La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un dato clave luego de la declaración de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las dos mujeres que financiaron la compra de uno de sus inmuebles. Durante su paso por Comodoro Py, ambas ratificaron la existencia de una deuda pendiente por 70 mil dólares vinculada a la operación del departamento ubicado sobre avenida Asamblea, en el barrio de Caballito.
Según trascendió de la testimonial, madre e hija confirmaron ante la fiscalía que otorgaron un financiamiento privado por 100 mil dólares y que, hasta el momento, resta cancelar una parte significativa del monto acordado. El dato se incorpora a la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, centrada en reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario y la modalidad bajo la cual se concretó la compra del inmueble.
La declaración de las prestamistas refuerza una de las líneas principales del expediente: determinar si la operación se ajustó a un acuerdo entre privados o si pudo haber servido para encubrir el verdadero origen del dinero. La fiscalía también analiza el valor declarado de la propiedad y las condiciones del crédito, en especial por tratarse de un funcionario de alto rango bajo investigación judicial.
El miércoles declararán otras dos mujeres vinculadas a la operación inmobiliaria. Se trata de las jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones que forman parte del expediente.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires afirmó el fin de semana que las operaciones "se informan siempre" a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Al respecto, la presidenta de la institución, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, independientemente del monto, y defendió los controles internos del notariado.
La dirigente explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es la siguiente: “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, afirmó y agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo por Radio Rivadavia.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política.
Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Fuente: Ámbito
