La medida se adoptó tras un pronunciamiento de la Cancillería iraní que, según Argentina, incluía acusaciones “falsas y ofensivas” luego de que el Gobierno de Milei declarara terrorista a la Guardia Revolucionaria.
La medida es una respuesta a un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores iraní con "acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes" contra Argentina y sus autoridades, explicó la cancillería en un comunicado.
El Gobierno argentino señaló además la "persistente negativa" de Irán a cooperar con la justicia en la causa por el atentado contra la mutual judía AMIA, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición.
El 17 de marzo de 1992, una camioneta con explosivos que embistió contra la embajada de Israel causó 22 muertos y más de 200 heridos. Dos años más tarde, otro ataque a la AMIA mató a 85 personas.
La justicia argentina atribuye a Irán ambos atentados, que permanecen impunes. La embajada de Irán en Buenos Aires se encuentra a cargo de un encargado de negocios desde agosto de 1994, según una investigación del especialista en relaciones internacionales Paulo Botta publicada por la Universidad Nacional de La Plata.
Tehrani era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en Argentina.
ct (afp, efe)
