El Gobierno prohibió el ingreso a estadios para 11 hinchas involucrados en incidentes durante un partido de la Copa de la Liga Profesional. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y establece una restricción de concurrencia por 24 meses en todo el territorio nacional.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que sancionó a los implicados tras los disturbios registrados el 11 de marzo de 2026 en el encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central.
La resolución se basó en un informe de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, que identificó a los involucrados en la pelea.
El enfrentamiento comenzó dentro del estadio de Argentinos Juniors y luego continuó en la vía pública, lo que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y la actuación de la Fiscalía por infracción al Código Contravencional.
Los sancionados fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que implica que no podrán ingresar a ningún espectáculo deportivo en el país hasta abril de 2028.
La medida se apoya en la Resolución N° 354-E/2017, el Decreto N° 246/2017 y la Ley N° 20.655, normativa que habilita a las autoridades a aplicar restricciones a personas consideradas un riesgo para la seguridad pública. Según el texto oficial, el Estado debe “garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos” y prevenir hechos de violencia.
El episodio ocurrió en el marco de la Copa de la Liga Profesional, torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, y motivó la intervención coordinada entre organismos nacionales y porteños para reforzar los controles.
La disposición lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva y rige desde su publicación. Además, se enmarca en la estrategia oficial de prevención y respuesta rápida ante hechos de violencia en el fútbol, mediante la articulación entre fuerzas federales y autoridades locales.
Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional refuerza el uso de herramientas administrativas para impedir el acceso a estadios de personas identificadas como generadoras de conflictos y evitar nuevos episodios de violencia en el fútbol argentino.
Fuente: Ámbito.