(Por Noel Breard*) A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, vuelvo inevitablemente a pensar en el modo en que la democracia argentina enfrentó su pasado reciente. Muchas veces el debate público parece girar una y otra vez sobre los mismos hechos, como si todavía estuvieran en discusión. Sin embargo, los hechos centrales ya fueron investigados, probados y juzgados por la propia democracia en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. Aquel fallo no sólo condenó el terrorismo de Estado: también fijó un límite moral y jurídico que la República no puede volver a cruzar.
El Juicio a las Juntas fue, en mi opinión, una de las pruebas más difíciles que debió atravesar la democracia argentina en sus primeros años. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Federal de Buenos Aires en la causa 13/84 no sólo estableció responsabilidades penales sobre los comandantes del régimen militar. También dejó planteado un principio que desde entonces forma parte de la arquitectura moral de nuestra vida democrática: el Estado puede defenderse de la violencia, pero jamás puede hacerlo violando la ley.
Ese proceso judicial fue posible por la decisión política del presidente Raúl Alfonsín, quien al asumir en diciembre de 1983 firmó dos decretos que marcaron el rumbo de la transición democrática. El decreto 158/83 ordenó el juzgamiento de las Juntas Militares responsables de la dictadura, mientras que el decreto 157/83 dispuso la persecución penal de las cúpulas de las organizaciones armadas que habían actuado durante la década de 1970.
La democracia naciente decidió así enfrentar la violencia política en todas sus dimensiones, pero estableciendo una diferencia fundamental: el terrorismo de Estado es cualitativamente distinto, porque proviene del propio aparato estatal que debía proteger los derechos de los ciudadanos.
Durante el juicio declararon centenares de testigos y se incorporaron documentos provenientes de distintos países. El tribunal logró reconstruir el funcionamiento de un sistema clandestino de secuestros, centros de detención, torturas y desapariciones. La sentencia estableció con claridad que no se trataba de excesos aislados, sino de un plan sistemático de represión ilegal organizado desde el Estado.
En esa reconstrucción resultó fundamental el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que en 1984 presentó el informe Nunca Más. Allí se documentaron 8.961 desapariciones forzadas, aclarando expresamente que el número quedaba abierto a ampliaciones por el carácter clandestino del sistema represivo.
Con el paso del tiempo algunos sectores intentaron reabrir el debate cuestionando el número simbólico de 30.000 desaparecidos, como si el horror pudiera reducirse a una discusión aritmética. Pero el problema nunca fue cuantitativo, el problema es moral.
La filósofa Hannah Arendt explicó, al analizar los crímenes del totalitarismo y el juicio a Adolf Eichmann, que cuando el aparato estatal se transforma en una maquinaria de desaparición, tortura y exterminio nos enfrentamos a lo que algunos pensadores han llamado el mal absoluto. En esas circunstancias, discutir cifras no modifica la naturaleza del crimen.
Ese concepto fue trabajado en la Argentina por el filósofo Carlos Santiago Nino, uno de los pensadores más influyentes del derecho contemporáneo en nuestro país. Junto con juristas como Jaime Malamud-Goti integró el equipo que asesoró al presidente Alfonsín en la difícil tarea de diseñar una respuesta ética, jurídica y política frente al terrorismo de Estado.
La decisión de juzgar a las Juntas no fue sencilla. La democracia argentina recién nacía, las Fuerzas Armadas todavía conservaban una fuerte presencia institucional y muchos temían que cualquier intento de juzgamiento pusiera en riesgo la transición. Sin embargo, Alfonsín comprendió algo esencial: una democracia fundada sobre la impunidad sería una democracia frágil.
Por eso tomó la decisión histórica de someter a la justicia a quienes habían ejercido el poder de facto. Fue una obra política y moral enorme, una tarea casi ciclópea para una democracia que debía juzgar el pasado sin poner en riesgo su propio futuro.
De ese proceso surgió uno de los consensos más profundos de nuestra vida democrática: el Nunca Más. Pero el Nunca Más no significa que el Estado deba renunciar a defender a la sociedad frente al delito o la violencia política. Significa algo mucho más exigente: que la defensa del orden democrático debe ser siempre legal, pública y transparente, nunca clandestina y nunca fuera de la ley.
Por eso me resulta llamativo cuando algunos sectores vuelven a hablar de “memoria completa” o “justicia completa”. El Juicio a las Juntas fue, en realidad, la forma más completa de justicia que pudo construir la democracia argentina en aquel momento histórico. Allí se investigaron los hechos, se establecieron responsabilidades y se fijaron límites éticos al poder del Estado.
La verdadera pregunta entonces ya no pertenece al pasado, sino al futuro. Porque relativizar el terrorismo de Estado o intentar equiparar responsabilidades que no son equivalentes puede abrir la puerta a justificar nuevamente métodos ilegales frente a eventuales crisis o violencias futuras.
La literatura universal ofrece una imagen poderosa para comprender ese límite. En La Divina Comedia, Dante Alighieri ubicó a los tiranos y a quienes ejercían violencia desde el poder en uno de los círculos más oscuros del infierno. No los condenaba sólo por matar, sino por haber corrompido el poder que debía proteger a los hombres.
La metáfora es profundamente política. Cuando el poder estatal se transforma en violencia clandestina deja de ser autoridad legítima y se convierte en tiranía.
El Juicio a las Juntas fijó para siempre ese límite en la Argentina democrática. Por eso, cincuenta años después del golpe de Estado, creo que la verdadera memoria completa ya fue escrita por la justicia y por la sociedad argentina.
Y esa historia tiene una consigna que sigue siendo el fundamento moral de nuestra democracia: Nunca Más.
*Senador Provincial UCR
