El fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, confirmó avances en el proceso judicial que la provincia mantiene ante la Corte Suprema en relación con el reclamo por regalías energéticas, una demanda que, según indicó, lleva más de dos años en curso. En ese marco, destacó la realización de una audiencia de conciliación en la que participó el gobernador y representantes del Gobierno nacional, lo que permitió abrir un espacio formal de diálogo entre las partes involucradas.
Ortega señaló que la instancia de conciliación constituye un ámbito clave para establecer pautas de negociación que permitan acercar posiciones. “Lo importante de este ámbito, que era la conciliación y esta primera audiencia, es que se genera un lugar donde se puedan establecer pautas para una negociación que sea adecuada”, afirmó, subrayando además que este tipo de procesos puede evitar litigios prolongados que, de otro modo, podrían extenderse durante años.
Durante la audiencia, la provincia expuso su postura frente a los representantes de la Secretaría de Energía y de Cammesa, organismo administrador del mercado eléctrico mayorista. En ese sentido, el fiscal explicó que Corrientes manifestó su voluntad de continuar el diálogo con el objetivo de llegar a acuerdos concretos antes de la próxima audiencia fijada para el 22 de abril. “Nosotros le hicimos saber a ellos en la audiencia cuál era la posición de Corrientes y bueno, la voluntad de seguir trabajando en el diálogo para que en la próxima audiencia […] podamos ir ya con alguna concreción más”, sostuvo.
EJES DEL RECLAMO Y PROPUESTAS DE LA PROVINCIA
El planteo central de Corrientes se vincula con el reconocimiento y la valorización de las regalías energéticas que percibe por la utilización de sus recursos naturales, particularmente en relación con la energía generada en las represas de Yacyretá y Salto Grande. Ortega precisó que la provincia solicitó a la Corte que determine el precio de dichas regalías y declare la inconstitucionalidad de un tope del 30% impuesto por la Secretaría de Energía.
En relación con este punto, el fiscal fue enfático al señalar la falta de fundamentos de ese límite. “No sabemos por qué la Secretaría de Energía le pone ese tope, siendo que no nos pagan las regalías como corresponde”, expresó, y agregó que además se restringe el pago en especie a ese mismo porcentaje, lo que profundiza el perjuicio económico para la provincia.
Como alternativa, Corrientes planteó tres posibles vías de resolución para la determinación del valor de las regalías. La primera consiste en que se aplique el mismo precio que el mercado eléctrico mayorista cobra a los grandes usuarios; la segunda propone equiparar los valores a los que perciben otras provincias como Entre Ríos y Neuquén; y la tercera opción contempla que, en caso de no fijarse un precio, se entregue a Corrientes la energía correspondiente para su comercialización directa en el mercado nacional.
Según Ortega, estas propuestas buscan corregir distorsiones evidentes en el sistema actual. “Por el mismo recurso, por la misma agua que tiene Neuquén o tiene Entre Ríos, a nosotros nos pagan mucho menos”, afirmó, remarcando que esta situación se encuentra documentada en información oficial publicada por Cammesa, lo que refuerza la legitimidad del reclamo provincial.
EXPECTATIVAS DE ACUERDO Y DIMENSIÓN POLÍTICA
Consultado sobre la voluntad del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, Ortega manifestó una visión optimista basada en los gestos observados durante las primeras instancias del proceso. “Nosotros vemos con muy buenos ojos la postura que ha tenido el Gobierno nacional”, indicó, al tiempo que destacó la participación activa de la Secretaría de Energía y la disposición a sostener instancias de diálogo.
El fiscal también resaltó el rol del gobernador en las gestiones políticas orientadas a destrabar el conflicto. En ese sentido, consideró que la resolución del diferendo excede el plano estrictamente jurídico y requiere de acuerdos políticos que permitan establecer condiciones viables de cumplimiento. “Creo que es ahí donde está el mayor trabajo político que está haciendo el gobernador”, señaló.
En cuanto a los plazos, Ortega recordó que el conflicto se remonta a reclamos administrativos iniciados entre 2020 y 2021, que luego derivaron en la instancia judicial. A pesar de la complejidad del caso, afirmó que existen indicios de que podría alcanzarse una solución a través de negociaciones antes de que la Corte dicte sentencia definitiva, lo que permitiría acelerar los tiempos de resolución.
ALCANCE DEL RECLAMO Y ESCENARIOS POSIBLES
Respecto del alcance temporal del reclamo, Ortega precisó que la demanda fija como punto de partida el año 2021, cuando se detectaron las distorsiones en el pago de regalías. En ese contexto, explicó que la provincia solicitó una medida cautelar para regularizar la situación actual, aunque la Corte decidió no hacer lugar en esta etapa al considerar que el tema forma parte del fondo de la cuestión en debate.
El fiscal explicó que el proceso de negociación permite abordar tanto la resolución futura como la eventual compensación por períodos anteriores. “Todo está sobre la mesa, todo es una cuestión que se puede ir conversando”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales o integrales según el avance de las conversaciones.
En relación con los posibles escenarios, Ortega aseguró que la provincia contempla todas las alternativas, aunque considera poco probable un resultado adverso. “Generalmente cuando uno afinca un reclamo en la Corte lo hace con la suficiente conciencia de tener todos los escenarios posibles”, indicó, aunque remarcó que la evidencia disponible respalda la posición de Corrientes.
Finalmente, el funcionario aclaró que el objeto de la negociación no se limita únicamente al reconocimiento de deuda, sino también a la redefinición del esquema de cálculo y pago de las regalías. “No es solamente un reconocimiento de deuda, sino decir cuál va a ser el precio que nos van a pagar”, explicó, subrayando la necesidad de establecer criterios claros y sostenibles a futuro.
En otro orden, Ortega confirmó que existen avances en las negociaciones entre la provincia y la Anses por la deuda previsional, aunque aclaró que su intervención en ese proceso es de carácter técnico. Según indicó, las gestiones están a cargo del gobernador y del Ministerio de Hacienda, y podrían derivar en un acuerdo similar al alcanzado por otras jurisdicciones.
