Los legisladores de la provincia ingresarán en el ámbito del Parlamento del Norte Grande Argentino una serie de proyectos de resolución orientados a fortalecer el federalismo, mejorar el acceso al financiamiento y reducir las asimetrías estructurales entre regiones del país. Entre las iniciativas centrales se destaca la solicitud al Honorable Congreso de la Nación para la sanción de un Régimen Federal de Acceso al Crédito Externo Provincial, con criterios objetivos, previsibilidad institucional e igualdad de trato.
El proyecto parte de la premisa de que las provincias, en ejercicio de su autonomía constitucional, poseen facultades para promover su desarrollo económico, social y productivo en coordinación con el Estado nacional. En ese marco, el acceso al crédito externo es definido como una herramienta legítima para financiar obras de infraestructura, inversión productiva e integración territorial.
En los fundamentos se señala que el actual esquema de acceso al financiamiento externo se encuentra condicionado por normas y prácticas del régimen de administración financiera, así como por mecanismos de coordinación macroeconómica que, aunque necesarios para preservar la estabilidad general, carecen en ocasiones de criterios objetivos, transparentes y preestablecidos.
Los legisladores advierten que “la ausencia de reglas claras y de plazos ciertos puede generar incertidumbre, dilaciones o decisiones fundadas en parámetros no explicitados”, lo que dificulta la planificación de políticas públicas provinciales y afecta la previsibilidad institucional.
Asimismo, se remarca que esta situación impacta con mayor intensidad en las provincias del Norte Grande, que requieren financiamiento sostenido para cerrar brechas estructurales en infraestructura, energía, logística e integración territorial. En este sentido, el proyecto busca establecer un marco normativo que armonice la autonomía provincial con la coordinación macroeconómica nacional.
La iniciativa propone que el Congreso reglamente y adecúe la Ley de Administración Financiera, incorporando criterios objetivos, plazos definidos y mecanismos de transparencia, con el fin de limitar la discrecionalidad administrativa y garantizar igualdad de trato entre provincias en situaciones equivalentes.
DESARROLLO ARMÓNICO Y POLÍTICAS DIFERENCIALES
Otro de los proyectos presentados solicita la reglamentación operativa del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional mediante un régimen integral de desarrollo armónico, políticas diferenciales y fortalecimiento del federalismo productivo. La propuesta se fundamenta en la necesidad de corregir desigualdades estructurales entre regiones.
El texto subraya que el Norte Grande representa aproximadamente el 27% de la población, el 33% del territorio nacional y apenas el 11% del Producto Bruto Interno, lo que evidencia una marcada asimetría en términos de desarrollo económico y social.
En este marco, se sostiene que “el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional impone al Congreso la obligación de promover el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social y el crecimiento armónico de la Nación”, incluyendo la implementación de políticas diferenciadas para equilibrar desigualdades regionales.
La iniciativa plantea la creación de instrumentos concretos, como un Fondo de Cohesión Regional y un Fondo Fiduciario de Desarrollo del Norte Grande, con financiamiento plurianual destinado a obras de infraestructura estratégica definidas por los gobernadores de la región.
En materia de infraestructura, se propone avanzar en obras de integración horizontal, como rutas, ferrocarriles, puentes y corredores logísticos, que permitan vincular las regiones entre sí y no exclusivamente con el centro del país.
Asimismo, el proyecto contempla políticas energéticas diferenciales que consideren las condiciones climáticas y productivas del Norte Grande, así como medidas de incentivo para mejorar la productividad agropecuaria mediante acceso a tecnología, sistemas de riego y fertilización.
Los fundamentos incorporan un amplio desarrollo doctrinario y jurídico sobre el alcance del artículo 75 inciso 19, destacando que el Estado debe intervenir activamente para garantizar un desarrollo equilibrado, integrando crecimiento económico, justicia social y equidad territorial.
SOBERANÍA Y CONTROL SOBRE RECURSOS EN MALVINAS
Una tercera iniciativa propone la creación de un Registro Público Nacional de empresas que desarrollen actividades vinculadas a la exploración, explotación o comercialización de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
El proyecto se inscribe en el marco de la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas y busca dotar al Estado argentino de herramientas para identificar, monitorear y eventualmente sancionar a las კომპანი as que participen en actividades en territorios en disputa.
Los legisladores advierten que la explotación de recursos bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido configura una situación que “tiende a debilitar la posición argentina” si no es enfrentada con instrumentos adecuados de carácter jurídico, diplomático y económico.
En ese sentido, se propone que el registro incluya información detallada sobre las empresas, su país de origen, estructura societaria y tipo de actividad, así como su participación en la cadena de valor de los recursos explotados.
El proyecto también contempla la aplicación de sanciones progresivas, como la inhabilitación para contratar con el Estado o restricciones en el acceso a beneficios fiscales y financieros, además de promover acciones de cooperación internacional para desalentar estas actividades.
Según el texto, “la legitimidad internacional no constituye un valor abstracto, sino una forma de poder compensatorio”, especialmente relevante para países que buscan defender sus derechos en contextos de asimetría de poder.
ACCESO A LA JUSTICIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FEDERAL
El cuarto proyecto presentado insta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a garantizar la pronta tramitación de las causas de competencia originaria en las que las provincias del Norte Grande sean parte contra el Estado Nacional.
La iniciativa señala la existencia de múltiples procesos judiciales vinculados a transferencias de recursos, financiamiento previsional, regalías energéticas y ejecución de obras públicas, en los que se registran demoras prolongadas en etapas procesales clave.
Los legisladores advierten que estas dilaciones afectan el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de las provincias a obtener una resolución en un plazo razonable, generando un perjuicio institucional y económico directo.
El texto afirma que “la prolongación indefinida de los procesos genera un perjuicio institucional y económico directo a las provincias del Norte Grande”, al limitar su capacidad de planificación, inversión y desarrollo.
Asimismo, se destaca que la falta de respuesta jurisdiccional oportuna altera el equilibrio del sistema federal, al beneficiar a la parte incumplidora y debilitar los mecanismos de resolución de conflictos entre Nación y provincias.
El proyecto aclara que el planteo se realiza con respeto a la independencia judicial, y se limita a instar al cumplimiento de los deberes institucionales vinculados al funcionamiento eficiente del servicio de justicia.
