMPACTO FEDERAL Y DENUNCIAS DE DESFINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL
La conducción de Graciela Aleñá enfatizó que la lógica de mercado aplicada a la infraestructura pública genera una preocupante brecha de conectividad, ya que al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje.
Bajo esta premisa, el sindicato advirtió que el avance de este esquema producirá una dicotomía en la calidad de los caminos, afirmando que vas a tener rutas de primera para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas. Este escenario es descrito por los trabajadores viales como un modelo de desigualdad planificada que atenta contra el desarrollo federal y los principios de equidad territorial que deben regir la obra pública nacional.
En cuanto a la situación financiera del organismo, el sindicato recordó que los fondos para el mantenimiento dependen en gran medida del sistema SISVIAL, el cual se ha visto afectado por las políticas de déficit cero implementadas por la actual administración.
La denuncia gremial sostiene que se ha producido una desfinanciación deliberada para justificar la reducción del Estado, indicando que desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique.
Ante este panorama, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina reafirmó su postura de defensa de la institución, subrayando que las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad, porque conectan pueblos, integran economías regionales y garantizan soberanía territorial. La organización, respaldada por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, aseguró que no vamos a mirar para otro lado, no vamos a aceptar el vaciamiento, no vamos a dejar caer la Dirección Nacional de Vialidad.
Los reclamos ya han sido elevados a foros internacionales para visibilizar la problemática de la infraestructura argentina y la situación laboral de los agentes viales a nivel global.
