Un proyecto legislativo propone suspender por seis meses la aplicación de incrementos en tarifas de energía de la DPEC, como paliativo a la crítica situación económica y de endeudamiento de muchas familias correntinas. Además se plantea que se implementen planes especiales de regularización y financiación de deudas.
La iniciativa surge en un contexto de creciente dificultad económica para amplios sectores de la sociedad argentina y en particular de la provincia de Corrientes, con especial incidencia en el debilitamiento de la capacidad de pago de usuarios y consumidores.
La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por Ana Almirón, María Sara Aparicio, Juan de la Cruz Ojeda y Adriana Vidal Domínguez, que tiene como principal medida suspender por el plazo de ciento ochenta días toda aplicación de aumentos tarifarios, actualizaciones, adecuaciones o incrementos en los cuadros tarifarios del servicio público de energía eléctrica en el ámbito de la Provincia de Corrientes.
Argumentan que la suspensión de los aumentos resulta necesaria ante el "exuberante" aumento de endeudamiento financiero de los correntinos, "donde cada vez son más las personas que deben recurrir al crédito para la compra de alimentos, de medicamentos y tomar más crédito para pagar créditos".
Acotan que la situación se agrava si se tiene en cuenta que la economía de la provincia presenta una fuerte dependencia del empleo público, siendo que el último incremento salarial otorgado por el Gobierno Provincial corresponde a un 6% del Básico, mientras que el último reajuste tarifario del servicio de energía eléctrica que se viene dando desde el mes de febrero de 2026 equivale al 100% y en algunos casos aún más.
Al respecto, señalan que el plazo de ciento ochenta días previsto en el presente proyecto permitirá evaluar con mayor profundidad la evolución de la situación económica provincial, así como promover instancias de análisis y diálogo institucional que posibiliten discutir políticas tarifarias equilibradas, compatibles con la realidad social de los usuarios.
"La energía eléctrica constituye un servicio indispensable para la vida cotidiana, la salud, la producción y el desarrollo económico. En consecuencia, su regulación debe contemplar no sólo criterios técnicos o financieros, sino también el impacto social y económico que las decisiones tarifarias generan sobre la población", se plantea.
Por ello, consideran que es necesario complementar la suspensión de los incrementos tarifarios con medidas que garanticen la efectiva protección de los usuarios frente a eventuales consecuencias derivadas de las dificultades económicas que atraviesa una parte significativa de la población.
En tal sentido, la iniciativa incorpora disposiciones destinadas a preservar la continuidad del servicio de energía eléctrica particularmente respecto de aquellos sectores sociales que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Además, durante la vigencia de la presente ley, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes deberá abstenerse de realizar el retiro de medidores, desmantelamiento de conexiones o cualquier acción que impida la inmediata reconexión del suministro.
Asimismo, la DPEC deberá implementar planes especiales de regularización y financiación de deudas para los usuarios comprendidos en la presente ley, garantizando condiciones razonables de pago y absteniéndose de aplicar intereses punitorios mientras dure la suspensión de suministro del servicio.
