Tal lo anticipado por momarandu.com, el Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos a doce provincias, entre las que se encuentra Corrientes, en el marco de una medida oficial orientada a asistir a las jurisdicciones subnacionales en materia de liquidez.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que la distribución específica de los fondos será definida por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía en función de parámetros vinculados a la capacidad de repago de cada distrito.
El decreto, firmado el 1° de abril por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el criterio de asignación estará determinado “conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”, lo que introduce un esquema diferenciado según el perfil fiscal de cada jurisdicción.
En ese marco, Corrientes integra el conjunto de provincias beneficiarias junto a Catamarca, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, consolidando así una política de asistencia que abarca distintas regiones del país con realidades económicas diversas. La inclusión de Corrientes en este esquema refleja su participación en el sistema de distribución federal de recursos y su inserción en las dinámicas de financiamiento interjurisdiccional.
CONDICIONES FINANCIERAS Y MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN
El instrumento normativo establece con precisión las condiciones bajo las cuales se otorgarán y devolverán los anticipos financieros. En este sentido, se determinó que los fondos deberán ser restituidos con intereses calculados a partir de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, lo que configura un esquema de financiamiento con condiciones previamente definidas y de cumplimiento obligatorio para las provincias alcanzadas.
En el texto oficial se detalla que “Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas en el artículo 1° del presente decreto, en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”, lo que implica la utilización de fondos coparticipables como garantía de repago.
Asimismo, la normativa otorga amplias facultades a la Secretaría de Hacienda para definir la operatoria concreta de los desembolsos y su posterior cancelación. En ese sentido, se establece que el organismo podrá “disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos”, habilitando así un esquema flexible que se ajustará a las particularidades de cada provincia.
IMPLICANCIAS PARA LAS PROVINCIAS Y GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO
El decreto también fija obligaciones específicas para las provincias receptoras, entre ellas Corrientes, que deberán garantizar el repago de los fondos mediante la afectación de recursos futuros provenientes del régimen de coparticipación federal. Esta condición refuerza el carácter financiero del anticipo, estableciendo mecanismos automáticos que aseguren la devolución de los montos otorgados.
En este marco, se indica que las provincias deberán “afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses”, lo que implica comprometer ingresos futuros como respaldo de la operación.
Además, se dispone que las jurisdicciones deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente los fondos correspondientes a la coparticipación en caso de ser necesario, estableciendo un mecanismo de cobro directo. El texto señala que deberán “autorizar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”, consolidando así un esquema de garantías explícitas para el Estado nacional.
