(Por Noel Eugenio Breard*) Mientras la Argentina debate Malvinas en clave simbólica, el Reino Unido avanza en el terreno donde realmente se define el poder, la explotación de recursos. La cuenca norte de las islas, particularmente el proyecto Sea Lion, muestra con claridad esa asimetría. Las licencias son otorgadas por la administración británica, con empresas privadas operando y un esquema de regalías que consolida ingresos fuera del alcance argentino.
El esquema es claro, el gobierno de las islas —bajo control británico— otorga licencias de exploración y explotación offshore. Empresas como Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capital israelí, desarrollan el proyecto y el resultado es un circuito económico consolidado, inversión privada, respaldo político británico con renta capturada fuera de la Argentina. No se trata de una abstracción jurídica, es una realidad económica en funcionamiento.
La Argentina sostiene, con razón, que esas aguas forman parte de su plataforma continental y que cualquier explotación sin su autorización es ilegítima sin embargo el Reino Unido, actúa como potencia administradora de facto. El conflicto no ha sido resuelto por ningún tribunal internacional con capacidad de ejecución. Por lo tanto, lo que existe no es una situación de legalidad pacífica, sino una disputa congelada donde el que tiene control efectivo decide. Y hoy, ese control no lo tiene la Argentina.
Pero el problema no se agota en la geopolítica dura, se agrava por inconsistencias en la política exterior que erosionan el propio reclamo argentino.
La presencia de una empresa israelí como socia en la explotación no es un dato neutro. Interpela directamente la estrategia internacional del gobierno. La alineación automática con Estados Unidos e Israel —presentada como un eje virtuoso— convive, paradójicamente, con el hecho de que capitales de esos países participan en la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía la Argentina reclama, lo que constituye una contradicción estructural.
Esa contradicción se vuelve aún más visible cuando se observa el comportamiento en foros internacionales. La reciente votación en la ONU sobre la memoria del esclavismo africano —donde la Argentina quedó alineada con solo dos países más, Estados Unidos e Israel— no es un episodio aislado. Las consecuencias concretas son debilitar los apoyos del Sur Global, que históricamente han respaldado el reclamo argentino en clave anticolonial.
A ello se suma otro error estratégico de alto costo: el apoyo argentino —junto a Estados Unidos y un reducido grupo de países— a iniciativas vinculadas con el traslado de la embajada a Jerusalén, un territorio con estatus especial en las resoluciones de Naciones Unidas por su carácter de ciudad sagrada para tres religiones y por encontrarse en disputa. Esa decisión no es neutra, aísla diplomáticamente a la Argentina en un tema de alta sensibilidad global y, peor aún, entra en contradicción con la lógica que el propio país invoca en el caso Malvinas: respeto al derecho internacional, rechazo a situaciones coloniales y necesidad de soluciones negociadas en territorios en conflicto.
No se puede sostener una tesis en el Atlántico Sur y contradecirla en Medio Oriente sin consecuencias . El resultado es acumulativo, se erosionan apoyos, se debilita la coherencia y se reduce la capacidad de construir mayorías internacionales favorables.
La política exterior no es un ejercicio de afinidad ideológica. Es una construcción de intereses. En el caso Malvinas, esos intereses requieren algo elemental, la coherencia.No se puede, por un lado, sostener un reclamo soberano que necesita del respaldo multilateral y, por otro, adoptar posiciones que aíslan a la Argentina de esos mismos actores. No se puede invocar el derecho internacional cuando conviene y desentenderse de los consensos internacionales cuando resultan incómodos.
A esto se suma otro factor, menos visible pero igual de relevante: la ausencia de una estrategia integral sobre el Atlántico Sur. Malvinas no es solo una cuestión territorial. Es control de rutas marítimas, proyección antártica, recursos pesqueros y energéticos. Es, en definitiva, una pieza en el tablero de la geopolítica global.
Mientras otros actores lo entienden en esos términos, la Argentina oscila entre la retórica y la reacción tardía. La falta de respuesta efectiva frente al avance de proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa es un síntoma de esa debilidad. Hay además, un problema más profundo, que excede a este gobierno y atraviesa décadas de política exterior argentina: la confusión entre alineamiento y estrategia.
La idea de que un país periférico debe insertarse automáticamente con la potencia dominante para obtener beneficios no es nueva. Tiene respaldo teórico y ha sido aplicada en distintos momentos de la historia argentina.
Sin embargo, los resultados están a la vista, ni en experiencias anteriores —asociadas a Guido Di Tella— ni en la actual gestión se ha logrado traducir ese alineamiento en avances concretos en cuestiones estratégicas como Malvinas. Por el contrario, la dependencia ha tendido a reducir márgenes de acción, no a mejorarlos .
A esto se agrega un dato que pone en evidencia la fragilidad estratégica actual, Brasil —socio natural de la Argentina en cualquier diseño serio de política exterior— avanza en acuerdos con el Reino Unido, incluso en áreas sensibles. No es el acuerdo en sí lo más preocupante, sino lo que revela, mientras la Argentina tensiona su vínculo con Brasil por razones ideológicas, su principal socio regional profundiza relaciones con la potencia que ocupa Malvinas, lo más grave es que la Cancillería argentina se entera por los diarios.
La escena tiene algo de tragicómico, recuerda a aquel sargento que siempre llega tarde a explicar lo que ya ocurrió. En la política real, esa lógica se traduce en otra versión, mientras se declama soberanía, los movimientos estratégicos relevantes ocurren sin que la Argentina siquiera esté en la mesa donde se deciden.
No es solo un problema diplomático. Es un problema de inteligencia estratégica, de lectura del sistema internacional y, sobre todo, de prioridades.
En ese contexto, conviene volver a una definición que debería ordenar toda la discusión, la soberanía no se pierde por lo que se dice, sino por la incapacidad de ejercerla. Y se erosiona cuando la política exterior, por errores evitables y contradicciones, termina desarmando los apoyos que el propio país necesita.
Esto deja en evidencia los límites de una tesis que, formulada por el profesor Carlos Escudé en su libro El realismo de los países débiles, que propone una inserción subordinada como vía de supervivencia. La práctica demuestra que esa lógica no garantiza resultados.
Frente a ese enfoque, resulta más pertinente recuperar la perspectiva del profesor Roberto Russell, quien plantea la necesidad de una autonomía funcional en el marco del multilateralismo. No se trata de aislarse, sino de construir capacidad de decisión propia dentro de un sistema complejo.
La Argentina no necesita alineamientos automáticos. Necesita una política exterior inteligente, que entienda que la soberanía no se declama, se construye, que el multilateralismo no es una consigna, sino una herramienta y, finalmente, que las alianzas no son fines en sí mismos, sino instrumentos al servicio del interés nacional.
Porque, en definitiva, el problema no es solo lo que hacen otros en Malvinas, es lo que la Argentina deja de hacer y en esa omisión —cada vez más evidente— se juega mucho más que un discurso.
*Senador provincial de la Unión Cívica Radical.
