Se refiere al pronunciamiento judicial que ratifica la obligación del Gobierno de aplicar la ley de Financiamiento universitario
"El Poder Judicial nos dió la razón y ratificó lo que sostenemos las y los trabajadores y el conjunto del sistema universitario: el Gobierno Nacional debe ejecutar la ley, atenerse a derecho y pagar la deuda que tiene con docentes, nodocentes y estudiantes",escribió la Conadu tras el fallo .
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los Dres. Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, confirmó la medida cautelar dictada en diciembre de 2025 que ordena al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Esto significa que la Justicia ratifica, en segunda instancia, que el gobierno debe actualizar los salarios de trabajadoras/es docentes y nodocentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles, tal como lo dispuso el Congreso de la Nación con el voto de más de dos tercios de ambas Cámaras y con la insistencia contra el veto presidencial.
El Congreso sancionó la Ley 27.795 que fue vetada por Milei y nuevamente ratificada por el Legislativo con dos tercios, pero el gobierno la dejó en suspenso invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, dejó suspendida la ejecución de la ley. Es decir: la promulgó para no cumplirla.
Frente a esa maniobra, el CIN y 51 universidades nacionales interpusieron un amparo colectivo. El juez de primera instancia (Juzgado CAF N° 11) dictó cautelar el 23 de diciembre de 2025 ordenando el cumplimiento inmediato de los arts. 5 y 6 de la ley. El gobierno nacional apeló. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios. Esas recusaciones fueron rechazadas. Los recursos extraordinarios contra esos rechazos también fueron denegados. Por ello, el gobierno presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Ninguna de esas maniobras suspendió el proceso.
